Las denuncias del Concejo son infundadas: Olga Acosta

Concejales insisten en que serán los organismos de control los encargados de verificar si existe o no alguna irregularidad en los hechos denunciados en la Corporación. En una entrevista con El Universal, la directora de la Escuela de Gobierno, Olga Acosta, respondió a las acusaciones que se hicieron en el Concejo Distrital sobre presuntas irregularidades en su institución. Las denuncias y las supuestas pruebas, fueron puestas en conocimiento de los organismos de control, durante la sesión del martes en la corporación distrital, las cuales la Directora de la Escuela de Gobierno considera que son infundadas. Contrato con Digiprint Sobre la supuesta celebración indebida de contrato con la empresa Digiprint, Olga Acosta aclaró que nunca se ha hecho contratación de capacitación con entidades que no ofrezcan este servicio. A la vez, explicó que los rubros destinados para contratos de capacitación, incluyen la logística y materiales necesarios para que esta se realice, es decir, se contrata todo el proceso de formación, donde está el material visual, cartillas, entre otras cosas. “Además esa empresa la contratamos después de hacer un estudio de mercado, donde participaron varias empresas que ofrecen lo mismo, y al hacer la cotización ellos fueron los únicos en brindar lo que necesitábamos, a mejor precio y calidad. Esa información estuvo colgada en la Web de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, lo que garantiza que no hubo nada debajo de la mesa”, dice Olga Acosta. Asegura también la Directora que ella no interviene en el proceso previo para este tipo de contratos. “Efectivamente mi hija sí trabaja en esta empresa pero su cargo es de Diseñadora Gráfica, no vendedora o representante legal de la misma”, sostiene. Por estas razones, -afirma- no ve la necesidad de contratar con otra empresa, por más dinero, simplemente porque su hija trabaja ahí. Este juicio lo emite como integrante del comité de transparencia e impulsora del pacto ético en la ciudad. Sobre el material publicitario, del cual presentaron una supuesta prueba según la cual no ingresó al almacén del Distrito, Olga Acosta dice que evidentemente no ingresó porque lo recibieron en la Escuela de Gobierno. Contrato con Valkater El Concejo corroboró a través de investigaciones en la Cámara de Comercio que la empresa Valkater aparece registrada en una dirección en el barrio Manga, específicamente en la casa 61 de la Urbanización Villa Venecia, en la que según averiguaciones de El Universal, reside una familia de apellido Figueroa. Sobre el asunto, la Directora de la Escuela de Gobierno dice que ya se ha debatido ampliamente sobre otras contrataciones que el Distrito ha realizado con Valkater, pero que en esta oportunidad la empresa presentó certificaciones de que ya había trabajado en procesos similares a los que la institución necesitaba. “Cuando ellos presentaron la propuesta me parecieron excelentes las hojas de vida de quienes harían las capacitaciones, y como interventora del contrato, velé porque éste se ejecutara bajo las condiciones que pusimos. No estaba interesada en conocer el espacio físico sino que cumplieran con los requisitos que exigía como Escuela de Gobierno”, sostiene. Así mismo, asegura que Valkater sí incluye los procesos de formación dentro de su amplio objeto social. La Directora de la Escuela de Gobierno afirmó que estas acusaciones no la distraerán del trabajo que viene realizando para lograr que siga creciendo ese 78% de imagen favorable que tienen los cartageneros sobre la entidad, según la encuesta de percepción de Cartagena Cómo Vamos. Contratos millonarios Con relación a los presuntos contratos por más de 100 millones de pesos con Carlos Ardila González, de los cuales se hizo referencia en el Concejo como una “indelicadeza” por parte de la Administración haberlo hecho con una sola persona, Olga Acosta también entregó su explicación. La Directora de la Escuela de Gobierno aseguró que únicamente hicieron un contrato con esta persona por valor de $19.500.000 por su experiencia en veeduría y participación ciudadana, algo que se le reconoce en el nivel Nacional. Sobre el particular, Carlos Ardila le dijo a El Universal, que de ese valor solo ha recibido el 50%, ya que el contrato aún se encuentra en ejecución. A través de un comunicado, Ardila González explicó que no es cierto que se tratara de programas radiales de una hora; “en una primera etapa se desarrollaron 9 capacitaciones de dos horas cada una, sobre Liderazgo eficaz, Control social, Derechos de petición, Procedimientos parlamentarios, y otros temas orientados a los líderes cívicos y comunales, realizadas por expertos en cada uno de ellos. Y en una segunda etapa, aún sin ejecutar ni pagar, se realizará un evento presencial con voceros de las organizaciones populares, a cuyos miembros, por intermedio de los asistentes, se les entregarán mil folletos cuya redacción, edición e impresión también están incluidos en el valor pactado”. Sobre los otros contratos que se mencionaron en el Concejo, Carlos Ardila aclaró que sí los ha realizado, pero no por tal cantidad. Según informó a este matutino, concluye que los que tiene son cercanos a los 70 millones de pesos, de los cuales algunos están vigentes y por eso no se han pagado en su totalidad. Finalmente, anunció que había solicitado al Concejo Distrital fotocopia del acta de la sesión del martes, con el fin de aportarla como prueba de las calumnias e injurias proferidas en su contra por el concejal Alberto Osorio. “En absoluto considero que tenga algún problema por tener estos contratos, puedo demostrar que en Administraciones anteriores ganaban mucho más por servicios que no prestaban como limpieza de caños, pavimentaciones, entre otras cosas, las cuales están denunciadas”, puntualiza Carlos Ardila. Las acusaciones Para el concejal Antonio Quinto Guerra Varela, miembro de la bancada citante, el debate de control político ya se hizo en la corporación distrital, y a su juicio en esa sesión no se demostró que lo afirmado por él era falso. “Quedaron demostradas las irregularidades a las que se hizo referencia en materia de contratación, el indebido interés en la celebración de los mismos, hacerlo con una empresa de garaje y sin capacidad resolutiva, entre otras cosas. ¿Será ético y moral favorecer una empresa donde los trabajos los realiza la hija del contratante?”, dice el Concejal. Así mismo anuncia que con el acerbo probatorio, serán la Procuradora Provincial, el Contralor y la Personera distrital, quienes definirán si hubo o no irregularidades. “Tal documentación se le acompañará con el acta correspondiente del debate, a los organismos de control. Igualmente se formularán las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General”, concluye Guerra Varela.