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Elecciones en el Valle se deben realizar: Registraduría

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Aunque algunos sectores califican como un “despilfarro” invertir 15.000 millones de pesos a 9 meses para las elecciones de alcaldes y gobernadores en todo el país, la Registraduría manifestó que se debe cumplir con la Ley.

Según el artículo 1 del Acto Legislativo 02 de 2002, que modificó el artículo 303 de la Constitución Política de Colombia, “siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá un gobernador para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la República designará un gobernador para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido”.

Pero en mayo pasado, a 18 meses exactos para las elecciones nacionales, el destituido gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, apeló la decisión de la Procuraduría e instauró una acción de tutela y que lo regresó al cargo de manera provisional. Sólo hasta julio, tres meses después, fue ratificado el fallo del Ministerio Público y el ex mandatario debió abandonar el cargo del todo.

El 28 de septiembre de 2010, el Gobierno expidió el decreto 3565 y convocó a elecciones para este domingo 23 de enero, atendiendo un concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y el concepto de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, el Estado de Emergencia por el invierno, impide la relación de las mismas para esta fecha.

El abogado y ex procurador Jaime Bernal Cuellar consideró que “hay normas que deben cumplirse y por lo tanto no puede pensarse que los recursos se detengan para otros aspectos, así sean de suma importancia como es el problema de las inundaciones”.

Cuellar agregó que “aquí está de por medio la necesidad de nombrar a una persona conforme la Ley, por lo tanto, tienen que hacerse las elecciones correspondientes”.



LAS ANTIGUAS ELECCIONES

Desde 1999 a 2010 se han organizado 613 elecciones atípicas, de las cuales sólo 52 se realizaron en los últimos 3 años. El descenso en la cantidad se debe al efecto de la reforma política de 2003, la cual señaló que los períodos son institucionales y no personales.

Anteriormente, un periodo personal significaba que ante cualquier vacancia definitiva de alcalde o gobernador, el respectivo municipio o departamento quedaba por fuera del calendario electoral ordinario, ya que sólo podía convocarse a nuevas elecciones cuando el mandatario elegido culminara su período personal.

Por eso el concepto de elecciones institucionales terminó con la avalancha de elecciones atípicas que se celebraron a finales de la década de los 90 y hasta 2002, y que generó un enorme desgaste administrativo.

Desde el punto de vista de la Registraduría, es preferible que un alcalde o gobernador sea elegido por un corto periodo de tiempo a que se genere una discontinuidad en las elecciones de ese cargo, ya que esto implicaría mayores costos en la realización de las elecciones.

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