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Fue aplazada otra vez votación de ampliación de justicia y paz

Para el senador Roy Barreras, ponente del proyecto, es necesario que Gobierno y Fiscalía busquen una solución para que los 1.500 paramilitares que saldrán próximamente por vencimiento de los ocho años de la justicia transicional cuenten la verdad.

De la misma manera Barreras destacó que "el aparato del Estado ha sido incapaz de cumplirle a las víctimas y a los propios procesados por eso hay que reformar la ley, cuando el Estado no funciona es por que los instrumentos jurídicos no están funcionando o las instituciones no son las adecuadas, por eso estamos adelantando estos proyectos, el llamado que hacemos hoy es que no puede demorarse más esa decisión". 

El aplazamiento de la reforma a la ley 975 del 2005 se da luego de que  Barreras advirtiera que en un año más de 1.500 paramilitares desmovilizados que están encarcelados pueden salir luego de que se cumplan sus 8 años en la justicia transicional, pues es el término que estableció la Ley de Justicia y Paz para que los exactores armados ilegales cumplan la sentencia y le digan a las víctimas toda la verdad.

Así mismo ha dicho que tanto la Fiscalía como el Gobierno deben tener una posición muy clara de cuál va a ser la posición para evitar la salida en masa de más de 1500 paramilitares por vencimiento de términos sin que le hayan dicho toda la verdad a las víctimas y sin que el aparato judicial colombiano haya garantizado las audiencias respectivas.

Según el senador en este momento hay dos posibilidades, una que se autorice la salida por vencimiento de términos en lo que no está de acuerdo pues los desmovilizados no dirían la verdad, no habría justicia. Otra vía que queda, es que se prohiba la salida por vencimiento de términos, esta decisión pese a que es dura permitiría que la justicia pudiera seguir llamándolos en sus versiones libres y pudieran seguir diciendo la verdad.

Para el senador liberal Juan Fernando Cristo "lo que se prevé es que si seguimos así, seguramente no habrá más procesos de Justicia y Paz y habría un colapso muy grande para la justicia en general, como para el derecho a las víctimas a su reparación y para los propios desmovilizados".

De la misma manera Cristo propuso que van a tratar de reunirse con el Gobierno, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía para encontrar un camino que armonice la necesidad de agilidad en estos procesos sin que signifique impunidad para los victimarios o afecte el derecho a la verdad y la reparación.

El Senador del Partido Liberal fue enfático en señalar que "así se cumplan el año entrante los ocho años para que un demovilizado tenga derecho a salir según Justicia y Paz, si ese paramilitar no ha cumplido con la verdad o ha cumplido a medias y mucho menos ha cumplido con la reparación quiere decir que no se puede hacer acreedor a un beneficio de esa dimensión como la pena alternativa de 8 años".

Para el vicefiscal General de la Nación Jorge Perdomo "tenemos muchas personas privadas de la libertad que están colaborando con el proceso, que están asistiendo a las versiones, sin embargo, tenemos personas que en estricto sentido no están cobijadas por la ley. Tenemos una inseguridad de hasta cuando pueden hacerse postulaciones".

Así mismo Perdomo dijo que "nos dimos cuenta de la necesidad de reforzar el papel de la Fiscalía para poder excluir de Justicia y Paz a aquellos desmovilizados que no estén colaborando efectivamente como lo concibe y lo espera la ley pero también aquellos que estando en el proceso vuelvan a delinquir".

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