Destituyen a ocho funcionarios de Miniterior y Fonade

La Procuraduría General de la Nación sancionó a los miembros del Comité Operativo creado entre Fonade y el Ministerio del Interior y Justicia para la construcción de diez cárceles nacionales (ERON, Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional), por las irregularidades presentadas en el convenio numerado como 150 (195073).
Tres funcionarios públicos que integraban el citado comité fueron sancionados con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos (durante once o trece años) y con multa e inhabilidad para ejercer funciones públicas. Dentro de la determinación disciplinaria también se destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos al supervisor del citado convenio.
Según el Ministerio Público, los funcionarios del Fonade y del Ministerio del Interior y Justicia no cumplieron con la máxima diligencia y eficiencia de las funciones asignadas, según las cuales debían reducir los niveles de hacinamiento de la población reclusa en el país.
Se trataba de la construcción y dotación de infraestructura penitenciaria y carcelaria en Medellín, Puerto Triunfo, Jamundí, Acacías, Ibagué, Florencia, Guaduas, La Picota (Bogotá), Yopal y Cúcuta.
Para el órgano de control, “el comité no garantizó que los trámites que demandaban los proyectos se adelantaran con austeridad de tiempo, medios y gastos y se evitaran las dilaciones y los retardos que se presentaron en la construcción. Igualmente, no aseguró el cumplimiento del objetivo contratado, esto es la construcción de los establecimientos de reclusión del orden nacional en el país”.
La falta disciplinaria fue calificada como gravísima, a título de culpa gravísima por desatención elemental, con el argumento de que “si bien es cierto la ejecución de las obras objeto del Convenio 150 de 2005, durante los años 2007 y 2008 tuvieron la fase más álgida y crítica, estas circunstancias no eximen a los miembros del comité operativo de responsabilidad”.
Los afectados son: Gerardo Antonio Zúñiga Sánchez, secretario general del Ministerio del Interior y Justicia entre 2006 y 2008, destituido e inhabilitado por 13 años; Ricardo Enrique Zerrate Sánchez, director técnico de la planta global de la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior y Justicia entre 2007 y 2009, sancionado por 11 años. Asimismo fue sancionado Alberto Cardona Botero, subgerente técnico vinculado al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo de Fonade, destituido por 11 años.
Entre los inhabilitados también se encuentra Jaime Eduardo Botero Gómez, gerente del Convenio 195073 ó 150 de 2005, vinculado al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, cuya sanción para ejercer funciones públicas es por 11 años.
El último de los afectados es Luis Fernando Cataño Ruiz, funcionario del Ministerio del Interior y Justicia, quien recibió destitución e inhabilidad general por 11 años.