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Estatuto anticorrupción, 140 herramientas para la lucha contra la corrupción

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Con la aprobación el miércoles del estatuto anticorrupción, el Estado colombiano cuenta con 140 herramientas más para combatir ese flagelo que en el país hace que se pierdan al año, según cifras de 2009, cuatro billones de pesos.

La aprobación de este estatuto implica serias medidas para que fenómenos como los que están presenciándose en el sector salud salud, la Dirección Nacional de Estupefacientes, Fondelibertad, Agro Ingreso Seguro, el carrusel de contratación y otros escándalos más, no vuelvan a ocurrir, o en caso tal sean detectados con anticipación.

Por supuesto, que la ley no implica que la corrupción dejará de existir. Lo que sí hace es emplear mecanismos, que si bien pueden ser polémicos como la implementación de los agentes encubiertos, que servirán para que los corruptos piensen dos veces realizar ese tipo de actos.

Principales aspectos aprobados en el Estatuto anticorrupción

1.Se permite la realización de operaciones encubiertas donde agentes del Estado infiltren organizaciones criminales dedicadas a la corrupción facilitando así las investigaciones.  A su turno, se da la posibilidad de que en los delitos de  cohecho se aplique el principio de oportunidad.

2.Prohíbe a quienes financien campañas políticas a través de actos de corrupción y,  ser contratistas del Estado por un período para el cual haya sido elegido el respectivo candidato en su respectiva circunscripción.

3.Se dota el Presidente de la República de la posibilidad de nombrar directamente a los responsables de las oficinas de control interno en las entidades nacionales para que esos funcionarios cuenten con una mayor eficacia.

4.Se establecen medidas administrativas y penales para proteger los recursos del sector salud. En ese sentido, por ejemplo, se crea un sistema de información para el reporte de eventos sospechosos de corrupción y se establecen tipos penales severos como la estafa sobre recursos del sector salud; la especulación y el agiotaje de medicamentos; la omisión de control en este sector; el peculado por aplicación diferente frente a recursos de la salud, entre otros.

5.Se crean nuevos tipos penales para combatir la corrupción en el sector privado y se endurecen las penas en varios de los delitos contra la administración pública. A su turno, se excluye a quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción de beneficios como la casa por cárcel.

6.Genera un estricto régimen para evitar la "puerta giratoria" entre el sector público y el privado. Esto hará que quien haya desempeñado funciones de dirección, no podrá, una vez deje el cargo, ir a trabajar en el sector en el cual tomó decisiones durante los dos años siguientes.

7.Se establece un procedimiento verbal expedito y ágil para las actuaciones disciplinarias y fiscales de manera tal que se disminuya la impunidad en las mismas.

8.Se da lugar a un régimen contractual que garantice un mejor uso de los recursos estatales mediante figuras como la obligación de que los anticipos de contratos públicos se manejen a través de fiducias; un régimen más severo de multas y sanciones para contratistas incumplidos; la obligación de que los proyectos a contratar cuenten con adecuados estudios previos y un sistema que garantice transparencia en la contratación de mínima cuantía.

9.Se hace de la lucha contra este flagelo una política de Estado mediante la creación de la Comisión Nacional para la Moralización y convierte a la sociedad civil en una aliada mediante la labor de la Comisión Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción.

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