Publicidad
Publicidad

Indicadores económicos
2016-12-09

Dólar (TRM)
$3.002,80
Dólar, Venta
$2.900,00
Dólar, Compra
$2.850,00
Café (Libra)
US$1,57
Euro
$3.170,65
UVR, Ayer
$242,34
UVR, Hoy
$242,32
Petróleo
US$51,50

Estado del tiempo
2016-12-09

marea

Marea min.: -14 cms.

Hora: 00:21

Marea max.: 20 cms.

Hora: 07:38

Dirección viento: Variable

Intensidad viento: 06 a 14 kms/h

Temp. superficial del mar: 26 ºC

oleaje

Cartagena-Islas del Rosario: 0.4 a 0.6 metro(s) de altura

Estado

estado
Mín. 26 ºC
Máx. 31 ºC

Pico y placa
2016-12-09

Hoy no salen los vehículos con placa:

Vehículos Particulares

De lunes a viernes 7 a.m a 7 p.m

1 - 2
Taxis
9 - 0
Motos
S/M

Investigan otras anomalías en la Registraduría nacional

-A A +A
 

El reciente escándalo que se suscitó por la controvertida anulación de las inscripciones de los candidatos a la Alcaldía de Cali Susana Correa y Rodrigo Guerrero, puede ser apenas la punta del ‘iceberg’ de las situaciones anómalas que se estarían presentando al interior de la Registraduría Nacional.

Un documento revelado por personas que prefieren la reserva de sus identidades, dejó entrever que en la Registraduría se estarían presentando irregularidades que, incluso, ya han sido puestas en conocimiento de las autoridades.

Entre las pruebas existe un documento en el que se denuncia que se habría registrado un ‘comercio’ de información clasificada desde la Oficina del Censo Electoral, la cual -entre otras funciones- es la encargada de la revisión y verificación de los formularios que entregan los candidatos que se quieren inscribir con apoyo de grupos significativos de ciudadanos.

Textualmente el documento dice que “desde el 2006 en la Dirección Nacional del Censo Electoral de la Registraduría se vende fraudulentamente copia de un archivo electromagnético denominado Censo Nacional Electoral y que contiene, dependiendo del cliente y la cantidad del dinero que el mismo esté dispuesto a pagar, apellidos, nombres, identificación y datos biográficos de los ciudadanos”.

En la denuncia se advierte que la Ley 594 del 2000 ordena que se debe garantizar los documentos que tienen reserva y entre ellos estaría incluida “la información que reposa en los archivos de la Registraduría referente a la identidad de las personas, datos biográficos, filiación y fórmula dactiloscópica”, por lo que las fuentes advirtieron que “se comercializó con estos datos”.

Adicionalmente, comentaron que “la actividad delictiva descrita fue ocultada después con la distribución en 2009 a todos los partidos y movimientos políticos con una copia del censo que no contiene ningún otro dato que los números de cédula y el lugar de votación”.

Por lo anterior, acusaron que “teniendo en cuenta lo expuesto desde el mismo 2009 y hasta hoy, en la Dirección Nacional del Censo electoral a cargo de Hollman Ibáñez Parra (quien renunció esta semana), se sigue vendiendo el censo”, y aseguraron que se ha cambiado la estrategia.

“Ya no se ofrece un archivo extraíble, pues éste es susceptible de copia, sino que se entrega a los denominados clientes en un computador portátil desde el cual es imposible copiar el mismo. Este elemento resulta de utilidad para las campañas políticas que pueden hacerse a una base de datos para localizar a los electores e interferir su intención de voto”, aseguraron.

Ante la denuncia, el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, en diálogo con El País, dijo que “hay que ponerle a las cosas un norte. El censo electoral, el que digita el número de la cédula de la persona y sale el sitio donde vota, ese es público; el archivo nacional de identificación que es el que trae nombres, cédulas, huellas y esas cosas ese es público y gratuito para las entidades públicas”.

El Registrador, al referirse a la venta de información, manifestó que “de nada sirve la información que tengan hoy, porque faltan dos modificaciones grandes al censo. Por ejemplo, del 20 de julio al 30 de agosto hay que hacer modificaciones de las personas que hacen observaciones al censo y reclaman y un segundo aspecto es solucionar los casos de la trashumancia” y recalcó: “Cualquier información que se tenga es obsoleta, porque estamos en un proceso de modificación del censo”.

Explicó que “terminado ese proceso vuelve y se publica el censo para que la gente sepa donde votar, pero además de eso, se entrega una copia del censo a todos los partidos y movimientos políticos, eso es público”.

Enfatizó que “lo que pasa es que en este país hay mucho avivato que vende cosas públicas como si fueran reservadas” y añadió que “unos 15 días antes de las elecciones los partidos necesitan el censo y se les da para decirles a los ciudadanos dónde votar”.

Comentó que “esa información con nombres y cédulas no se maneja por el censo electoral, incluso desafortunadamente para nosotros, en el departamento del Valle -hace como dos meses- se sancionó a una registradora delegada porque permitió el acceso gratuito a esas bases de datos de nombres y cédulas”.

Pero el registrador Sánchez va más allá y recuerda que el organismo que dirige no es el único que tiene acceso a esta información. “Le aclaro una cosa más, nosotros, la Registraduría, no somos la única entidad que tiene acceso a las bases de datos de nombres y cédulas, hay por lo menos diez entidades más que tienen acceso a esa información”.

Luego aseguró que “la Registraduría tiene 700 sitios de identificación donde las personas podrían consultar esa base de datos como lo hacen los ciudadanos y se accede sólo con clave. La Fuerza Pública y la Fiscalía tienen un canal directo, de manera, que teniendo tanta gente la información no puedo saber dónde se filtra, yo solamente aplico la ley”.

La sociedad con Ibañez

Los denunciantes recordaron que el Registrador hizo parte de la empresa Procesos Electorales S.A., en la cual entre sus socios de contaban Hollman Ibáñez, el ya ex director de la Oficina del Censo, y el hoy magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga.

Las fuentes indicaron que “antes de asumir el cargo de registrador, Carlos Ariel Sánchez y su firma Procesos Electorales S.A. trabajaban de la mano del sindicato, con el que entonces conformaron una sociedad bastante lucrativa de la mano de políticos incautos que a nivel regional pagaban el traslado de funcionarios, compraban información, motivaban la alteración de sistemas electrónicos, e incluso, compraban funcionarios para cumplir con su misión o hacerse los de la ‘vista gorda’”.

Sobre este particular, el Registrador aseguró que “de esa empresa salí en el 2007. Precisamente por ser tan famosa y ser nosotros socios, está inactiva”. Anotó que la firma Procesos Electorales no puede funcionar, debido a que en un eventual contrato con la Registraduría la gente va a salir a decir “‘íah claro! esa sociedad de tal y tal””, por lo que aclaró que “eso murió”.

Sustentó además que no se configura un conflicto de intereses al argumentar que “yo soy un abogado que tenía una empresa, además a la Registraduría no llega decisión de votos o de escrutinio. Nosotros no somos comisión escrutadora” y recordó que “hace cuatro años vendí mi participación en esa empresa”.

La revisión de firmas 

El ingeniero de la Registraduría, Gonzalo Pinto, dijo que son tres pasos para la revisión de firmas. El primero es la revisión física uno a uno de los formatos.  “El personal es capacitado para que revise la legibilidad de cada número de cédula, que el nombre y apellidos sean legibles y que la firma de ese renglón figure. Cuando falta alguno de estos elementos se anula el renglón”, dijo.  Luego, eso se mete en el aplicativo y el programa determina aleatoriamente cuáles inscripciones se deben revisar de los renglones aprobados en la primera etapa.  Tercero, pasan a los grafólogos que determinan si hubo uniprocedencia, es decir que fue el mismo ciudadano el que llenó los espacios y no quien recogía los apoyos. Avanza investigación

El presidente Juan Manuel Santos pidió ayer a las autoridades “ser implacables y castigar ejemplarmente cualquier acto de corrupción contra la democracia”.

Santos señaló que “va por muy buen camino” la investigación sobre denuncias de posible corrupción electoral en Cali, que “ya tiene a las autoridades investigando”, durante una jornada de los Acuerdos para la Prosperidad desde Quibdó.

Notas recomendadas
Publicidad
Publicidad
2329 fotos
64166 seguidores
Exprese su opinión, participe enviando sus comentarios. Las opiniones aquí registradas pertenecen a los usuarios y no reflejan la opinión de www.eluniversal.com.co. Nos reservamos el derecho de eliminar aquellos que se consideren no pertinentes. Consulte los términos y condiciones de uso.

Para enviar comentarios Inicie sesión o regístrese