La juez séptima de garantías dictó medida de aseguramiento en contra del destituido contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, como medida preventiva y dentro de la investigación que se le sigue por el delito de concusión, que lo haría partícipe del llamado ‘carrusel de contrataciones’.
Según la decisión de la juez, Sandra Vargas, las pruebas presentadas por la Fiscalía permiten inferir que el excontralor se prestó como puente para facilitar la entrega de contratos al grupo económico de los hermanos Nule, violando de esta forma normas estatales y sus funciones públicas.
El nombre de Moralesrussi fue señalado en una grabación que sostuvieron el empresario Miguel Nule y el excongresista Germán Olano; en ese registro se referían al entonces funcionario como una de las personas importantes para la entrega de contratos viales en Bogotá, entre los que se destacan la fase III de Transmilenio y la reparación de la malla vial.
“La gravedad es ostensible en la medida que él (Moralesrussi) tenía que ser el máximo regente de control en Bogotá. Solicitar dinero por esto, desbordó sus funciones. La exigencia de dinero y omitir sus trabajos, afectaron la ejecución de contratos”, precisó la juez, señalando que encuentra justificada las acusaciones por los delitos de concusión y prevaricato por omisión.
Así mismo, señaló que con su acción provocó un “tropiezo en las calles, afectando la calidad de vida de los ciudadanos, quienes veían malgastada la inversión de sus impuestos”.
OTRAS MEDIDAS
Más temprano, la juez séptima de garantías también dictó medida de aseguramiento en contra del exdirector técnico del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), Inocencio Meléndez, al considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía indicaban que desde su cargo recibió un apartamento en Bogotá, una camioneta y 20 millones de pesos con el fin de favorecer a un grupo de contratistas.
La juez consideró que Meléndez incurrió en el delito de concusión. También, dijo que el funcionario había favorecido a terceras personas con la entrega de dichos contratos, “lo que reviste de especial gravedad (la actuación) por la afectación de los recursos sagrados del Estado, vulneración las normas, parcialidad y porque se afectó la calidad de los colombianos en la movilidad y la contratación”.
A primera hora de hoy la juez también avaló la petición de cárcel para la exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona “debido a la gravedad” de los delitos interpuestos por la Fiscalía y la gravedad de sus irregularidades frente la entrega para la celebración de contratos viales en Bogotá.
Según la funcionaria judicial Pardo Gaona, como directora del IDU, tenía “importantes responsabilidades” en el proceso de la revisión de las licitaciones, por darle visto bueno a la entrega de contratos del Distrito.
“Dicho proceso tuvo varias irregularidades, según lo señaló la Fiscalía, cometiendo un desfalco contra el erario distrital y nacional, lo que hace que el hecho sea grave y la conducta reprochable”, precisó la juez.
Al fallar, la juez no otorgó el beneficio de detención domiciliaria reclamado por la defensa de Liliana Pardo con el argumento de que la exfuncionaria es madre divorciada y tiene una hija de 14 años.
La juez aclaró que “no se acreditó que al esposo le fuera imposible la manutención de la hija, tampoco se acreditó que el padre estuviera fuera de la ciudad, pues solo fue un mero señalamiento que está en Cúcuta y que le es imposible atender las necesidades de sus hijos. No se acreditó un certificado de divorcio ni que la hija estuviera en total desprotección”.
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