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La contrarreloj del Consejo Nacional Electoral

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En estos días el enemigo número uno del Consejo Nacional Electoral, CNE, es el tiempo. El país está a dos meses de trazar lo que será su camino político y administrativo en lo local y departamental para los próximos cuatro años, y son muchos los asuntos que debe resolver.

Las elecciones son un proceso en el que se aplican todas las reglas de juego de la democracia. De allí el reto que tiene el CNE y la Registraduría Nacional del Estado Civil para ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral. Sus enemigos en  primera línea son las difíciles condiciones geográficas para llegar a los 1.102  municipios del país y el inacabable conflicto armado que impone, por la vía armada, a sus candidatos para dar vida a fenómenos como la ‘parapolítica’ y la ‘farcpolítica’.

Y aunque el Estado, en su intención de luchar contra ese flagelo, ha conformado una mesa de garantías electorales compuesta por los órganos de control y algunas organizaciones no gubernamentales como la MOE,  “el escenario es exactamente igual”.

Así lo dijo el presidente del CNE, Joaquín José Vives. “Para los anteriores comicios locales tuvimos un millón de cédulas impugnadas, excluimos 400 mil, de todas enviamos copia a la Fiscalía y hoy no se conoce un solo condenado o un proceso vigente por trashumancia Electoral -votantes que lo hacen en lugares diferentes a los de su inscripción-”, aseguró.

“Cada ciudadano que firmó un formulario donde no vivía juró en falso y cada dirigente o promotor que está detrás de ellos también tiene otro delito adicional (…) frustra mucho encontrar que en trashumancia no hemos mejorado y otra vez, cerca de un millón de cédulas fueron impugnadas. Si no hay sanciones estamos perdiendo el tiempo”, dijo.

Otro de los aspectos que deberá regular el CNE es la publicación de las encuestas que presentan las firmas dedicadas a ese oficio. Durante las pasadas elecciones se habló que algunas entregaron los resultados de forma tal que beneficiaban algún candidato. Por eso, esta vez el órgano electoral deberá velar para que ese tipo de sucesos no ocurra.

LAS BATALLAS DEL CNE

Otro aspecto en el que es importante que haya transparencia es la recolección de las firmas. Hasta el momento mucho se ha hablado acerca de que algunos candidatos contrataron empresas para que recogieran las firmas que presentaron para inscribirse como candidatos independientes.

Aunque esa técnica ya fue utilizada para recoger las firmas del referendo reeleccionista del expresidente Álvaro Uribe, varios de los expertos en la materia recomiendan examinar ese asunto más aún con lo sucedido en la capital del Valle del Cauca, donde algunos candidatos les fue cancelada su inscripción por presentar firmas en las que aparecen personas muertas o cédulas que no han sido reclamadas.

En ese sentido ya se escuchan algunas voces de protesta como la del representante del PIN Juan Carlos Salazar, quien afirma que “el solo hecho de que una sola firma no corresponda a lo que está inscrito en la Registraduría, eso quiere decir que hay una falsedad en documento público”.

Por eso es necesario establecer responsabilidades para los candidatos que se inscriben a las elecciones recogiendo firmas de ciudadanos aunque la póliza de garantía que deben pagar se aumentó.

Pero será necesario revisar el asunto de la reforma política que parece dejar sin sanciones a los candidatos inscritos por firmas cuando dice que son únicamente  “los partidos políticos y movimientos (los que) deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como por las conductas de sus directivos consideradas como faltas”.

De hecho, al menos una docena de aspirantes a quienes los partidos les habían negado o quitado los avales, lograron inscribir sus candidaturas a las elecciones a través de cientos de firmas que recogieron en tiempo récord.

Otra situación que el CNE deberá resolver es el futuro de los candidatos que se quedaron sin avales y que entutelaron esa medida. Esa situación actualmente está en evaluación para considerar la viabilidad de esas revocatorias y en los próximos días habrá pronunciamiento.

En el caso de los candidatos que se inscribieron por un partido y que éste les quitó a última hora el aval, el CNE deberá establecer si esa decisión se tomó acorde con la ley, ya que en ninguna parte de la normatividad figura la revocatoria del aval como una facultad de los partidos cuando ya se había dado el visto bueno.

A esto se le suma la violación de los topes electorales, causales de pérdida del cargo o investidura. En ese sentido, Vives dijo que “las normas sobre financiación y publicidad no son un capricho, son una limitante que busca darle las mismas condiciones de oportunidad a todos los ciudadanos, es la menara de depurar una democracia”.

El CNE tiene que vigilar también a los comités promotores del voto en blanco. Los comités que promuevan esta figura buscando la reposición de votos tendrían que adaptarse a unas reglas en las que deberán dar cuentas sobre la forma en que promovieron el voto en blanco.

Por su parte, el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, solicitó al CNE la instalación de tribunales electorales en las zonas de más alto riesgo para los comicios del 30 de octubre.

Estos Tribunales serán los encargados de revisar las quejas y denuncias que se presenten por temas relacionados con la financiación de campañas y publicidad de las mismas.

Así las cosas, los nueve magistrados que conforman la Sala Plena del CNE tienen una dura tarea que afrontar. La credibilidad del organismo estará a prueba.

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Comentarios

mientras no haya partidos

mientras no haya partidos políticos con verdaderos principios va estar este problema.no debe de haber mas de 3 partidos. izquierda, derecha, centro. aquí lo que hay es un negocio, para saquear al estado.muestra de ello que unos aspiran en una elección por un partido y pasado un tiempo se puede pasar para otro.las leyes son hechas para pasársela por la faja, no para bien común.