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En la reforma a la justicia ya están las cartas sobre la mesa

Con un extenso debate en el que todas las ramas del poder expresaron sus puntos de vista, este martes arrancó de lleno la discusión en la Comisión Primera del Senado a la reforma a la justicia. Desde ya quedó claro que son muchas las diferencias y que la discusión para encontrar acuerdos será difícil.

El Consejo de Estado, en primer lugar y por intermedio de su presidente Mauricio Fajardo, explicó los alcances del texto de reforma que esa corte radicó en el Congreso hace dos semanas; defendió, entre otros aspectos, la modernización y el no cierre del Consejo Superior de la Judicatura, como lo propone el Gobierno Nacional.

El principal punto que dejó en la discusión el magistrado Fajardo fue el presupuestal. Al respecto señaló que si el objetivo es volver la justicia más eficiente, agilizando los procesos, se requiere que el sector justicia tenga el cinco por ciento del presupuesto nacional general de la Nación.

La propuesta fue rechazada de tajo por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien declaró que pensar en una cifra así es entregar de un año a otro a la justicia la suma de 8,8 billones de pesos. Vargas, indicó que si bien en es una propuesta válida, que incluso se podrá discutir, no se podría cumplir más allá de garantizar que año tras año la justicia tenga un mayor presupuesto.

“NO ES SUFICIENTE, ES UN PRIMER PASO”: MINJUSTICIA

Por su parte el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo al Congreso y a los magistrados que esta reforma no es suficiente para alcanzar a solucionar todos los problemas que se tienen para el acceso a la justicia, pero que es el primer paso importante que se debe lograr para ese cometido. En primer lugar le dijo a las cortes que el gobierno está dispuesto a escuchar y analizar sus propuestas, “estamos más del mismo lado del río y no en puntos opuestos”.

Les dijo que discrepa de que el Consejo de Estado no acepte la tutela contra las providencias judiciales: “No se puede tramitar ante jueces de inferior jerarquía de quien la está analizando por la vía de tutela”.

También les señaló a los magistrados que no ve nada de malo en que los notarios contribuyan a descongestionar la justicia, “los procesos sucesionales se ayudan a solucionar con su labor, nadie se ha rasgado las investiduras por tener esas funciones jurisdiccionales”.

Esguerra sostuvo que se debe cerrar que la puerta a la carrera política que han tenido algunos magistrados con su paso por los tribunales.

LA CORTE SUPREMA Y LA DOBLE INSTANCIA

El presidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, declaró que acompañan plenamente al Consejo de Estado en la petición de que la justicia tenga el 5% del presupuesto nacional para solucionar la crisis, con lo cual no sería necesario dar funciones temporales a otros funcionarios, sino que se contratarían más jueces.

Declaró que no tiene sentido conseguir funcionarios, como notarios, para ayudar a descongestionar los procesos judiciales, porque en su opinión, ellos dependen directamente del Ejecutivo.

Dijo que al aceptar que haya acciones de tutela contra providencia judiciales deja sin ningún valor el trabajo de los jueces “se acaba con la seguridad jurídica, no es capricho, el proceso ordinario es el camino procedente”.

Anunció que la Corte Suprema considera importante apoyar que los congresistas tengan una doble instancia de juzgamiento. “La Corte cree que debe haber doble instancia. No se pretende algún sesgo de impunidad, sino claridad y trasparencia en los procesos que a la Corte Suprema le corresponda adelantar”.

Finalmente, manifestó que la corporación que representa considera procedente que la elección del Fiscal General de la Nación les corresponda a ellos directamente.

A su turno, el presidente del Consejo de la Judicatura se apartó de la propuesta de eliminar ese organismo, tal y como lo propone el Gobierno, o de la reestructuración que plantea el Consejo de Estado. Incluso, Lizcano le dijo a esa corporación judicial, que de aprobar su transformación el Consejo de la Judicatura quedaría convertido en una simple sala de consulta de esa corte.

Finalmente, el coordinador ponente de la ley, senador Jesús Ignacio García, se mostró partidario de incluir en la reforma una norma que prohíba que el procurador general de la Nación pueda adelantar investigaciones a los congresistas, tal y como está haciendo en la actualidad.

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