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El sueño del Estado de Derecho

La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía cobraron vida con la Carta de 1991. En la actualidad se discute sobre los beneficios, las falencias y las dificultades de cada una de estas instituciones.

Los expertos en el tema consideran que la Corte Constitucional ha jugado un papel muy importante en el control de la constitucionalidad, que antes correspondía a una sala de la Corte Suprema de Justicia.

Ese control ha ganado independencia y ha creado un órgano que juega un rol protagónico en la acción de tutela, lo que ha contribuido a garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos colombianos y hasta de los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional.

El abogado Hernán Alejandro Olano García, director del grupo de investigación en derecho constitucional de la Universidad de la Sabana, calificó a la Corte Constitucional como la garantía básica del Estado de Derecho.

“Asegura que efectivamente los poderes públicos sujeten sus actos a las normas, valores y principios constitucionales, de modo que cada una de las funciones estatales sea el correcto y legítimo ejercicio de una función constitucional”, explicó.

El exministro de Defensa Juan Carlos Esguerra, quien integró la Constituyente, indicó que el gran beneficio de la Corte Constitucional fue el de haberse erigido en el principal impulsor y desarrollador de la Constitución del 91.

“El hacer realidad lo fundamental de la Constitución, el mérito ha sido de la Corte Constitucional”, aseguró. Entre las falencias mencionó que “tal vez ha habido excesos y desbordamientos en el cumplimiento de sus funciones”.

Los analistas coinciden en otras dos falencias fundamentales: el proceso de selección no ha sido siempre el mejor. En algunos casos muy politizado y consecuentemente la corrupción.

Consejo de la Judicatura

En el caso del Consejo superior de la Judicatura, que se creó pensando en un órgano rector encargado de dirigir toda la administración de Justicia, los analistas y juristas defienden la idea original, como una iniciativa buena.

El exministro Esguerra dijo que el Consejo impulsó la autonomía en la administración de los recursos en la rama jurisdiccional. No obstante, criticó que haya transitado en campos ajenos como el de la acción de tutela y agregó que el organismo está en deuda con el país en su tarea de ser “el juez de los jueces y de los abogados”.

Olano García explicó que se pretendió concebir al Consejo como una empresa, su carácter administrativo, que tantas críticas ha generado, tenía como propósito modernizar las instituciones de apoyo al sistema judicial y concederle a la carrera administrativa de la rama judicial, no sólo independencia, sino un vigor suficiente para ser la base de la capacidad nominadora que finalmente se le atribuyó.

Entre las falencias, los consultados por este diario, también resaltaron que esta institución ha sufrido de los embates de la política y ha terminado altamente politizada, lo que ha impedido que cumpla a cabalidad sus funciones.

Fiscalía General de la Nación

El expresidente Laureano Gómez fue quien impulsó la idea de tener un aparato que se encargara de investigar, perseguir y acusar a los habitantes del país que infringieran la ley penal.

Su idea no tuvo eco, aunque Álvaro Gómez Hurtado, su hijo, la propuso en 1979 ante el Congreso, pero la Corte Suprema de Justicia la declaró inexequible. Luego, al gobierno de Virgilio Barco se le habló de la misma intención y fue el entonces Presidente quien la desechó.

Finalmente vino el cambio con la Asamblea Nacional Constituyente, y Gómez Hurtado sacó su as bajo la manga y esta vez sí hubo una total sintonía para reemplazar a los antiguos e ineficientes tribunales de instrucción penal criminal, por una Fiscalía General de la Nación.

“La creación de la Fiscalía era un viejo anhelo de los colombianos. Y en estos 20 años ha tenido un papel protagónico. Ha sido transformada varias veces, pero su cambio fundamental ocurre cuando entra a operar el Sistema Penal Acusatorio”, explicó el penalista Jaime Granados Peña.

Sin embargo, Granados Peña apuntó que hoy en día es necesario que la Fiscalía dependa del Ejecutivo, que es el que determina la política criminal y le asigna el presupuesto a este ente judicial.

El exfiscal Alfonso Gómez Méndez, por su parte, resaltó la creación de esta entidad, ya que “se pudo centralizar la investigación criminal bajo la tutela de un Fiscal General, con recursos, con un cuerpo técnico de investigación y se logró centralizar la policía judicial del país”.

Aseguró que, “de otra manera, no se habría podido desmantelar los carteles de la droga, investigar el proceso 8.000 y los procesos penales que ahora se están realizando”.

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