En ‘carrusel de notarías’ el reproche es ético, no penal: Corte Suprema

Un reproche ético más no penal es el que se puede hacer del llamado ‘carrusel de notarías’. Esa es una de las conclusiones principales que realizó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a la hora de archivar una investigación en contra de 16 congresistas por el supuesto nombramiento de personas allegadas a estos como compensación por el voto favorable de la reforma que permitiría la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
El auto de 70 páginas en el que la Sala Penal archivó la investigación preliminar y que fue conocido por Colprensa, señala que no existió un “contexto delictivo” en esa práctica burocrática que rodeaba para 2005 y 2006 el nombramiento de estos servidores públicos.
Según la providencia, era normal e incluso una atribución legal del Presidente de la República que los nombramientos de notarios de primera categoría fueran realizados, dirigidos o señalados por el mandatario de turno.
Y el argumento de fondo es que así lo permitían los artículos 161 del Decreto 906 de 1970, que fue modificado por el Decreto 2163 de 1970, previa verificación de una serie de requisitos que debía vigilar la Superintendencia de Notariado y Registro.
Con este argumento, la Sala Penal de la Corte estimó que la denuncia que realizó el exsuperintendente de Notariado, Manuel Cuello Baute sobre el presunto “pago” del Gobierno Nacional a los congresistas con al menos 15 notarías y de la existencia de irregularidades o improvisaciones, en realidad obedeció a que él “magnificó situaciones políticas” del momento.
“Lo que se encuentra es que Manuel Guillermo Cuello Baute magnificó situaciones políticas y burocráticas en el nombramiento de servidores públicos en el Gobierno Nacional, discutibles quizá en el plan ético o moral, pero que no trascienden ni encuentran eco en la esfera de protección penal”, señala el documento.
Y agrega: “Por el contrario, el inusitado realce del denunciante de situaciones políticas que conoció por su función de Superintendente, estuvo más bien guiado por acontecimientos personales”.
Así, la Sala Penal en una providencia de la que fue ponente el magistrado Fernando Castro Caballero, no solo señaló que el escándalo que se originó en su momento no tenía peso penal sino que cuestionó las motivaciones de Cuello Baute.
Para esto, la Corte cita el testimonio que rindió el zar anticorrupción de la época Rodrigo Lara Restrepo, quien señaló: “Creo que el doctor Cuello Baute se sintió muy herido después de haber sido judicializado”.
Cabe recordar que Cuello Baute fue condenado a más de ocho años de cárcel por el delito de concusión, por presuntas presiones a notarios de la Costa Atlántica y por exigir un pago con novillos para evitar una investigación disciplinaria.
Ahora bien, la Corte señaló que con esta manifestación no está desconociendo que para la época de la denuncia de Cuello Baute sí se presentaron episodios de corrupción en el seno del Congreso de la República relacionados con el proyecto de reelección, pero señaló que esas actuaciones no se pueden generalizar.
“(…;) Ni tomarse como punto de partida para entender que los nombramientos discrecionales provenientes del Palacio de Nariño llevaban implícitos, todos, un componente de ilícita influencia”, señala el texto.
En este punto, además, la Sala estipuló que solo hasta el 16 de noviembre de 2006 el Consejo Superior de la Carrera Notarial convocó mediante el acuerdo 01 a un concurso público y abierto para el nombramiento de notarios. Según señaló la Corporación, en 2008 empezó la conformación de las listas de elegibles y solo ahí, se empezaron a proveer los cargos de notario por concurso público.
“(…;) No se revela una hipótesis fáctica merecedora de impulso investigativo, en tanto, la recomendación o sugerencia sobre quién ha de ocupar un cargo determinado, o la entrega de una hoja de vida, por sí solo, no reporta infracción a la ley penal”, precisa la providencia.

LOS FAVORECIDOS
La decisión de archivo de la Corte beneficia a los excongresistas Jaime Alejandro Amín Hernández, Hernando Torres Barrera, Flor Gnecco Arregocés, Tony Jozame Amar, José Luis Arcila Córdoba, Luis Fernando Almario Rojas, José Renán Trujillo, Mario Uribe Escobar, William Vélez Mesa y Camilo Hernando Torres Barrera.
También fueron beneficiados los actuales senadores Jorge Hernando Pedraza, Eduardo Enríquez Maya, Carlos Enrique Soto Jaramillo, Plinio Edilberto Olano Becerra, Milton Arlez Rodríguez Sarmiento y Fernando Tamayo Tamayo.