Elecciones atípicas, un desangre a cuentagotas

¿Por qué se están dando elecciones atípicas en el país? ¿No sirvió la publicitada reforma política en la que se les pedía a los partidos revisar las hojas de vida de los candidatos? En definitiva, ¿qué pasó?.
En los últimos nueve años la Registraduría ha hecho 361 elecciones atípicas, de las cuales 33 se han repetido por destitución de los mandatarios. El año pasado, solo se programó una elección atípica y fue la de Bello, cuando el voto en blanco resultó ganador.
En los últimos cinco meses, los colombianos han ido a las urnas en seis ocasiones para participar en elecciones atípicas de alcaldes, concejales y juntas administradoras locales. De estas, tres se han hecho en Antioquia y viene una cuarta: la de Yarumal.
Esos procesos le han costado al Estado 845 millones de pesos. Para la Registraduría, los costos de los comicios se cuentan por mesas. Por ejemplo, en Cáceres (Antioquia) se ubicaron 57 mesas de votación y cada una de ellas le costó al Estado un millón 500 mil pesos. Es decir, que el candidato destituido de Cáceres, Benito Antonio Pacheco, le costó a las arcas 85 millones de pesos, con los que se pudo haber financiado, por decir algo, la construcción de una guardería.
En el caso del alcalde de Yarumal, Rodrigo Albeiro Jaramillo , quien fue destituido en segunda instancia por la Procuraduría por irregularidades en la contratación durante su periodo como alcalde entre 2004 y 2007, se presentó a las elecciones con el aval liberal teniendo en su hoja de vida un fallo en primera instancia.
Para las elecciones de octubre, en las que Jaramillo se convirtió en alcalde, la Registraduría dispuso 86 mesas de votación, es decir, gastó 129 millones de pesos en unos comicios que tendrán que repetirse.
Desgaste económico
Tras los pitos y trompetas con las que el Ministerio del Interior anunció la reforma política en junio del año pasado, los analistas vieron en ella la oportunidad para que los partidos revisaran el pasado de sus candidatos con lupa. Sin embargo, la bulla de la reforma se esfumó y hoy Antioquia tiene dos alcaldes elegidos en octubre, destituidos por la Procuraduría.
Para el excongresista Carlos Arturo Piedrahíta nada tiene qué ver la reforma con estas destituciones, pero advirtió que esto amerita un jalón de orejas para los partidos.
"La norma solo habla de los candidatos que hayan sido condenados o destituidos a la fecha de inscripción. No de aquellos que tengan investigaciones disciplinarias. Sin embargo, los partidos gozan del principio “verdad sabida, buena fe guardada”, que quiere decir que si tienen conocimiento de algo, lo pueden aplicar", dijo.
Agregó que hay que insistir en "que los partidos sean más celosos con los avales".
Dice Registrador
Carlos Ariel Sánchez, registrador nacional, en su más reciente editorial de la revista Nuestra Huella, dijo que es "oportuno reflexionar sobre la responsabilidad económica de candidatos y de partidos en la realización de las elecciones atípica originadas en la destitución por faltas penales, disciplinarias o administrativas".
Los dos alcaldes destituidos en Antioquia, Cáceres y Yarumal, fueron avalados por el Partido Liberal. Para el senador Eugenio Prieto, codirector del Partido en Antioquia, se trata de una coincidencia, de la que se espera no tenga repercusiones.
"El Partido tuvo todos los controles para entregar los avales. En el caso de Cáceres insistí en revisar ese aval". En muchos casos, explicó Prieto, es difícil tomar posiciones que pueden resultar molestas para la colectividad y los candidatos, pero que son necesarias para que luego no se presenten dificultades.
Voceros de la Misión de Observación Electoral (MOE) indicaron que durante toda la campaña se alertó a los partidos para que revisaran las hojas de vida de los candidatos. "Queda la sensación de que los partidos tienen bastante responsabilidad. Desde algunas partes del país se está insinuando que los elegidos destituidos devuelvan la plata de la reposición de votos", dijo el vocero.
Por último, para la MOE hay otro asunto preocupante y es la abstención que en las elecciones atípicas se da, lo que "hace que el candidato que gane la alcaldía lo haga con muy poca representatividad". Entretanto, Jorge Giraldo, decano de Ciencias Políticas de Eafit, advirtió que las sanciones a los alcaldes son una constante desde que se estableció su elección popular y que por lo menos en los 90, muchas de estas se atribuyeron a desconocimiento en el manejo de lo público.
"La descentralización tuvo efectos perversos porque partía de supuestos ideales que en las regiones no se cumplían, entre otras, porque el poder local cayó en manos de grupos de interés en muchos casos ilegales", explicó.