La decisión sobre pensiones sería salomónica

Argumentos de peso, a favor y en contra de que puedan existir pensiones oficiales que superen los 25 salarios mínimos mensuales (es decir, 14,7 millones de pesos), fueron debatidos durante la audiencia de esta semana sobre el tema, en la Corte Constitucional. No hay certeza de hacia dónde se inclinará la balanza de ese tribunal para tomar la decisión, aunque las cosas parecen ir hacia una ‘solución salomónica’.
Muestra de ello fue que los cinco magistrados de la Corte Constitucional: Jorge Pretelt (ponente), Mauricio González, Eduardo Mendoza, Alexei Julio y Luis G. Guerrero, en cuyas manos está el tema, no pudieron adoptar una determinación al respecto en la tarde del jueves, cuando se reunieron para intentar emitir un fallo. Eso los obligó a fijar una nueva sesión para el próximo miércoles a las 9:15 de la mañana.
“A partir del 31 de julio de 2010 no habrá regímenes especiales, ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la Fuerza Pública, al Presidente de la República…;”, dijo el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, al citar el Acto Legislativo 1 de 2005, para recordar que “las pensiones ya causadas tienen la protección del ordenamiento jurídico, pues son derechos adquiridos”. Eso fue lo que más caló en la audiencia, al punto de arrancar aplausos de los asistentes.
Sin tomar una postura definitiva, en esa misma dirección apuntó la Contralora General de la República, Sandra Morelli: “Creo que el trabajo de la Corte será muy sano y útil y ayudará a definir la vigencia de los regímenes pensionales. Situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos (Art. 48 de la Constitución) los cuales están allí; pueden implicar un impacto alto, pero están allí y son reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico”, indicó la funcionaria, al dejar entrever lo perjudicial que sería que el fallo de la Corte se aplicara de manera retroactiva, porque le podría abrir puerta a una cascada de demandas.
El dilema de los cinco juristas está en determinar qué derecho tiene más peso: La igualdad entre el 1’643.053 pensionados del país; o los derechos adquiridos de los 1.032 jubilados cuyas mesadas, según el Ministerio de Trabajo, superan los 35,73 salarios mínimos en promedio, es decir, $20’248.514; todo eso, además, contemplado frente a la sostenibilidad fiscal.
Estos son algunos de los aspectos sobre los cuales girará la decisión de la Corte Constitucional en materia de pensiones millonarias:
LA DECISIÓN
Versiones no oficiales dan cuenta ya de acuerdos al interior de la sala plena de la Corte Constitucional, donde la postura que gana terreno, y por lo mismo la que se adoptaría, sería reconocer las mesadas existentes, frenar nuevos reconocimientos exorbitantes y ordenar al Congreso legislar para hacer claridad sobre las normas aplicables en casos definidos.
La decisión iría más allá, pues se establecería claramente la problemática puesta en blanco y negro en la audiencia pública. En ese sentido se propone hacer un contundente llamado al Gobierno Nacional para que busquen los mecanismos que permitan ampliar la cobertura, abolir la contratación irregular, propender por la formalización del trabajo y cumplir con los pagos a todos los jubilados. Inclusive, se analiza la posibilidad de fijar plazos para que estos aspectos se empiecen a cumplir.
Estos avances, se rumora, buscarían lanzar un mensaje al Ejecutivo para que analice muy bien el contenido del proyecto de ley de reforma pensional que será radicado en el Congreso de la República por el ministro Rafael Pardo a mediados de marzo próximo, que ha generado muchas expectativas acerca de si se incrementará la edad para acceder a la pensión, o si se amplían las semanas de cotización. Ese temor existe pese a que Pardo ha señalado que esas dos posibilidades no están contempladas, porque se podría reducir la cobertura.
No en vano el presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas Rincón, dijo en su intervención del jueves estar “convencido que los representantes de la Asociación de Pensionados del Congreso van a poder dormir tranquilos”, comentario que no hay que desechar, no sólo por la dignidad que ostenta Vargas, sino porque él es miembro de la Sección Segunda del alto tribunal, donde se analizan precisamente los temas laborales y pensionales.
PENSIONES EN NÚMEROS
Según las cifras entregadas por los ministerios de Trabajo y de Hacienda, la inequidad y la desigualdad en este aspecto son rampantes, al punto de considerar a Colombia como el séptimo país más desigual del mundo, según el Banco Mundial. Según Hacienda, los grandes problemas del sistema son: la cobertura, la sostenibilidad y la equidad.
Hoy en el país, 1’643.053 personas están pensionadas. De estas, 695.351 cuentan con una mesada de 1 salario mínimo legal mensual vigente (smlmv, 42,3 %); 424.096 con una de entre 1 y 2 smlmv (25,8 %); 350.099 ganan entre 2 y 4 smlmv (21,3 %); 148.572 están en el rango de entre 4 y 10 smlmv (9,0 %); 22.663 ganan entre 10 y 20 smlmv (1,4 %); y en el rango de más de 20 smlmv hay 2272 personas, lo que equivale al 0,1 %. Tan solo 1032 jubilados sobrepasan los 25 smlmv.
Según Álvaro Ramírez Rivera, representante del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, “hoy hay 2360 pensionados, de los cuales 626 tienen pensiones de más de 25 smlmv (35,2 %), es decir, 20 millones de pesos”; añade que “esos 626 le cuestan al fondo $12.300 millones mensuales, monto que tiende a decrecer por el paso de los años y los decesos, etc.”.
Otro de los datos entregados por el Fonprecon dan cuenta de que en la actualidad solo hay 27 hombres y 11 mujeres con posibilidad de pensionarse con más del tope fijado por el Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que señaló: “hemos considerado que dado el esfuerzo financiero que realiza el fondo, no hay riesgo de que se dé un colapso pensional por las mesadas de los congresistas”.
De la misma manera, el funcionario recalcó que ante las versiones sobre el reconocimiento de tiquetes aéreos para el cálculo de las pensiones, entre otros aspectos, si bien es cierto esas irregularidades se dieron, “eso ha cambiado”, y añadió que las versiones que se han conocido en ese sentido en los últimos días son producto de “una mala interpretación”.
A pesar de estos argumentos el Ministerio de Trabajo insistió en que a pesar de los cambios introducidos en 2005 para frenar desmanes los “generosos beneficios en los regímenes de transición” persisten.
En ese sentido señaló que cuando las pensiones se liquidan, no con base en el promedio de los últimos 10 años laborados, sino con el promedio del último año, las mesadas se incrementan hasta en un 47 %, generando sobrecostos que oscilan entre $11,7 y $20,1 billones de 2010.
Esta preocupación se ve acentuada al tener en cuenta que tan solo el 28,7 % de la población económicamente activa (22’824.681) y el 31,9 % de los colombianos ocupados (20’555.411) destinan una porción de sus ingresos a ahorrar para la vejez.
A esto se suma lo dicho por la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, quien señaló al inicio de la semana que con los excedentes de esas pensiones que superan los 25 salarios mensuales se podrían pagar 3 mil pensiones de un salario mínimo.
FRASE
“Mientras más alta la pensión, más alto es el subsidio del Estado, por lo que no hay un efecto redistributivo”: Rodrigo Pardo.
DATOS DEL SISTEMA PENSIONAL
- Una persona que cotiza toda su vida laboral (1.300 semanas) sobre 1 SMMLV, ahorra $51 millones, y el monto necesario para financiar su pensión de salario mínimo es de $139 millones (tasa de reemplazo: 100%). El Estado subsidia $88 millones y la persona aporta $51 millones (37%)
- Una persona que cotiza toda su vida laboral (1.300 semanas) sobre 2 SMMLV ahorra $102 millones, y el monto necesario para financiar su pensión de 1,3 salarios mínimos ($756.089) es de $178 millones. El Estado subsidia $76 millones y la persona aporta $102 millones (57%)
- Una persona que cotiza durante los últimos 10 años de su vida laboral sobre 10 salarios mínimos y el resto lo hizo sobre 5, ahorra $292 millones. El monto necesario para financiar su pensión de 5,2 salarios mínimos ($3.064.428) es de $720 millones. El Estado subsidia $428 millones y la persona aporta $292 millones (41%).
- Una persona que cotiza durante los últimos 10 años de su vida laboral sobre 25 salarios mínimos y el resto sobre 12,5 SMMLV, ahorra $730 millones. El monto necesario para financiar su pensión de 11,8 salarios mínimos ($6.939.859) es de $1.631 millones. El Estado subsidia $901 millones y la persona aporta $730 millones (45%).
UN REGIMEN
Hace 20 años en Colombia se hablaba de 51 regímenes pensiónales diferentes, uno de ellos el de la Rama Judicial. Esto había creado inequidades e injusticias pues mientras una persona se pensionaba a los 60 años, otra lo hacía con apenas 45, sin tener razones significativas que sustentaran la diferencia.
Fabián Hernández, profesor de postgrados de la facultad de Economía de la Universidad de la Sabana y experto en el tema explica que mediante la Ley 100 de 1993 se buscaba unificar dichos regímenes y reducirlos a uno solo. Ahora, los colombianos solo tienen dos opciones: los fondos privados y el seguro social, hoy en liquidación, que será reemplazado por Colpensiones.
Sin embargo, para no afectar derechos adquiridos se permitió que los antiguos afiliados siguieran bajo sus regímenes, mientras se aplicaba el llamado régimen de transición.
Hoy existen 5 administradoras privadas de fondos además de Colpensiones, entidades que manejan “una única forma de pensionarse, con varias modalidades pero sin esas excepciones ilógicas de otras empresas”, aclara el docente.
“Eso significa que lo que se buscaba en 1993 con la ley 100, finalmente debió suceder a partir del 31 de julio de 2010, tras la expedición del acto legislativo 01 de 2005. Lo cual supondría que ahora todos los colombianos nos pensionamos bajos los mismos parámetros, a excepción de las Fuerzas Militares y el presidente de la República”, resalta Fabián Hernández, para quien a pesar de ello, no sucedió así.
A pesar de que la Ley 100 establecía tres condiciones para pensionarse: edad mínima, número de semanas cotizadas y un cálculo promedio de los salarios de los últimos 10 años, en algunos casos de magistrados recurrieron a demandas y tutelas alegando violaciones a sus derechos adquiridos.
Ante este panorama la Corte Constitucional llegó a la conclusión de que la Ley 100 no aplicaba a la Rama Judicial y se mantuvo lo consignado en la Ley 4 de 1992, la cual básicamente decía dos cosas “que la pensión de estos funcionarios se calculaba sobre el mejor salario del último año y que el tope de 25 SMLMV no tenía validez (para magistrados). La interpretación de la Corte fue que la Ley 4 era especial, por lo que no podía tener menos validez que la Ley 100. Absurdo, porque la ley de seguridad social que vino a reformarlo todo, no los pudo tocar”, explica el especialista.
En varias ocasiones se ha discutido la posibilidad de que esas pensiones que debían estar en 10 millones, superaron los 20, por lo que fueron consideradas fraudulentas por la forma en que se obtuvieron. “A personas de juzgados pequeñitos los llevaban a trabajar un mes como magistrados auxiliares y pasaban de ganar $2 millones a de hasta 15 millones”, según ilustra el experto.
“Si se les comprueba que hubo fraude podrían exigirles una devolución del dinero adicional; es decir, si se demuestra que el nombramiento temporal de dichas personas no tenía relación con la necesidad del cargo y que su nombramiento se hizo por intereses particulares que a la postre beneficiaban sus pensiones”, puntualizó Fabián Hernández.
De no ser así, no se les podría exigir ninguna devolución porque fue un juez de la República quien determinó sus derechos. “Podrían recalcular las pensiones y bajarlas pero si no se demuestra que hubo apropiación indebida del dinero, a nadie se le puede pedir que devuelva los excesos”.
Para Hernández la respuesta que se está esperando de la Corte Constitucional es un estudio profundo de la situación que determine si es o no necesario cambiar el sistema.
Sin embargo, el experto explica que en un país donde se pensionan más de 1’300.000 personas, el que la ministra de Justicia diga que con lo pagado en exceso se cancelaría las mesadas, equivalente a un salario mínimo, a 3 mil personas, no es un efecto importante para la economía nacional.