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El Congreso tiene muchos proyectos en muy pocas comisiones

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Esta semana el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sorprendió con el anuncio de que en los próximos días sus ministros radicarán ante el Congreso un nuevo paquete de proyectos de ley, que considera claves para seguir adelante con el desarrollo de su gobierno.

Son doce proyectos que se suman a la amplia lista de leyes y reformas constitucionales que están en trámite, que vienen de la legislatura pasada y están próximas a salir del Congreso.

Ese panorama lo complicó más la eventualidad que surgió cuando la Corte Constitucional tumbó el decreto que justificaba la segunda emergencia económica, social y ambiental convocada para hacer frente a la crisis invernal. Porque el Gobierno quedó obligado a llevar al Congreso más proyectos de ley para recomponer esas medidas, que ya se estaban ejecutando en beneficio de los más de dos millones de damnificados.

En ese marco de circunstancias, el escenario en el Congreso de la República no parece el mejor para el Ejecutivo, pese a que éste tiene las mayorías representadas en la Mesa de Unidad Nacional y una muy débil oposición, encabezada por el Polo Democrático, que incluso ha acompañado algunos de los proyectos del Gobierno.

La razón es la sobrecarga de trabajo que tienen las comisiones de asuntos políticos y constitucionales (las primeras, en Senado y Cámara) y las económicas (terceras y cuartas), por cuanto es en esos recintos donde ya se está tramitando la mayor cantidad de proyectos y también son las que recibirán las nuevas iniciativas.

CAMBIO EN FUNCIONES

Esta situación ha generado en distintos sectores parlamentarios la sensación de que se necesita un cambio en el reglamento interno, para rediseñar las funciones de las comisiones constitucionales.

Una propuesta en tal sentido la planteó esta semana el presidente del Senado, Armando Benedetti, quien dijo que radicará un proyecto de ley para determinar que la asignación de los proyectos en las comisiones se haga de acuerdo al tema del que trate el mismo y no como actualmente sucede, es decir dependiendo de las funciones de la comisión respectiva.

“Que los tramiten y los aprueben los que saben del tema”, explica Benedetti, quien asegura que no se trata de cambiar la Constitución Nacional ni las funciones de las comisiones.

Pese a esa aclaración la propuesta empezó a levantar ‘ampolla’ entre distintos colegas de Benedetti. El primero en expresar su rechazo a esa propuesta fue el presidente de la Comisión I del Senado, Eduardo Enríquez Maya, quien sostuvo que esa célula, como su homóloga de la Cámara de Representantes, está en la capacidad de tramitar todo el cúmulo de proyectos, tanto las leyes ordinarias como las reformas constitucionales.

En opinión de Enríquez, lo importante es programar bien el trámite de las normas, para que se pueda cumplir al cierre del período legislativo con la aprobación de todas las iniciativas del Gobierno y las de origen parlamentario.

El también senador y miembro de esa misma comisión Juan Carlos Vélez Uribe estimó que la propuesta de Benedetti no es entendible, porque el reglamento es claro que se debe respetar la asignación de funciones a cada comisión, sin importar que en muchas ocasiones las principales leyes deban pasar por la primera.

Incluso, sostuvo que la idea responde a un deseo de protagonismo de Benedetti, “como está en la Comisión II y son pocas las leyes importantes que se tramitan allí, ahora si quiere que se reforme el reglamento”.

LO QUE ESTÁ EN TRÁMITE

Los principales proyectos que se discuten en este momento en las Comisiones I de Senado y Cámara son la reforma al sistema de las regalías, el fin de la Comisión Nacional de Televisión, el que busca establecer la llamada regla fiscal y el que prohíbe que los congresistas se puedan declarar inhabilitados para votar alguna ley o reforma.

Además, estos grupos de trabajo legislativo tienen en discusión la más importante para el Gobierno, la Ley de Víctimas (en este momento en el Senado) con la cual se busca resarcir a más de cuatro millones de personas que desde el año 1985 han sido afectadas por los grupos armados ilegales o por acciones del conflicto.

La Comisión I de Cámara está aprobando por estos días el proyecto que actualiza el código de convivencia ciudadana y el Código de Policía, en los cuales el Gobierno espera actualizar normas y ampliar las condenas posibles contra menores de edad.

En las comisiones III y IV la prioridad desde esta semana se llama la adición presupuestal de 5,7 billones de pesos que pidió el Gobierno Nacional para atender la emergencia invernal, luego de que se cayeron los decretos de emergencia en la Corte Constitucional. Este proyecto será discutido de manera conjunta entre Senado y Cámara y se aspira a que esta semana pueda ser votado, para que, a más tardar, en la semana de Pascua pueda ser votado en las plenarias y luego seguir a sanción presidencial.

LO QUE VIENE

El presidente Juan Manuel Santos anunció esta semana que se llevará al Congreso el proyecto de ley de reforma al régimen departamental, que tiene como fin dotar a los departamentos de un régimen político y administrativo que sea útil para su gestión, que los fortalezca y que impulse una descentralización efectiva.

Otro proyecto es la reforma del régimen municipal, que tiene como fin evitar el desorden en la conformación política del territorio nacional. “También endurece los requisitos para crear nuevos municipios, de manera que se tenga en cuenta su viabilidad fiscal e impacto político en la gobernabilidad territorial”, según explicó el presidente Santos.

Una ley más que se tramitará es la de derechos de autor, que amplía la tipificación del delito de violación a los derechos patrimoniales de autor.

Este viernes 1 de abril ya se radicó el proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Voluntariado, que busca articular los esfuerzos de la Defensa Civil, la Cruz Roja y los Bomberos, como también la ley que reformará el sistema nacional de bomberos.

En la Comisión I de la Cámara ya está en proceso de asignación de ponentes el proyecto de ley del Código General del Proceso, que contribuirá a corregir ese cuello de botella judicial y aplicará para procesos civiles, comerciales, agrarios y de familia.

Otros proyectos que llevará en abril el Gobierno al Congreso son el Estatuto de registro de instrumentos públicos, la reforma a la ley de jueces de paz, el que actualiza el Código Penitenciario y Carcelario y el Estatuto Arbitral Nacional e Internacional.

Adicionalmente, en la Comisión Primera de la Cámara se tramitará la llamada ley de inteligencia y contrainteligencia, la cual propone –según el presidente Santos- ‘limpiar’ las bases de datos de inteligencia, para excluir a cualquier ciudadano que esté allí por la simple razón de su pertenencia a un sindicato, a una organización de derechos humanos o a un partido político.

 

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