Aunque aún le queda pendiente la conciliación en el Senado y la Cámara de Representantes, el Gobierno Nacional da como un hecho que sea sancionada la ley que le permite crear nuevos ministerios, liquidar instituciones, reestructurar otras y crear al menos dos más.
Estas facultades quedaron incluidas en la ley que se tramitó en el Congreso, la cual alcanzó su votación final el martes y que dará al presidente de la República, Juan Manuel Santos, hasta seis meses para desarrollar ese propósito.
TRES MINISTERIOS
Sin mayor problema, el Gobierno logró que se escindiera tres ministerios. El primero fue la división del Interior con el de Justicia. Este último deberá afrontar como principal tarea la reforma a la justicia, la cual deberá llegar al Congreso en los próximos meses, según informó el propio ministro del ramo Germán Vargas Lleras.
De nombres de sus titulares se da como seguro que Vargas se mantendrá en la de Interior, porque ha sido el perfecto alfil del presidente Santos en el Congreso y en las relaciones políticas con la Mesa de Unidad, pese a las discrepancias con el conservatismo la semana anterior.
Por el lado del Ministerio de Justicia se habla en los corrillos políticos del exfiscal Alfonso Gómez, del exministro del Interior Néstor Humberto Martínez y volvió a salir a flote el nombre del exministro de Justicia en el gobierno de César Gaviria, Fernando Carrillo, quien fue el encargado de coordinar el empalme entre el gobierno Uribe y el entrante de Santos.
Por el lado del Ministerio de Trabajo se insiste en que llegaría el secretario general de la Confederación General de Trabajadores, Julio Roberto Gómez, mientras que en Salud asumiría Beatriz Londoño, quien tiene ese cargo en la actualidad pero en su condición de viceministra.
Por las carteras de Medio Ambiente pasaría la actual consejera Sandra Besudo, mientras que en Vivienda se mantendría Beatriz Uribe. Lo primero que tiene claro el gobierno es que no hará una masacre laboral.
El ministro del Interior sostuvo que, por el contrario, con un artículo que se incluyó en la norma, se garantiza que los trabajadores que salgan se reincorporarán a otras entidades, y en cuanto al DAS, los mismos pasarían a la Fiscalía y a la Policía Judicial.
CENTRAL DE INTELIGENCIA
Este miércoles el director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Felipe Muñoz, aseguró que la nueva central de inteligencia empezará a funcionar en agosto próximo y estimó que la indemnización del personal que dejará la entidad se calcula en unos 70 mil millones de pesos.
Esta agencia cumplirá las veces, exclusivamente, de inteligencia y contrainteligencia y será asumida por el Ministerio del Interior. A su turno el Ministerio de Relaciones Exteriores asumirá las funciones de extranjería.
LA DNE
Otra entidad que será transformada, no liquida, es la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) la cual dejará de administrar los bienes que han sido quitados a las mafias del narcotráfico, lo que ha permitido que se genere la corrupción al interior de esa entidad.
Su tarea principal es coordinar y ejecutar la política antidrogas que maneje el Estado colombiano. Una situación similar pasará con el Instituto Nacional Penitenciario. El objetivo es intervenirlo e incorporarle cambios sustanciales en su labor de controlar las cárceles y la política de resocialización de los internos.
Vargas anunció que en la Superintendencia de Notariado y Registro, si bien la misma mantendrá sus funciones, se hará una depuración para elevar el nivel y calidades de los funcionarios que trabajan en las notarías y así frenar en parte la corrupción que se registra en algunos de esos despachos del país. Por el lado del Ministerio de Transporte, el Gobierno usaría las facultades para incorporar cambios en los Institutos Nacional de Vías y de Concesiones. Se podría crear la Agencia Nacional de Infraestructura, la cual ha sido solicitada especialmente por los gremios del sector.
El ministro de Minas, Carlos Rodado, igualmente pidió facultades para que se puedan cambiar la estructura actual del Ingeominas. Por último, el Gobierno estaría creando una nueva agencia, será la encargada de defender al Estado Colombiano frente a las miles de demandas que tiene por distintos conceptos y que superan los 100 billones de pesos.
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