Según la Revista “Metro”, fue el mismo William García Tirado, representante a la Cámara, por Bolívar por Cambio Radical, el que suscribió el acuerdo 30 del 14 de diciembre de 2006, en su calidad de presidente del Concejo, "por el cual se faculta al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C. para la destinación y disposición de los bienes inmuebles cedidos por la nación al Distrito en virtud de lo dispuesto por el Artículo 123 de la Ley 388 de 1997",
Para ese entonces era alcalde de la ciudad Nicolás Curi Vergara.
Ese es el mismo Acuerdo en que, según el Distrito, se amparó la administración distrial para “vender los baldíos para efectos de captar recursos para invertir en lo social, y además, lograr la organización del Distrito en lo tributario.
"Esta venta traería como resultado que los poseedores de estos baldíos obtendrían la propiedad, pagarían el precio y además tributarían”, según un comunicado expedido por la alcaldesa Judith Pinedo Flórez, de quien García Tirado dijo que podría ir a la cárcel tras la decisión de la Fiscalía de solicitar audiencia e imputar cargos contra la mandataria, “por haber autorizado la venta de una playa”.
Sobre esto, Pinedo Flórez dijo que “el llamado a audiencia de imputación le da tranquilidad ya que permitirá aclarar esta discusión por la vía legal y formal.
“Una imputación es la apertura de una investigación, en donde hay posibilidad de que la persona explique, entregue también su versión de los hechos de manera que me parece bastante importante”, dijo.
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