Los efectos más publicitados de la Reforma Política sancionada por el presidente Santos tienen que ver con las inhabilidades que tendrían algunos candidatos a alcaldías y gobernaciones que se inscribirán respaldados por firmas.Pero también hay otras dudas con respecto a las elecciones de octubre próximo, entre ellas los plazos de inscripción y el calendario electoral, todo por una interpretación tajante de la aplicación de las nuevas reglas.
Normalmente, cuando se aprueba una reforma que cambia en alto grado la normatividad, se establece un período de transición antes de que las nuevas reglas de juego se apliquen a plenitud.
Y esa es la teoría de reconocidos constitucionalistas, como José Gregorio Hernández Galindo, quien considera que los candidatos que han seguido los procedimientos vigentes para inscripción y participación en el debate electoral no deberían ser cobijados por los cambios que introduce la Reforma.
El asunto es que ni el Consejo Nacional Electoral ni el Consejo de Estado se han pronunciado de manera clara al respecto, lo que obligó al Ministro del Interior a elevar una consulta a este último tribunal, para que emita un concepto que dirima las múltiples interpretaciones que han surgido, que tendría fuerza vinculante, es decir que podría ser acogido por el Gobierno para aplicarlo.
Sin embargo, una demora aun de pocos días en la entrega de tal concepto por parte del Consejo de Estado, provocará confusiones perturbadoras del proceso, pues un buen número de candidatos sigue sin saber si su aspiración es legítima o no.
La exigencia a los candidatos que se apoyaron en firmas de ciudadanos, de ser inscritos por un comité de tres personas que debe registrarse ante la autoridad electoral al menos un mes antes de la fecha de cierre de la inscripción y antes de empezar a recoger las firmas, sería imposible de cumplir, pues queda menos de un mes de plazo, de manera que sería absurdo y en cierta forma discriminatorio y restrictivo que se aplicara sin atenuantes.
Muchas fallas se le han señalado a la Reforma Política y, en justicia, exigencias como el comité para la recolección de firmas no parecerían contribuir a que el debate electoral se vuelva más transparente y honrado. Tampoco es comprensible para muchos que se permita la inscripción de candidatos a alcaldías y gobernaciones por una coalición de grupos, por sus efectos negativos en el fortalecimiento de los partidos como cimientos de la democracia.
Sin embargo, lo que ahora está en discusión es el tiempo de aplicación de las nuevas reglas de juego político, una discusión que no es sólo procedimental, porque muchas candidaturas se verán afectadas por la decisión final, entre ellas las de algunas personas valiosas y honestas.
Es lamentable, eso sí, que el debate electoral se haya apartado de las propuestas para centrarse en asuntos de procedimientos y requisitos que no son de la esencia misma de la democracia, sino de la mecánica de las campañas, por lo que esperamos que una vez se haya dirimido el asunto de la aplicación de las nuevas normas, se regrese a discutir los temas de fondo.
NOTICIAS RECOMENDADAS
Comentarios ()