La Fiscalía General de la Nación habría declarado nulo el proceso que se adelanta contra la ex senadora vallecaucana Dilian Francisca Toro por el presunto delito de lavado de activos.
La decisión se habría tomado luego de que la defensa de la ex congresista no pudiera interrogar a un testigo que la inculpó en el delito de lavado de activos, según informaron varios medios de comunicación la noche del martes.
Su caso es el resultado de un proceso de cerca de cinco años de recolección de pruebas y testimonios por parte de la Corte Suprema de Justicia, que era su juez natural, y pasó a la Fiscalía a comienzos de este año al renunciar al Congreso.
Fue con base a ello que el 24 de julio del año pasado la Sala Penal de este tribunal le dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación, porque a través de Ceiba Verde se habrían adquirido tres fincas que presuntamente pertenecieron o estaban relacionadas con reconocidos narcotraficantes o sus familiares.
Entre ellas la hacienda San Miguel, situada en el corregimiento de Tienda Nueva, en Palmira, que de acuerdo con las investigaciones tendría una trayectoria de propiedad de confesos narcotraficantes como Phanor Arizabaleta y que luego pasaría a Ignacio Álvarez Meyendorff, investigado por narcotráfico y detenido en Argentina, y luego pasó a una empresa de Víctor Patiño Fómeque y algunos de sus familiares.
Lo propio, según las investigaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ocurriría con las fincas Basilar, ubicada en el municipio de Bolívar, Valle, que fue adquirida en junio del 2007, y que los documentos en poder del alto tribunal señalan que se trataba de predios asociados a las organizaciones de Hans Barney Salazar, Jaime Alberto Mejía y Carlos Arturo Patiño, alias “Patemuro”, todos vinculados a actividades de narcotráfico.
La tercera propiedad, y por la cual la Fiscalía trata de establecer si la compra de los bienes tenían como objeto lavar dinero del narcotráfico, es la finca La Milagrosa, que según la Corte, fue de Phanor Arizabaleta y luego pasó a manos de Iván Urdinola; de Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, y luego a Wilber Varela, alias Jabón, mediante sociedades fachadas.
Igualmente, la exsenadora Toro deberá explicar la procedencia de los dineros con los cuales adquirió estos bienes, entre 2005 y 2007, toda vez que sus ingresos no le permitían realizar estas compras, según los investigadores. La dirigente política ha insistido en que las fincas se compraron con créditos bancarios para lo cual aportó las pruebas.
Toro permanece privada de su libertada en el Centro de Estudios Superiores de la Policía.
Política
Dilian Francisca Toro quedaría en libertad en las próximas horas
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