La compra de votos arranca con la inscripción de cédulas

La sombra que siempre empaña los procesos democráticos en Colombia volvió a aparecer cinco meses antes de las elecciones del Congreso de la República: el trasteo y la compra de votos. En esta ocasión, y contrario a lo que se pensaba porque hubo sólo dos semanas para inscribir las cédulas, las denuncias de la trashumancia de electores de una ciudad a otra o de un lugar de una ciudad a otro, no se demoró en conocerse y tener un caso de máxima preocupación: el departamento del Atlántico. Una primera voz de alerta en tal sentido la dio la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien reveló que la regional Atlántico del MOE realizó un monitoreo de urgencia al proceso de inscripción de cédulas en Barranquilla y otros municipios del departamento, debido a que fueron los propios electores los que empezaron a denunciar que había largas filas en los puestos de inscripción, que estaban pagando por inscribir y que las personas eran movilizados en buses para tal fin. Según Barrios, el MOE pudo identificar que faltando cinco días para finalizar el proceso de inscripción de cédulas, "en la relación del número de inscritos por puesto de votación, Barranquilla cuadruplicaba el número de la capital del país, aunque Bogotá tiene una población cinco veces mayor a la de la capital del Atlántico". Bogotá tiene 468 puestos y entre los días 25 y 26 de octubre pasados tuvo un total de 48.884 inscritos, mientas que en Barranquilla, con 84 puestos de votación, alcanzó en los mismos días 34.501. "Es más, el departamento del Atlántico es en donde más inscripciones por cada 1.000 habitantes se presentaron en todo el país, superando en más de dos veces el promedio nacional", destacó Barrios, quien aclaró que el MOE está preparando un análisis más detallado sobre cómo fue el comportamiento de la inscripción de las cédulas en los diferentes departamentos. Explicó que en lo observado en el caso de Barranquilla se pudieron identificar irregularidades tales como diligenciamiento de formularios por fuera de los horarios establecidos para ello. Otro hecho fue que hubo personas inscribiéndose en puestos de votación retirados del lugar en donde residen, "aunque dicha situación no representa delito, en forma masiva podría denotar compra y ventas de votos", sostuvo Barrios. Recordó que a varios de estos puestos los electores llegaban a hacer fila desde muy temprano, "inclusive desde la madrugada, en las que se agolpaban las personas en los puestos de votación; la venta de puestos reflejó el inusitado interés en la inscripción". Los futuros votantes eran movilizados en buses contratados y "una vez desembarcados, su organización para el proceso era controlada por individuos a los que denominan ´mochileros´, que son intermediarios de políticos que buscan favorecerse con la inscripción". Explicó, además, que comprobaron que para la compra de votos se utiliza la fotocopia de la cédula y el certificado de inscripción como constancia de la venta. La directora del MOE además indicó que se denunció que por los días de la inscripción hubo movilización de cientos de electores hacia el departamento del Magdalena, en particular para los municipios de Sitio Nuevo y Palermo. Barrios adelantó que en el análisis que están realizando también ha llamado la atención la inscripción de cédulas en los departamentos de Quindío, Guainía y Guaviare, en donde se incrementaron los reportes de nuevos electores "situación que puede ser explicada, pero no justificada". ADVERTENCIA DE LA PROCURADURÍA La Procuraduría General de la Nación expidió ya una resolución en la que recuerda a todos los funcionarios públicos las inhabilidades y las normas de imparcialidad que deben tener para los comicios del 14 de marzo de 2010. Los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital quedan prohibidos, desde el 14 de noviembre a celebrar convenios interadministrativos que obliguen el desembolso de recursos públicos. También, no podrán "participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, o en las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista". Se recuerda además que no podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos al Congreso de la República. La Procuraduría, además, recordó que tampoco se puede modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad para contratar más personas, salvo en los casos de muertes y los de aplicación de la ley de carrera administrativa. Otras prohibiciones a los empleados del Estado, es la de "acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política". No pueden "favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores".