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El Estado enfrenta demandas por más de mil billones de pesos

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El presidente Juan Manuel Santos presentó la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, que buscará reducir la cifra de 260 mil procesos que existen contra la Nación y que representan 1.028 billones de pesos, casi dos veces el Producto Interno Bruto de Colombia.

“Hoy por hoy el Estado enfrenta pretensiones ante instancias judiciales en más de 260 mil procesos, por más de 1.028 billones de pesos, es tan grande que resulta difícil imaginársela”, aseguró el mandatario.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha calculado que el monto que deberá asumir el Estado, ante una eventual condena sancionatoria, es de 431 billones de pesos.

Santos aclaró que ese cálculo, incluye un viejo proceso contra el Ministerio de Agricultura, cuya reclamación supera los 594 billones, este caso se encuentra actualmente en segunda instancia ante el Consejo de Estado, luego de que la Nación saliera “bien librada” en la sentencia de primera instancia (ver recuadro).

Según el Presidente, desde el año 2000 hasta el 2011 se han pagado 3,6 billones de pesos como indemnización a particulares.

NO HAY UNA POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA

El mandatario reconoció que el Estado no tiene buenas políticas de defensa jurídica y afirmó que una encuesta realizada por las oficinas de asesoría jurídica reveló que solo “una tercera parte de las entidades nacionales tienen políticas integrales de defensa documentadas, lo que hace latente la necesidad de tener un ente de la gestión jurídica del Estado”.

Según LITIGOB, sistema actual de información sobre litigios que es administrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, a julio de 2011 se contaba con 2.699 abogados y en promedio cada uno de ellos lleva 56 casos. Sin embargo, hay entidades donde la carga laboral por abogado sobrepasa los 300 casos, como en la Policía Nacional y en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

El Seguro Social tiene vigentes más de 68 mil procesos, que maneja con 236 apoderados, para una carga promedio de 211 procesos por abogado. La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa tiene cargas laborales por abogados muy elevadas.

SOBRE LA AGENCIA

La Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado no acogerá la totalidad de los casos adelantados contra las 228 entidades del Estado, sino que escogerá los de mayor importancia y los adelantados por organismos. “El objetivo de la agencia es lograr un orden cohesionado en la representación jurídica del Estado ante instancias nacionales e internacionales”, explicó Santos.

Agregó que se busca unificar las políticas de defensa y de información, “también coordinar y ejecutar la defensa del Estado en casos de interés estratégico y mejorando nuestro desempeño en los estrados judiciales”.

Para la estructuración de la Agencia, por más de un año el Gobierno Nacional trabajó junto al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, “que nos dio un crédito de 10 millones de dólares para la puesta en marcha de la Agencia y con un equipo interdisciplinario, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho”, relató Santos.

La entidad estará encabezada por un consejo directivo, integrado por los ministros de Justicia, Hacienda, Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, el secretario Jurídico de Presidencia y dos asesores externos.

EL PLEITO DE LOS 594 BILLONES

El caso, revelado ayer por Colprensa y confirmado hoy por el presidente Santos, viene de 2003. Los demandantes son Enrique Durango Valero, Enrique Durango Sanín, Luz Helena Durango Sanín Viuda de Páez y Gloria Durango Sanín de Múnera, quienes reclaman tal indemnización ante el Incora, entidad que está en liquidación.

Los reclamantes aducen que la entidad les causó daños y perjuicios materiales por las acciones que adelantó sobre un terreno de Venecia, municipio del oriente antioqueño, cuya extensión es de 1.926 kilómetros cuadrados, y en el cual hay yacimientos carboníferos.

En fallo de primera instancia, proferido el 25 de marzo de 2009 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se negaron esas pretensiones, por considerar que los demandantes no probaron la posesión inscrita en el Registro de Instrumentos Públicos, ni demostraron la explotación económica de las tierras. La apelación de los abogados fue admitida en agosto 14 de 2009. Ese mismo año, en octubre, el Ministerio de Agricultura presentó los alegatos de conclusión ante el Consejo de Estado solicitando confirmar el fallo de primera instancia. El tribunal tiene la última palabra.

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