La reforma rural es una prioridad para el país

Una evidente problemática en la aplicación de las leyes agrarias han advertido no solo los gremios o los productores, sino también sectores del Gobierno Nacional, como es el caso de la Superintendencia de Notariado y Registro que a través de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras ha identificado las problemáticas más recurrentes en propiedad y titulación del suelo en el país.
La adquisición de predios agrícolas por parte de grandes grupos empresariales desató un debate con respecto a la tenencia de la tierra que más allá de evaluar la legalidad o ilegalidad de los hechos debe aprovechar el momento para preguntarse cuál es el modelo productivo que perseguirá el país para los próximos años.
El pasado 24 de junio el presidente, Juan Manuel Santos, anunció que su Gobierno adelantaría una reforma rural integral donde habrá cabida tanto para los campesinos, como para los inversionistas “que nos permita a los colombianos aprovechar una coyuntura internacional como nunca antes”. De hecho, aseguró que tomará medidas para aumentar la productividad del campo ahora que “el mundo está pidiendo alimentos y de los pocos países que está en capacidad de producirlos es Colombia”.
Santos criticó la adquisición de lotes que eran baldíos y se habían asignado a los campesinos por parte de algunos grupos empresariales. “Los empresarios honestos deben estar tranquilos porque solo les vamos a quitar las tierras a aquellos que han cometido delitos, que se han hecho a las tierras de forma indebida”, indicó, al tiempo que anunció garantías para los inversionistas y los llamó “indispensables”.
Ante esta situación, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, pidió que el país le busque sentido a la asignación de las tierras y decida si prefiere terrenos despoblados o en producción, por lo que invitó a abrir una discusión sobre propiedad vs titularidad y a definir el modelo de desarrollo que se perseguirá en cada región: minifundista o latifundista.
El funcionario advirtió que más allá del tema de la acumulación hay una serie de artimañas que las personas (empresarios o no) se han inventado para robarle los baldíos al Estado, por lo que sugirió que se evalúe el proceso desde la adjudicación y no desde la compra de algunos empresarios a bienes de campesinos. “Hay que mirar si a Vichada la están poblando los campesinos y decidir qué vamos a hacer con las demás tierras y preguntarse qué es más ilegal: engañar al Incoder para ganarse unas hectáreas o vendérselas a unos empresarios que son los que verdaderamente están generando el empleo en la región”, dijo.
Vélez también se refirió al hecho de que actualmente no todos los propietarios de lotes que eran baldíos son campesinos, sino que en ocasiones se trata de citadinos que nunca han vivido en la zona pero se hicieron “al negocio de sus vidas y no les importan los proyectos productivos”. En ese sentido aseveró que los empresarios sí buscan crear proyectos rentables de largo plazo y sí tienen concepción de desarrollo, lo cual recalcó no significa que se permita acumular tierra sino que se definan límites diferentes para proyectos empresariales y familiares.
Otro problema que identifica la Superintendencia es que a pesar de sus esfuerzos, los campesinos tienen dificultad para administrar bien los predios. “Estamos tugurizando el campo porque se les dan tierras a desplazados o falsos desplazados pero no siempre las hacen productivas“, dijo, al proponer que cada proyecto se adelante bajo la asesoría de profesionales, sin negar la importancia de que la tierra quede en propiedad de familias humildes.
Ante dicha situación mostró su descontento explicando que la tierra tiene una función social y que los empresarios no van en contravía a ese fin. Pero finalizó pidiendo que el Gobierno decida quién va a ser el dueño de la tierra para conforme a ello aprovechar los diferentes TLC que se persiguen, los que ya se firmaron y los programas productivos.
Con respecto a la investigación que se sigue a empresas como Riopaila pidió que no se satanice el proyecto. “Le estamos haciendo daño a la economía porque tres mil personas pueden quedar sin empleo, sin contar con que esta es la única forma de competir con países como Canadá o Brasil que han desarrollado toda la cadena de producción de cada producto”, dijo. También se preguntó si seguiremos el modelo de los venezolanos que ya no producen sino que importan “acabando con la economía y sin bases productivas” o de los brasileños que “han hecho productivas tierras en peores condiciones que las nuestras”.
LOS VACÍOS DE LA LEY
Para el Superintendente, el hecho de que existan tres leyes (135 de 1961, 30 de 1988, 160 de 1994) que coexistan y que no son específicas se ha prestado para varias interpretaciones, situación que se empeora con el hecho de que la acumulación de baldíos haya comenzado con la misma Ley del 61. “A pesar de que las otras leyes fueron derogadas se mantiene el concepto de la UAF, pero las empresas involucradas en el enredo tienen abogados que alegan que la Ley no fue clara en decir desde qué año se daba la acumulación considerando que cada normativa cambiaba el límite de la UAF. En Vichada, por ejemplo, la UAF ha sido de 3.000, 1.900 y ahora está en 900. Nadie ha definido el tema y sí se están tirando la pelota”, manifestó.
Actualmente, el Incoder es quien define cuál es el área de la UAF por zonas homogéneas, es decir áreas que tienen las mismas características socioeconómicas y una estructura de los suelos similar para. Sin embargo, el vocero evidencia un vacío en la Ley marco (160 de 1994), especialmente en el artículo 72 (que dice que nadie puede tener más de una Unidad Agrícola Familiar - UAF), el cual además de facilitar la corrupción ha impedido la correcta restitución.
Para Jorge Enrique Vélez la problemática radica en que falta más control en la adjudicación de baldíos por parte del Estado y también seguimiento al uso que se les está dando. Asimismo, llamó la atención para recuperar los lotes baldíos que le quedan al Estado, y que se calculan en tres millones de hectáreas, para asignarles un correcto fin y evitar así que sigan siendo invadidos. “No es salir de ellos sino volverlos patrimonios nacional y más bien entregarlos en concesión a grandes inversionistas que propongan modelos de desarrollo”.
La Superintendencia identificó que entre las estrategias más comunes para acumular tierras están: hacer una sola escritura para varias UAF, que varias empresas de un mismo grupo económico adquieran una UAF y las unifiquen, despojo de tierra y crear sociedades cada una con un NIT diferente para poder acceder al mismo tiempo a varias UAF.
Esta última estrategia fue la utilizada por Riopaila. Al respecto Vélez explicó que es difícil decir que se trata de una estrategia ilegal porque en la oficina de registro figura que cada UAF corresponde a un propietario diferente, por lo que dijo que es la Superintendencia de Sociedades la que debe entrar a definir si corresponden o no al mismo grupo empresarial, si hay trampa a la ley 160, si hay acumulación, si se puede decir que son empresas de papel o una simulación y si se debe proceder a liquidarlas o unificarlas en grupo empresarial.
“Nosotros presumimos una buena fe pero cuando se ve un delito claro se notifica a la Fiscalía”, indicó el Superintendente, “pero cuando vemos un grupo empresarial trabajando, generando empleo y sin una ilegalidad manifiesta le pedimos al Ministerio de Agricultura que sea quien evalúe la situación ya que el único ente que puede poner la demanda de nulidad es el Incoder”, concluyó.
Por ello Vélez coincide con el presidente, Juan Manuel Santos, en la necesidad de hacer una nueva ley al encontrar que las que rigen en la actualidad “no son acordes al modelo actual del país ni al proyecto de paz”, a pesar de que reconoció que este gobierno “ha hecho esfuerzos grandes por la tierra”.
Un lote baldío es un área que nunca ha salido de la titularidad del Estado. En el caso de las rurales una política del Gobierno Nacional ordena atribuirlas a la población más vulnerable para que inicien proyectos productivos: campesinos, negritudes e indígenas. A los primeros se les titula a través de Unidades Agrícolas Familiares (UAF),que son el área que se calcula da a una familia los medios para subsistir, a las negritudes a través de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras y a los indígenas por medio de Resguardos. En cualquier caso ninguna persona puede tener más de una UAF según la Ley 160 de 1994, aunque sí puede vender el lote al otro día de habérsele adjudicado porque en ese momento pasa a ser propiedad privada.