A una reunión, de acuerdo con los testimonios que la Corte acreditó como verídicos, Javier Cáceres llegó con Roberto Castaño Rodríguez a reclamarle a ‘Juancho Dique’ por el asesinato de líderes locales, hecho que motivó una petición de respeto para con ellos. Un acuerdo para que no volvieran los asesinatos y condiciones que ‘Juancho Dique’ aceptó y cuya coordinación quedó a cargo de un contactó en común: Arnulfo Ospino.
“Cáceres, no te preocupes que te voy a respetar los líderes, voy a dar orden a mi gente que no se metan con los líderes del Polo (el partido en que entonces militaba Cáceres)”, declaró ‘Juancho Dique’ en juicio. Como producto del acuerdo dio orden a las once estructuras que tenía en Bolívar, para que no amenazaran más a los respectivos líderes.
Hay más. De acuerdo con los testimonios, Castaño Rodríguez ni siquiera fue de forma voluntaria a la reunión, sino que Cáceres lo presionó para que lo acompañara.
Lo abordó a la salida de una misa, para decirle que si lo podía atender y procedió a decirle que le hiciera el favor de acompañarlo a Ñanguma, para hablar con unos “muchachos” sobre justicia y paz y desmovilización, ya que él sabía –Cáceres- que Roberto Castaño era una persona muy seria de la zona, que no diría nada y que venía siendo molestado en su finca e incomodado por dichos sujetos, con lo cual asistir al encuentro podía ayudarle en su situación para quitárselos de encima cuando se desmovilizaran”.
Ostentó ser Senador
La gravedad del hecho consiste en que Cáceres fue a la reunión ostentando “la calidad de Senador de la República, de manera libre y voluntaria al encuentro con el cabecilla de un bloque paramilitar, dialogó con este, le planteó inquietudes de naturaleza política y logró concretar acuerdos con los violentos para que tales estructuras armadas permitieran la actividad proselitista de personas cercanas al Congresista”.
Es más, la Corte cuestionó que se haya alegado por parte del Ministerio Público durante el juicio que si existió tal reunión, fue por motivos humanitarios o altruistas, para proteger la vida de personas “cuando lo que de allí se extrae es que se acudió para pactar con un actor armado espacios de participación política, que de no negociarse con los violentos encarnaba una desventaja electoral y que, por el contrario, de consolidarse representaba beneficios recíprocos para los contertulios”.
Es decir, la corporación recordó que estos aparentes motivos de “decencia” no autorizan a ningún habitante de Colombia para que de manera clandestina pacte con la delincuencia.
La reunión de Ñanguma es el elemento principal de una serie de eventos que llevó a la Corte a determinar que Cáceres tuvo “persistentes vínculos con estructuras armadas de autodefensa”, que interactuó con ellos para pactar condiciones políticas favorables a líderes locales rumbo a la elección de gobernadores de 2003 y respaldó iniciativas legislativas orientadas a favorecer los procesos de desmovilización.
Así, una vez más, un expresidente del Congreso fue enviado a la cárcel por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promover grupos armados ilegales, en este caso, a los paramilitares.
Parapolítica no frena
Se trata de la caída de otro cacique político, de quien se hiciera famoso nacionalmente por su eslogan de “Chuzo para los corruptos”. El hoy exsenador cartagenero fue un jefe político muy destacado en el departamento de Bolívar, que llegó en 1998 al Congreso y fue reelegido en el 2002 por el entonces Polo Democrático Independiente (partido que ayudó a fundar) y que para 2006 ya hacía parte de Cambio Radical, luego de participar en el Liberal y antes de caer en el Partido de la U.
Hay más por develar. Esta condena está lejos de ser la terminación de un proceso que sigue dejando en evidencia el grado de integración de políticos con los grupos paramilitares, para pactar vínculos y acuerdos de tipo electoral, con el horror de las armas de por medio.
Tanto así que el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leonidas Bustos, dijo el día de la condena a Cáceres que “la parapolítica va para largo”.
Lo dijo reconociendo que al principio pensó que sería un fenómeno relativamente pronto a resolver, pero que la magnitud de los hechos ahora demuestra lo contrario.
Más sobre el proceso
Javier Cáceres no fue ajeno a los pactos realizados entre un sector de la clase política de Bolívar y jefes paramilitares para elegir como gobernador de ese departamento en 2003 a Libardo Simancas Torres. Así se acreditó en testimonios según los cuales el condenado esta semana se reunió con ‘paras’ en Santa Fe de Ralito, en donde se acordó el apoyo a Simancas.
Con un agravante: que ‘Juancho Dique’ en su testimonio señaló que fue tras los encuentros con Cáceres que se logró el “aval” para Simancas Torres.
Este hecho es especialmente grave para la Corte “ya que ha sido esa la forma sistemática como tales cabecillas se refieren al beneplácito de las autodefensas a determinado candidato, que en este caso habría sido obtenido por vía de Salvatore Mancuso Gómez, a partir de la reunión de ‘El Caramelo’”
Incluso, los testimonios de Mancuso señalan que Cáceres intervino ante la congresista Eleonora Pineda para que se neutralizara la decisión de los paramilitares del Bloque Central Bolívar de apoyar a Alfonso López Cossio y que se pasaran a Simancas.
“Ello constituye otra expresión probatoria de la relación punible de Javier Cáceres Leal con grupos paramilitares; para mantener o preservar el poder político regional utilizó su posición distinguida en la sociedad bolivarense para pactar con los violentos y avalar acuerdos con ellos, comportamientos con los cuales afectó la seguridad pública”.
Para la Corte, se trata de la evidencia sobre la existencia de una relación y del potencial que representaba Cáceres, que lleva deducir que “aceptó las reglas de los violentos, pactó con ellos y terminó sellando una alianza punible que comprometió su independencia y legitimidad parlamentaria”.
Se abrirán nuevas investigaciones
A este triste escenario se suma que los jefes paramilitares desmovilizados y extraditados a los Estados Unidos decidieron volver a colaborar con la justicia colombiana luego de años de silencio, causados por amenazas sufridas por sus familiares en Colombia y asesinatos de desmovilizados, entre otros aspectos.
Ahora, cuando vuelvan a hablar, Leonidas Bustos, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, reconoce que se abrirán nuevas investigaciones, por lo que “no se espera que la solución de ese macroproceso pueda estar en los meses siguientes, eso se demora todavía muchísimo”.
La misma sentencia que condenó a Cáceres compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue al exalcalde de Campo de la Cruz (Bolívar) Carlos Gutiérrez Cotes y al exgerente de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) Guillermo Rafael Ariza Cabrera, por supuesto financiamiento de grupos paramilitares. Aunque no son aforados, estas investigaciones podrían empezar a alimentar ese proceso que ahora se denomina la “paraeconomía”.
