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El próximo martes se decidirá si Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado van a la cárcel

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Por considerar que se necesita un “tiempo  prudencial” para analizar los elementos probatorios que presentó la Fiscal General de la  Nación en el caso de los seguimientos e chuzadas (interceptaciones ilegales), el abogado Jaime  Granados, defensor del exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno, le solicitó  al magistrado del Tribunal Superior, Luis Fernando Ramírez, que aplazara la audiencia.

     Esta solicitud fue considerada por el magistrado como un  “mal ejemplo a la comunidad  judicial” del país y la catalogó como “exagerada”, pues el jurista pidió un lapso de ocho  días hábiles para que los abogados pudieran preparar su defensa.

     El abogado Granados también recibió cuestionamientos de los defensores de las víctimas  de los seguimientos e interceptaciones ilegales perpetuadas desde el DAS en contra de  magistrados, periodistas y políticos de oposición.

     Tras los incidentes, el magistrado que preside la audiencia consideró que con el fin de  salvaguardar el derecho al debido proceso y a la defensa, concedía un aplazamiento, pero  sólo hasta el próximo martes 24 de mayo, día en el que se espera conocer si los dos  exfuncionarios son cobijados con medida de aseguramiento.

     Los regaños del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Luis Fernando Ramírez,  también alcanzaron a la fiscal general, Vivianne Morales, por no argumentar  jurídicamente las razones del por qué el exsecretario General de Presidencia, Bernardo  Moreno y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, deberían ser cobijados con  medida de aseguramiento.

     Según el magistrado, la Fiscal General se dedicó a presentar material probatorio “que no  venían al caso” en esa instancia judicial y no argumentó las verdaderas razones que  señala la ley para ordenar medida de aseguramiento.

     “Es un mal ejemplo para la jurisprudencia colombiana la argumentación que usted me  acaba de presentar”, manifestó Ramírez,

     ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

     Jaime Granados, abogado del exfuncionario de Presidencia aseguró que su cliente  compareció ante la administración de justicia, “demostrando su respeto con las  autoridades competentes y se declaró a la espera de que en la audiencia del próximo  martes se le respeten las garantías procesales”.

     En la audiencia pública, la fiscal general, Viviane Morales le imputó los cargos de  concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función  pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público a la  exdirectora del DAS.   En el caso del exsecretario general de Presidencia del gobierno de Álvaro Uribe, Bernardo  Moreno, el ente acusador le imputó cargos por tres delitos: concierto para delinquir  agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Moreno no se  allanó a los cargos imputados por la Fiscalía.

     Para la Fiscal General “hay evidencia de que hubo un acuerdo de voluntades de una  organización criminal a través de las reuniones de Bernardo Moreno y María del Pilar  Hurtado para ordenar seguimientos e interceptaciones ilegales y ordenar otras  actividades ilícitas”.

     Morales indicó que tiene registros de la entrega de información de seguimiento al  despacho de Moreno Villegas por parte de la exdirectora del DAS, que puso a trabajar a  un gran número de personas del organismo de inteligencia para cumplir con esta labor.  Además de utilizar dinero de gastos reservados para pagarles a “falsos testigos” con el fin  de desprestigiar a las “objetos políticos”, como lo fue el caso de la excongresista Yidis  Medina, quien fue relacionada con guerrillas en Santander.  

 ‘CHUZADAS’ SON CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

     El abogado Luis Guillermo Pérez, defensor de la exsenadora Piedad Córdoba, dijo que los  delitos que les imputen a María de Pilar Hurtado exdirectora del DAS, y Bernardo Moreno  exsecretario general de presidencia, se debe elevar a la categoría de delito de lesa  humanidad, debido a que hubo una tortura sicológica y una persecución sistemática en  contra de su cliente y de las demás víctimas de las ‘chuzadas’.  “Está demostrado que se realizaron campañas de difamación, que se amenazó de muerte  a muchas personas; ello conllevó a la tortura sicológica de los magistrados de la Corte  Suprema de Justicia que hoy gozan de medidas cautelares ante la OEA y su círculo  familiar, lo mismo en relación con los periodistas, los defensores de derechos humanos o  con políticos de posición como Piedad Córdoba”, explicó el abogado.  Pérez también manifestó que le pedirá a la Fiscalía y al tribunal superior de Bogotá que le  pidan al gobierno a través de las vías diplomáticas la extradición de María del Pilar  Hurtado.  “Él como jefe de Estado, tiene la obligación de exigirle al presidente Martinelli que revoque  el asilo que se le otorgó a María del Pilar Hurtado y que se cumpla con la orden  internacional de extradición que ella va a tener”, explicó el jurista, quien agregó que de  no hacerse efectiva esta solicitud, el presidente Santos está en el obligación de demandar  al estado panameño frente al comité de derechos civiles y políticos.  Por último Pérez y los demás abogados de las víctimas manifestaron en este caso que a  Bernardo Moreno y eventualmente María del Pilar Hurtado, se les prive de la libertad en  un establecimiento de máxima seguridad y de una vez quede firme la medida de  aseguramiento en su contra.

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