Indicadores económicos
2017-06-28

Dólar (TRM)
$3.025,28
Dólar, Venta
$2.905,00
Dólar, Compra
$2.715,00
Café (Libra)
US$1,44
Euro
$3.411,91
UVR, Ayer
$251,08
UVR, Hoy
$251,16
Petróleo
US$44,24

Estado del tiempo
2017-06-28

marea

Marea min.: -17 cms.

Hora: 10:15

Marea max.: 16 cms.

Hora: 02:44

Dirección viento: Variable

Intensidad viento: 5 a 19 kms/h

Temp. superficial del mar: 27 ºC

oleaje

Cartagena-Islas del Rosario: 0.8 a 1.8 metro(s) de altura

Estado

estado
Mín. 26 ºC
Máx. 32 ºC

Pico y placa
2017-06-28

Hoy no salen los vehículos con placa:

Vehículos Particulares

De lunes a viernes 7 a.m a 7 p.m

1 - 2
Taxis
3 - 4
Motos
1 - 3 - 5 - 7 - 9

"Este Congreso hizo la tarea": Benedetti

En su discurso, Armando Benedetti rememora lo que fue el año de trabajo legislativo que es catalogado como histórico por el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos.

El siguiente es el texto completo del discurso de Armando Benedetti:

Este  discurso  podría  ser  un  inventario.  ¡Para  decir,  por ejemplo,  que  según encuestas  confiables  el  Congreso  obtuvo  una  opinión  favorable   histórica del  60%  de los  colombianos!

Y decir, además,  que  el Senado debatió  y aprobó 281 proyectos de ley  durante  la  legislatura  que  agoniza, 229  de  ellas  con origen  en  el Senado y 52  en la  Cámara  de  Representantes.

Agregar  que  algunas de  esas  leyes  son trascendentales.  La  ley  de  ordenamiento  territorial  por ejemplo:  este  Congreso demoró  20  años  completos  en  desarrollar  los  principios constitucionales  de 1991  sobre  la  materia.

O leyes y actos legislativos como la de  regalías,  que  si los  colombianos  somos  capaces  de implementarla  felizmente,   proporcionaría  durante  los   próximos  diez  años más de 100 billones  de  pesos  destinados   a  mitigar,  tal vez  a  mucho más  que  mitigar, las  terribles, las  inaceptables  desigualdades  que  durante décadas  y décadas  han avergonzado  a  éste país.

O leyes como la de las víctimas,  sin duda  una  ley que,  solo  con   enunciarla, Colombia  recupera  algo  de la  dignidad  internacional  que  una violencia grosera  y  una  indolencia  injustificable  habían  estropeado.  Leyes,   en  fin,   que  como las  de  sostenibilidad fiscal, Anticorrupción, Plan  de  Desarrollo,  Regla  Fiscal,  Seguridad Ciudadana  y Primer Empleo, proclaman  que  este Congreso  hizo  la   tarea. Y  que la  hizo  sin  la  agonía  de los  pupitrazos, sin lastimar el  reglamento,  sin  violentar  los  derechos de las  minorías  parlamentarias  y  sin  indebidas presiones   del  Ejecutivo.

Ese  inventario, ese   que  hago  y evito,   tendría  que  incluir,  e  incluye,  mayor  transparencia  en   contratación, efectivo control  de  asistencia,  control a lobistas en plenaria,  publicación de  bienes  de los  congresistas,  incremento  por encima de los niveles esperados del rating de los noticieros de Senado y Cámara, el aumento  significativo  del  ingreso de  los ciudadanos a la página web y a  las  redes  sociales  del  internet, y el reconocimiento  internacional  del  BID  y  OEA, para   quienes nuestras prácticas  legislativas resultaron ser ejemplo continental.  Y  tal vez podríamos  añadir  algunos  etcéteras adicionales.

Sin falsas  humildades debo proclamar, sin embargo,  que  lo ocurrido  y  lo  evitado  son  apenas un lugar  de  partida.  El  Congreso,  acaso  todos los  Congresos  de  cualquier  lugar  y  durante  todo  el  siglo  anterior  y lo  que  va  de éste,  si  ello  sirve de  consuelo,  tiene  todavía enormes retos, tensiones  y desafíos que afrontar.

Representar  significa ,  según  los  diccionarios, ponerse  en el  lugar  de  alguien, actuar  en lugar  de  éste.  En términos de  democracia o  de lo  que  ella  debería  ser, eso  no sugiere suplantación ni impostura. Pero  en no pocas ocasiones esa es toda  la  representación que  históricamente hemos asumido durante décadas.

El verbo  deliberar  es  uno  que  las  democracias  han olvidado conjugar.  Se  supone que  decidimos, pero  sin  deliberar.  A veces  ni eso, porque las  aprobaciones que aquí se hacen han sido pensadas, procesadas e  impuestas  desde  afuera.  Desde  otras ramas del  poder  público, o  desde  esas  otras inquietantes esferas del poder difuso y ubicuo que amenaza las  sociedades contemporáneas.

Puede  predicarse,  sin  exageraciones  mayores,  que  en la  legislatura última  el  Congreso  volvió  a  deliberar.  Y  lo hizo  en asuntos  tan vitales  como  focalizar la  atención  del Estado frente  a las  catástrofes  de la  violencia,   no en   el  victimario  como fue la  usanza hasta  la  víspera, sino  en la víctima. O en tareas  tan  delicadas  como la  estructura  del Estado  en su ordenamiento territorial.  O la  desigualdad, esa  gran deuda  del país  para  con la  decencia  social   y  la  esperanza democrática.

Y fue esa la oportunidad, la  feliz oportunidad, para  sentir  en el  Congreso  la pluralidad,  el  disenso, el  conflicto intelectual, la  voz  de los  sectores sociales, de los partidos, de las minorías, de las  ideologías.  En  fin, los ruidos de la deliberación. Pero hace falta mucha  más  deliberación.  Y no solo en el Congreso. La  voz  de la  sociedad civil es todavía   inaudible. Como si  sospechara que nuestra sordera  y  la  de  todo  el poder, hicieran inútil esa interlocución.

Un estudio de finales del siglo anterior del investigador y economista Adolfo Meisel muestra que entonces el Producto Interno Bruto de la  Costa  Caribe  era  apenas  el  55.8 %  del PIB  del  resto  del país,  y  el de Sucre era  sólo el 22.5% del de Cundinamarca, “una  disparidad  que  es  comparable a  la  que  hay  entre  Colombia  y  Suiza”.

El Acto Legislativo de Regalías significa entonces,  en  semejante  escenario, una  fractura  y  un  estremecimiento.  Y sobre  todo   una  esperanza  y  una  posibilidad.  ¿Y  quieren  saber qué clase de diálogo produjo esa  novedad?  Apenas  la trasnochada quejumbre  de  un  par  de  funcionarios públicos  para  quienes  toda  solución que  no satisfaga la  caprichosa  impaciencia   por unas entidades territoriales regionales, es un pretexto para dañar la  fiesta, empobrecer el entusiasmo y estorbar los buenos sucesos que  aquellas posibilitan. 

Es una suerte de populismo fácil e irresponsable, como todos los  populismos.  Porque  una cosa no niega la otra. Porque en un país como  éste, cambios bruscos en la estructura del  Estado  son una cosa  que  aconseja cuidado  y  prudencia especiales. Porque  la  creación  de  esas  nuevas y costosas estructuras  administrativas nunca estuvo  planteada como  algo  verosímil   en unidades de tiempo  de ansiedad y  urgencia, y  porque la nueva ley de ordenamiento territorial no niega esas posibilidades sino que establece unos itinerarios reposados, serios, factibles  y  graduales.

La  Costa  Caribe, el  Chocó, Cauca, Nariño,  toda  la  desheredada  zona  de  frontera, la  Amazonía y la  Orinoquia, sus  gobernadores y  alcaldes, y  sobre todo  las  fuerzas sociales,  las  organizaciones no  gubernamentales, las unidades administrativas y de planeación previstas en aquellas  normas, tendrían que  estar preparándose desde  ya  para  viabilizar   y  recibir las oportunidades que ahora  se les  ofrecen.  Es  urgente  el  diseño  de  grandes  y  estratégicos  proyectos  de  inversión  capaces  de  cambiar  el rumbo  y  el  destino de  aquellas  regiones  a  las  que  hemos  dejado  en manos del  mercado, del olvido, de la exclusión, del  desprecio, de la  corrupción, de la indigencia mental y del  centralismo salvaje.  Las  gentes que han sufrido esa catástrofe social no hicieron ese mundo,  fueron arrojadas a él.

Me  gustaría que en la legislatura que hoy  se inicia se buscará una manera de que el Banco de la República, más concretamente su Centro de Estudios Económicos Regionales, evaluará las  posibilidades de  un proyecto de  entidades  territoriales capaz de descentralizar  y  ampliar  la  participación  en las  decisiones  de  planeación, inversión y gasto público, sin  comprometer  la arquitectura del Estado, sin  lesionar  entidades territoriales cuya consolidación demandó tanto tiempo, esfuerzo y contrariedades y  sin  someter  al   tesoro  público  a la  hemorragia  de  nuevas  y costosas burocracias.

Esa interlocución con el país tiene que ir mucho  más  allá  de  una ley  de  ordenamiento territorial y de la reforma constitucional de regalías.  Este  país  tiene   que  entender  que  sus  márgenes  de  tolerancia  con la  desigualdad deben  estrecharse.  Que  la  guerra  contra  la  pobreza no se  agota  en los  mecanismos  de  redistribución  de la  renta de las  regalías.  Entender que  esa  es  una  tarea   que  compromete a  los individuos, a los  ciudadanos,  al Estado y a los  empresarios.

Esa  deliberación  tiene  que  incluir  repensar  las  políticas  de  empleo.   El empleo, que  es la  única  renta posible  de  los pobres, es  cada  vez  más  escaso  y menos  digno.  Por eso,  los amplios sectores  del paro  que no cuentan con una expectativa de empleo  están  excluidos  en la práctica  del sistema productivo, de la  ciudadanía y de la vida.

Más  allá  de la  polémica sobre si  la  pobreza  genera violencia  o la  violencia la pobreza, más allá de la inacabable polémica sobre  la eficiencia de la  condiciones objetivas como generadoras del crimen, se requiere  cierta  dosis  de cinismo  para  negar  que  esas  exclusiones del desempleo   son  ya  la  violencia.  El  desempleo coloca a las personas  por  fuera   de la cadena  de  la  vida,  las despoja de los  derechos  del  ciudadano, niega  la  posibilidad  de  la  inserción social,  imposibilita  el ejercicio  de la  salud y la  educación, de las  expectativas, los  propósitos y los  sueños.  El  desempleo  es  socialmente  una  situación  de crimen   social y violencia objetiva.

Para contrarrestar la desigualdad, especialmente en términos  de  apropiación de oportunidades de  salud, educación, servicios públicos  y vivienda, es  necesario que  una  parte   importante  de la  riqueza privada  se  redistribuya, mediante instrumentos  de  política  pública.  Y es preciso que recordemos que aquí  las  políticas sociales se  han visto afectadas  por un  fuerte  deterioro de lo público, expresado  en  corrupción, desconfianza  y debilidad  institucional.

En ocasiones  el afán  de  atraer  inversiones  a cualquier  precio  nos  ha  llevado  al  otorgamiento  de privilegios, subsidios y exagerados  incentivos  fiscales. Las  actividades  más  dinámicas no son gravadas o lo son a niveles insuficientes. Logros insignificantes de generación de empleo no compensan  la  pobre  contribución   al desarrollo de algunos privilegiados sectores.  Aquí  las  políticas  públicas  no contrarrestan  las  desigualdades creadas por el  mercado  sino   que las  reproducen.  Y nuestro estado deviene regresivo.

El combate  contra  la  pobreza  no está  exclusivamente  inspirado  en la  compasión,  en la  solidaridad,  en el  humanismo  de  ciertos postulados  políticos.  Este  país no  vencerá   jamás  sus  dificultades estructurales  si  continua resignándose a ser un país de simultáneos bolsones de  bienestar   y  de  miseria.  El desarrollo de  las  zonas  económicamente más vigorosas   sería  mucho  mayor  si  en sus  alrededores, o  en sus  propias  laderas, no  cohabitara  con la  miseria  y  el  desamparo.  Nuestros  desarrollos  son,  a  la  postre,  insignificantes  porque  empobrecen  los  ingresos  fiscales, secuestran las rentas,  sofocan  la  redistribución, perpetúan desequilibrios y  consagran  la injusticia.

El país  también  tiene que  deliberar  sobre  el  narcotráfico, ese  demonio  de  mil cabezas   que  volvió   pesadilla  lo  que  sin él  ya era  socialmente  catastrófico. Los  costos  sociales, económicos, culturales y políticos  que  el narcotráfico  nos  impuso  son  exorbitantes.   La  llamada  Comisión  Global  para   la  política  de  Drogas no descubrió  la  pólvora con  sus  recientes  conclusiones  sobre el fracaso de las políticas públicas contra el narcotráfico.  Lo  importante  de  ese  reconocimiento es el altísimo  perfil  político  e  intelectual  de los responsables de aquel informe.

La  escueta  y contundente  conclusión  de  que  “ la  guerra   no ha  sido, no  podrá  y  no  será ganada”,  de  que  el  consumo  de  opiáceos  y cocaína  creció más  de un 30%  durante  la  guerra  contra  él,  y   de  que  ha  llegado  el momento  de  desmontar las  estrategias  que no lograron  resultados,  pero  impusieron  costos  devastadores a  países  y  personas,   reclama  de   países  como  el nuestro, probablemente  la  víctima   más  propiciatoria  de  aquel  infierno, una  reflexión abierta, descarnada, valiente, contemporánea  y audaz.

Aquí las deliberaciones  sobre  el  tema  siempre  han  estado estropeadas  e  intervenidas  por  la  propia  complejidad del  asunto y  por  su acuciosa  pertinencia  en el  acontecer del país.  Temas  como el de la  extradición, por  ejemplo,  estaba   y  está  atravesado   por los  intereses, inhibiciones o miedos  de los  actores  del  debate  público.  Que  lo diga  o  que lo calle   la  Constitución  o los  constituyentes, que  la  aprueben o la  desactiven las  Cortes, que la prodiguen o la  mezquinen los gobiernos, que  la  reclamen  o la  rechacen  los  cambiantes  estadios   de  opinión.

No solo  la  extradición  impone  confusión, decisiones  caprichosas  y de  ocasión, políticas que se deben a los costos que se asumen  o economizan.  El Congreso tiene la  responsabilidad, como  lo tienen  las  Cortes   y  el  Ejecutivo,  de  oxigenar  un debate totalizante sobre el narcotráfico  hasta  hoy signado  por  las  evitaciones.  Colombia  tiene   todo   el  derecho del mundo  de  exigir  de los  países  consumidores algo más que ese  ominoso reparto de los oficios sucios que la  estrategia  internacional supuso  y  nos asignó. 

Los  dramas de muerte y desplome  de  institucionalidad que  amenazan  a  México,  la  violencia que acosa   el  auge y  el  desarrollo  de  Brasil, los  peligros  que acechan  con más  rigor que  nunca  a  Venezuela, la captura que el crimen hace de  casi  todos  los  Estados  de  Centroamérica, me  lucen  a  mí,  señor  Presidente Santos, una   estupenda oportunidad  para intentar una política latinoamericana capaz de ser enfrentada a las  estrategias impuestas desde el primer mundo  para  su  propia  comodidad  y  desatención.

Lo que de verdad nos convierte en hombres es la posibilidad de asumir nuestra propia crítica.  No somos completa y absolutamente inocentes de lo que nos hizo el narcotráfico. Wiesel decía que los santos son aquellos que mueren antes de que finalice su historia.  La nuestra no acaba todavía, lo que tal vez signifique que aún tenemos una oportunidad para inventariar las debilidades, las tolerancias, los falsos valores que construyeron ese engendro.

La oportunidad de revisar ese mundo hedonista encaramado sobre el juego, el lujo, la ostentación, el dinero fácil y el entretenimiento que preside la escena de nuestras vidas. Hemos perdido la capacidad de compartir, compadecer,  esforzarnos y sacrificarnos.  Es la oportunidad de una nueva solidaridad. Ya no más madres rogando a los dioses por el buen suceso de sus hijos sicarios. Ya no más la codicia de los despojos, el raponeo, las expropiaciones violentas y el crimen. Ya no más ese lenguaje indigente y traqueto que copa y obsesiona lo mediático, lo farandulero y lo joven.  Ya no más esa indolencia frente a la razón de los vencidos.  Sin un giro que ponga al país por el sendero de sociedades con valores sociales, compasión y una alteridad que comience con el otro, no habrá seguridad democrática ni prosperidad democrática, ni guerra ni paz suficiente para establecer un futuro estable y promisorio para nuestros compatriotas.

De otra parte, señor Presidente, el Congreso de Colombia quisiera abrir las puertas al gran debate sobre la justicia.  Más allá de las deliberaciones que en las comisiones y plenarias tendrán lugar cuando el gobierno, o las cortes, o ambos traigan los proyectos que ahora se cocinan en otros foros, resulta indispensable agregar más voces, ojalá todas las voces, a la discusión.

En los últimos tiempos, agencias multilaterales extranjeras y expertos nacionales han procurado unas reformas democráticamente minimalistas, evidentemente enfocadas hacia la protección de la propiedad privada y la acumulación de capital. Es decir unas reformas orientadas hacia la modernización que reclaman el mercado y las inversiones extranjeras.

Nadie niega la pertinencia de esas formulaciones y las virtudes de la conciliación, el arbitramento, los jueces de paz y la atribución de funciones judiciales a operadores administrativos.  Pero una verdadera reforma judicial tiene que pretender algo más que la descongestión, algo más que una desjudicialización que, en vez de acercar los sectores populares al sistema, los excluya otra vez, reservando las altas instancias a los conflictos corporativos y de élite.

La reforma no puede ser sólo un alivio, un aligeramiento de los fardos judiciales.  Tampoco una simple mejora en los mecanismos de elección de los organismos de control.  Menos un miedo a las innegables virtudes de la tutela.  La verdadera reforma tiene que ser capaz de prevenir y eliminar las causas de la ineficacia judicial. 

Yo quiero ver a las tres ramas del poder público comprometidas en esa búsqueda, sin remilgos, sin excusas, sin recelos profesionales y sin revanchas.  Sea la oportunidad para rechazar las pretensiones de algunos sectores en el sentido de que el Congreso deba limitarse en estos temas a dar el pupitrazo a lo que decidan funcionarios públicos y operadores judiciales, o a servir de árbitros a los disensos y conflictos entre ambos, o a desatar temores infundados sobre lo que le pasará a la autonomía judicial en estos recintos.

El Congreso no acepta ese tratamiento de sospechas. Tampoco que lo asuman inepto o hacedor de componendas.  El Congreso que estudiará la reforma judicial es el mismo que hizo posible la brillante legislatura que hoy termina.  La Reforma a la Justicia es un problema suficientemente delicado, complejo e inasible como para excluir a quienes representamos mejor que nadie y con mayores títulos democráticos, a quienes padecen esa justicia que debe examinarse y replantearse.  Sin una justicia eficaz, no hay futuro.

Hoy hace exactamente un año y en este mismo recinto, dije que la conmemoración de nuestros 200 años de vida independiente era algo más serio y complejo de lo que sugieren banderas, himnos y entusiasmos de fechas emblemáticas. Es necesaria una relectura sobre la clase de nación y de república que en esa época empezamos a construir.

Recordé entonces y ahora que Alfonso Múnera en su libro “Fronteras Imaginadas” sostenía que dos de los más respetados pensadores colombianos de aquella época seguían a pie juntillas el pensamiento pre-científico de José Luis Leclerc y de Lamark, y que el primero había llegado hasta el extremo de afirmar “que el estado de perfección encarnado por la raza blanca europea se había degenerado hacia formas inferiores como la raza negra por influencia de clima”. El mestizaje que aceptaban y promovían era  apenas el de un complicado proceso de blanqueamiento gradual que desconocía su propia naturaleza.

Si eso era lo que pensaba un “sabio” como Caldas, es fácil imaginar lo que pensaban élites mentalmente menos elaboradas, lo que tal vez revele que la nación colombiana fue imaginada excluyente desde las primeras narrativas. El resto de las inferencias son todavía más fáciles. Allí están las claves de esa nación sin sentido que desembocó en este país de 20 millones de pobres y casi 8 millones de indigentes.

Esta relación de temas y deliberaciones no agota la agenda de los asuntos pendientes, pero establece unas prioridades de deliberación que ojalá logren la atención y la reflexión de quienes tienen algo que aportar a la discusión. Me parece que nadie tiene una excusa válida para escapar a esta convocatoria, ni para manifestar disensos falsos, discusiones semánticas, litigios innecesarios, querellas caprichosas que rompan la disciplina de los partidos, las mayorías parlamentarias, la voz imprescindible de las minorías y las coaliciones fecundas, y por lo tanto frustren las posibilidades de esa gran deliberación sobre nuestro destino.

Ranking de noticias

DE INTERÉS

Exprese su opinión, participe enviando sus comentarios. Las opiniones aquí registradas pertenecen a los usuarios y no reflejan la opinión de www.eluniversal.com.co. Nos reservamos el derecho de eliminar aquellos que se consideren no pertinentes. Consulte los términos y condiciones de uso.

Para enviar comentarios Inicie sesión o regístrese