Instan al Gobierno a diseñar política de empleo para víctimas

Tras analizar el alcance de las medidas de generación de empleo para las víctimas del conflicto armado, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, indicó que una persona catalogada como ‘pobre’ es una persona víctima de violaciones a los Derechos Humanos, en la medida en que carece de uno o más derechos reconocidos internacionalmente.
Según Ordóñez, se trata de personas que carecen de derechos como el de la salud, seguridad alimentaria, educación, un mínimo vital, o una vivienda digna; igualmente, son excluidos de participar en las decisiones que de una y otra manera los afectan.
Las declaraciones de Ordóñez se dieron a conocer con ocasión de la presentación de un estudio realizado por el Ministerio Público que señala que si "este grupo de personas adicionalmente ha sufrido un daño como consecuencia del conflicto armado interno, se constituyen en población de especial protección constitucional y en beneficiarias de una serie de medidas de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral”.
El estudio es resultado de una actuación preventiva adelantada durante los últimos meses por parte del Grupo de Reparación Integral a las Víctimas de la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos.
El órgano de control también explica que dicho estudio buscaba analizar el alcance de las medidas de generación de empleo rural y urbano para las víctimas de una manera amplia e integral.
Durante el estudio se estableció que las medidas contenidas en la Ley 1448 (Art. 130) y el Decreto 4800 de 2011, “constituyen el marco normativo para que las víctimas tengan una vida autosostenible a largo plazo, como parte de la dimensión material de su reparación integral”.
Para el Ministerio Público, el problema radica en que no existe suficiente claridad de parte del Gobierno Nacional en relación con la diferenciación que debe hacerse entre la política pública diseñada para disminuir la pobreza extrema, con la política pública de reparación para las víctimas del conflicto armado.
Asimismo, la Procuraduría logró establecer que las entidades encargadas de restituir la capacidad productiva de las víctimas en aras de generar empleo formal y decente en condiciones igualitarias dentro del mercado laboral, aún no cuentan con una caracterización idónea respecto del número de víctimas que serían beneficiarias de las medidas de generación de empleo.
“Tampoco existe a la fecha un diagnóstico sobre las condiciones del mercado laboral por zonas o regiones del país, con lo cual se articularían la demanda y oferta de trabajo requeridas”, reveló el estudio.
Considerando lo anterior, el jefe del órgano de control instó a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UAEARIV) y al Ministerio de Trabajo a diseñar e implementar el Programa de Generación de Empleo Urbano y Rural del que da cuenta el artículo 67 del Decreto 4800 de 2011.
Dicho articulo indica que se debe garantizar el autosostenimiento de las víctimas, con un enfoque integral, diferencial, transformador. Por eso, Ordóñez indicó que el programa deberá coordinarse con las medidas en materia de vivienda, restitución de tierras, retornos y/o reubicaciones, créditos y pasivos y seguridad alimentaria.
Asimismo, el Procurador le solicita a la UAEARIV, al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Trabajo aclarar qué criterios se van a tomar para diferenciar “generación de ingresos” y “generación de empleo”, y delimitar qué medidas se entenderán como “atención” y cuáles como “reparación”.