La bancada de los investigados

La posibilidad de que prosperen en condenas las investigaciones contra congresistas, podría determinar una debacle en la legitimidad de la corporación. Casi una tercera parte del Congreso que inicia tiene investigaciones a cuestas. Una posible cadena de condenas, sería letal para la legitimidad de los procesos políticos. El próximo 20 de julio entrará en vigor un nuevo Congreso, el que los colombianos eligieron en las votaciones del 14 de marzo pasado. Sin embargo, varios asuntos tienden un manto de duda sobre la nueva conformación del legislativo. El asunto es simple: sobre la espalda de varios congresistas electos (aproximadamente una tercera parte del congreso) pesan investigaciones por temas de diversa índole, como parapolítica, Farcpolítica o, en el caso de la Cámara de Representantes, por prevaricato en el trámite del referendo reeleccionista a finales de 2008 sin que se hubiera expedido la certificación de firmas de la Registraduría. El asunto fundamental para entender tal situación (que haya congresistas electos con investigaciones a cuestas sin ser inhábiles) es que de acuerdo con el Artículo 179 de la Constitución Política se encuentran inhabilitados “quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”. Esto implica que les es permitido a aquellos que tienen procesos en curso o pendientes con la justicia ejercer su cargo legislativo, mientras no se les haya comprobado culpabilidad en delitos y, obviamente, no hayan sido condenados. Por tal razón, el hecho de que en el nuevo periodo, que iniciará en 15 días, haya más de cien congresistas con investigaciones en curso puede representar una seria complicación y un nuevo riesgo de descrédito para la corporación. Vale aclarar que tienen peso especial los temas de la Farcpolítica y la Parapolítica, pues a diferencia de periodos pasados, el nuevo legislativo tendrá la limitante de que el artículo de la llamada silla vacía, no sólo establece la perdida de investidura, sino también de la curul para el partido por el cual el candidato condenado fue electo, con lo cual pueden salir afectados tanto la desbalanceada correlación de fuerzas entre oficialismo y oposición, como las iniciativas de varios sectores políticos en particular, Para y Farc - política Por el caso de la Parapolítica están investigados actualmente por el Partido de la U cuadros significativos como Armando Benedetti, quien posiblemente será designado como presidente del Senado y sería el encargado de imponerle la banda al presidente electo, Juan Manuel Santos. Otra de las figuras que resalta es la de Dilian Francisca Toro, la votación más alta de dicho partido en las elecciones del 14 de marzo pasado y quien ya ejerció como Presidenta del Senado durante el comienzo del periodo legislativo 2006-2010. Según el portal votebien.com, de los candidatos consignados en la página de la organización Congreso Visible, otros de los políticos investigados en dicho partido son los novatos Musa Besaile Fayad, Carlos Enrique Soto Jaramillo, Manuel Guillermo Mora y el ya experimentado senador electo, el caldense Oscar Mauricio Lizcano, quien además, tiene dos investigaciones previas en la Corte Suprema, una por cargos de parapolítica y otra por prevaricato en la votación del referendo de reelección, cuando se desempeñó como Representante a la Cámara durante el periodo 2006-2010. Otro de los representantes de la U que tiene observación en la Corte por presuntos vínculos con sectores paramilitares es el ahora senador electo Manuel Guillermo Mora Por el lado de Cambio Radical, aunque el número no es tan relevante, sí hay políticos con procesos en marcha. Ejemplo de ello es el senador electo Antonio Guerra de la Espriella, sobre quien pesa un proceso formal por presuntos vínculos con el paramilitar Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, de quien se dice que está muerto, aunque en realidad se desconoce su paradero. La cosa no para ahí, en Cámara también se encuentran casos como el de Manuel Antonio Carebilla sobre quien pesa un proceso de investigación previa por vínculos con paramilitares en la región de Amazonas. Hasta la fecha, y desde el año 2008, en la Corte han procedido en más de 70 procesos de investigación previa; 7 casos en instrucción, en los cuales se ha empezado a mirar todo el acerbo probatorio para ver si se abren investigaciones formales; 19 procesos en estado de juicio y ha proferido 14 sentencias condenatorias. Sumando este número de casos hay implicados más de 80 congresistas que repiten curul y más de 80 antiguos representantes a la Cámara investigados por prevaricato, dejando así por lo menos una tercera parte del congreso recientemente elegido con procesos corriendo en su contra. Por casos asociados con la llamada Farcpolítica, en este momento hay dos senadoras elegidas que tienen investigaciones. Entre ellas se encuentra la senadora liberal Piedad Córdoba, reconocida por su labor humanitaria en la liberación unilateral de secuestrados por parte de las Farc. Contra ella pesa un proceso en la Procuraduría a causa de presuntos nexos no autorizados con la guerrilla. El otro proceso que se mantiene vivo procede en contra de la legisladora del Polo Democrático Gloria Inés Ramírez, quien, pese a que no tiene expediente abierto de manera formal en la Corte, sí tiene un proceso radicado en el Ministerio Público. Por prevaricato El caso del prevaricato es en el que la Corte investiga la actuación de 86 representantes a la Cámara que votaron de manera irreglamentaria, el 17 de diciembre de 2008, la aprobación del referendo reeleccionista para que siguiera su trámite en el Congreso. El hecho en concreto fue que los representantes, al tomar decisiones sobre un acto legislativo que no había cumplido todos sus requisitos para ser tramitado en Congreso (le faltaba la certificación de las firmas recolectadas en la Registraduría) presuntamente incurrieron en prevaricato, que no es otra cosa que una actuación indebida de funcionario público. Otro de los senadores electo que carga con un proceso de indagación preliminar por parte de la Corte Suprema es Fuad Rapag, quien se desempeñó como Representante a la Cámara en el periodo 2006-2010. Junto a él varios congresistas electos de La U se encuentran inmiscuidos en la misma investigación, ejemplos de estos son casos como los de Germán Darío Hoyos, Jaime Alonso Zuluaga, la ex presidenta de la Cámara de Representantes Karime Mota y el representante a la Cámara por Atlántico Miguel Amín. Dentro de los 86 legisladores que podrían afrontar cargos penales ante la Corte Suprema se encuentran candidatos electos de otros partidos, como el Conservador, que presenta caras como Juan de Jesús Córdoba, Carlos Ramiro Chavarro y Pedrito Tomás Pereira. Otros nombres de congresistas electos e investigados por este tema son los de Óscar Fernando Bravo y Heriberto Sanabria Astudillo. Otros casos Aunque pequeño, hay un grupo de congresistas que están siendo investigados por otras causas. Entre ellos se encuentra el conservador Fernando Eustacio Tamayo Tamayo, un boyacense electo al Senado. Tamayo logró poco más de 57 mil votos y afronta una investigación preliminar en la Corte Suprema por obtener presuntamente beneficios en el reparto de las notarías, para favorecer la reelección de 2006. Por el lado de las toldas cambiorradicalistas se encuentra ex presidente del Senado, Javier Cáceres, quien logró la votación más alta de su partido, con 74.675 sufragios. Cáceres afronta investigación preliminar en la Corte Suprema, por presunto tráfico de influencias en la liquidada entidad de aportes a la salud Etesa. Dentro de otros procesos encontrados en contra de legisladores electos se encuentran el caso de la no declaratoria de elección del liberal Enrique Chapman, a quien se le negó el derecho a la curul por causa de la condena dictaminada por narcotráfico en EE.UU., hace 26 años, y las investigaciones en contra del barón electoral del Boyacá Jorge Londoño, quien no podría ocupar la curul del Senado que obtuvo en las urnas el 14 de marzo con el Partido Verde, luego de la sanción de la Procuraduría General de la Nación, que lo destituyó e inhabilitó durante 12 años en el ejercicio de funciones públicas, por irregularidades en contratación estatal que se derivaron de su gestión al frente de la Gobernación de Boyacá. El análisis Este hecho, cruzado con la posibilidad de que casos documentados de congresistas electos que afrontan investigaciones por parapolítica prosperen en condenas podría determinar una nueva debacle en la legitimidad de la corporación legislativa. De acuerdo con analistas consultados, el hecho de que casi un tercio del congreso entre a hacer parte de una corporación arrastrando investigaciones significa que puede haber una crisis de representatividad. Para Jaime Castro, el hecho de que casi la tercera parte del Congreso afronte procesos diversos de investigación significa que “existe la posibilidad de que aumente el déficit de ilegitimidad que tiene todo el sistema político colombiano y en particular el Congreso de la República”. Dice Castro que este hecho representaría un balance institucional deficitario, pues el Congreso, que apenas empezará labores, es una de las instituciones más afectadas por pérdida de legitimidad, tras los escándalos presentados en la etapa 2006-2010. Según el mismo ex Alcalde de Bogotá y ex Ministro de Justicia, lo más grave de contemplar la posibilidad de tener un Congreso investigado es “que las leyes que nos obligan a todos y las reformas constitucionales estén siendo dictadas por personas y entidades que atraviesan por esa delicada situación, pues con esto claramente se desvirtúa el proceso político”. Por otro lado, para el ex procurador Jaime Bernal Cuellar, de darse una lluvia de condenas sería claro que el Congreso seguiría como está ya “históricamente cuestionado”. Para Cuellar, este hecho no sólo derivaría en una perdida de credibilidad sin precedentes, sino que sería una resta en la legitimidad institucional, con lo cual “le quedaría complicado tramitar temas como las reformas ministeriales y a la justicia” expresó. Adicionalmente este hecho, según Bernal Cuellar, significaría un indudable debilitamiento en el legislativo, con lo cual se afectaría de forma significativa el equilibrio de poderes propio de toda democracia. Más grave sería si sentencias que se dicten por paramilitarismo prueban que sectores ilegales del conflicto, aliados con actores legales de la vida pública, decidieron infiltrar al Estado para ponerlo a su servicio.