Gobierno se prepara para blindar las elecciones

El proceso electoral en 92 municipios, especialmente los ubicados en los límites entre Meta y Caquetá, así como los de la región del Bajo Cauca (Antioquia y parte del departamento de Córdoba), está en riesgo “extraordinario” y “alto”.
Así lo determinó el centro Integrado de Inteligencia Electoral, CI2-Electoral, que componen 12 organismos del Estado y que empezó a funcionar el pasado 4 de marzo con el liderazgo del Ministerio de la Defensa,  el Ministerio de Interior y de Justicia, la Policía Nacional y el Consejo Nacional Electoral.
Se trata de un mecanismo que funciona en tiempo real para prevenir irregularidades en las próximas elecciones de octubre, a través del análisis de información de inteligencia sobre intenciones concretas de grupos al margen de la ley de incidir en los comicios, atentar contra la integridad de los candidatos y cometer delitos electorales.
Esa información, al servicio de las autoridades electorales, servirá también para que la Fuerza Pública ejecute planes de acción, como envío de tropas y adecuación de estrategias para brindar seguridad a los votantes en el denominado Plan Democracia.
La idea del Gobierno con estos dos mecanismos también abarca ir más allá y tratar de evitar que, como ha ocurrido en el pasado, las elecciones se vean cooptadas por el narcotráfico y los grupos ilegales a través de la promoción de candidatos y la financiación ilegal de campañas.
“Hace dos semanas se dio la instrucción de instalar el CI2 en Córdoba, porque sabemos que las bacrim quieren incidir. No porque tengan un proyecto político, sino por una sola cosa: necesitan tener influencia en los escenarios de decisión pública para administrar el territorio con el fin de garantizar las condiciones que se requieren para cumplir con  todos y cada uno de los eslabones del narcotráfico”, explicó el viceministro de defensa, Rafael Guarín.
En ese sentido, el CI2-Electoral también coordina con los partidos políticos mecanismos para darles información precisa sobre sospechas, de manera que puedan tomar la decisión de dar o no el aval a un candidato. En ese sentido, el viceministro Guarín fue enfático al pedir responsabilidad de los partidos: “Si alguien sabe que un candidato es delincuente o su socio, son los miembros de los partidos políticos los que deciden si quieren dar el aval, solo por sumar votos en las elecciones”.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, fue más allá y precisó que ya detectaron una modalidad de campañas fachada para lavar recursos de origen ilegal.
“Se estructura una campaña de origen aparentemente perdedora, se ingresan recursos ilegales y a través del pago de proveedores se lavan dineros ilícitos”, señaló el funcionario al explicar que la Unidad de Información de Análisis Financiero (Uiaf) vigilará los métodos de financiación de los cerca de 10 mil candidatos que se estima participarán en el proceso electoral.
Una fuente del CI2-Electoral explicó que han encontrado evidencias de que las bandas criminales piensan hacerse de los recursos del Estado por la fuerza o relacionándose con contratistas, “que financian las campañas”, una vez su candidato llegue al poder.
Por eso, el Centro Integrado de Inteligencia y el Plan Democracia se encuentran planeando una primera fase de estructuración, que se alimentará con visitas de todas las autoridades que lo componen a regiones, para anotar situaciones particulares. Esa dinámica iniciará el próximo mayo.
Actualmente, el delito electoral que llama la atención del Centro es la trashumancia. “Nos vamos a centrar en unos grupos encargados de impulsar la inscripción de cédulas en otras jurisdicciones con una estrategia bastante agresiva”, aseguró la fuente que hace parte del CI-2, pero que pidió mantener el anonimato.
Ola invernal
Sin duda, uno de los riesgos para el normal desarrollo de los comicios es la emergencia provocada por la ola invernal. Se detectaron dos municipios en Bolívar en donde, irremediablemente, las mesas de votación tendrán que ser trasladadas, así como en el desparecido Gramalote, en Norte de Santander.
El desafío es enorme, si se tiene en cuenta que en la Costa Caribe todavía hay miles de damnificados en las calles, en cambuches, a la espera de que se completen las obras de reparación y de que el agua baje. Esto, a la víspera de una nueva temporada de lluvias.
La Registraduría ya se encuentra realizando un levantamiento de información en las Gobernaciones de las zonas que por las condiciones de hoy no se podría, definitivamente, votar. La idea es que en el plazo de un mes, máximo mayo, esté listo un plan de choque y que las elecciones se lleven con la mayor tranquilidad posible.
Para los exhabitantes de Gramalote, la idea es crear un sitio de votación masiva, como el de Corferias en Bogotá, debidamente sistematizado y que brinde completa seguridad. 
“También se piensa capacitar de la mejor forma a nuestros hombres para actuar en caso de que evidencien que las ayudas humanitarias destinadas a los damnificados se desvíen para términos de campaña o que estén mal utilizadas”, dicen en el CI-2.
Más riesgos
La seguridad de los candidatos dependerá del Ministerio del Interior, previa revisión de la situación de seguridad de los elegibles y de las zonas a donde aspiran. Actualmente, el CI2-Electoral se encarga de analizar qué medidas de protección efectivas se pueden proporcionar a cerca de 10 mil candidatos. “Otro tema es el manejo de la publicidad, que sólo se puede emplear tres meses antes y hoy ya tenemos candidatos con vallas. Es una tarea no grata, porque tenemos que bajarlas y eso le cuesta a la Policía 4 millones de pesos por cada una”, señaló la fuente, al explicar que se está desarrollando un plan de acción junto con los partidos políticos y las empresas de publicidad para hacer cumplir las normas electorales.
Fiscalía y Procuraduría
Por su parte, la Fiscalía General se comprometió a reforzar su presencia en las zonas de mayor riesgo, tanto con fiscales, como con labores de inteligencia junto a la Policía Nacional para soportar las capturas que se lleguen a presentar y así evitar la baja judicialización de pasados procesos electorales. Se estima que ese refuerzo llegaría por lo menos tres meses antes de los comicios.
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, asignó a un grupo de funcionarios la tarea de adelantar  “la vigilancia superior con fines preventivos” durante el proceso electoral, lo que significa que “podrán adelantar las diligencias disciplinarias contra quienes de manera permanente o temporal ejerzan funciones electorales y contra los demás servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas que violen las disposiciones del régimen electoral colombiano”
Igualmente, Ordóñez dispuso que los Procuradores Regionales, Distritales, Provinciales, Judiciales Penales I y II, y las personerías municipales y distritales, deben atender de manera prioritaria los requerimientos que la Unidad de Reacción Inmediata Electoral, URIEL, formule con miras a adelantar las investigaciones penales y disciplinarias, por infracciones en contra del proceso electoral.
Plan Democracia
El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Edgar Cely, señaló que la información del CI2-Electoral les permitirá identificar las amenazas, traducirlas respecto del riesgo y así poder desplegar la estrategia de seguridad que, en su caso, corresponde a las zonas rurales, ya que los cascos urbanos son materia de la Policía.
Para octubre, la totalidad de los integrantes de las FF.MM. no tendrá ni permisos ni vacaciones ni descansos, según explicó el comandante del Ejército, general Alejandro Navas. Los 216.942 efectivos que componen el Ejército están distribuidos así: 30 por ciento en operaciones ofensivas frente a amenazas, 25% en control territorial, 25% en seguridad y defensa de la Fuerza y el 20 por ciento restante en la protección de la infraestructura económica.
“Para ese Plan Democracia tendremos la siguiente distribución: en mesas de votación, 47 por ciento; en operaciones ofensivas, para garantizar la seguridad local en donde hay mesas de votación, 10 por ciento; en control territorial, 13 por ciento, y en seguridad y defensa el 10 por ciento. Esto quiere decir que el 80 por ciento de los efectivos del Ejército Nacional van a estar empeñados para garantizar que los colombianos elijan a sus representantes. Y nos queda el 20 por ciento restante en la seguridad de la infraestructura económica”, explicó Navas.
El general precisó además que para su entendimiento tanto las bacrim, como las Farc, el ELN  y la delincuencia organizada están en capacidad de afectar en los comicios, pero lo que importa es cómo combatirlos.
“Consideramos que, por ejemplo, una bomba la pueden poner las Farc o las bacrim, o sea que para el caso específico de este evento pueden constituir la misma amenaza. Otra cosa es cómo se van a combatir, para que no lo hagan y entonces hay que tener en cuenta las tácticas que ellos tienen, la capacidad de maniobra, hay que neutralizarles sus corredores de movilidad”, explicó.