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Legislación y control político en el Concejo

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En esta semana que finaliza, el Concejo Distrital realizó sesiones importantes en desarrollo de su trabajo en materia legislativa y en el ejercicio del control político.

En cuanto a lo legislativo, en la sesión de ayer se realizó la audiencia pública de cuatro proyectos de acuerdo que cursan en la corporación por iniciativa de la Administración Distrital.

Ellos son el Proyecto De Acuerdo No.  129, “por medio de la cual se establece el Comparendo Ambiental creado por la Ley 1259 de 2008 en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, y se dictan otras disposiciones”.

Con esta iniciativa se obligaría, en primera instancia, al infractor a realizar actividades de carácter educativo y para reincidentes sanciones pecuniarias con el fin de empezar a cumplir la normatividad de buenas disposiciones de basuras y desechos, incluidos escombros.

Otro es el Proyecto De Acuerdo No.  130, “por medio del cual se institucionaliza el uso de  Sistemas de Gestión de Calidad e Información para la gobernabilidad (Sigob), en el Distrito de Cartagena de Indias D. T. y C., y se dictan otras disposiciones”.

Como justificación a esta iniciativa, agrega que este sistema permite hacerle seguimiento a todas las acciones de la Administración, contempladas en el Plan de Desarrollo, así como peticiones de la ciudadanía y otras informaciones públicas que pueden revisarse a través de la página web de la Alcaldía de Cartagena.

También el Proyecto de Acuerdo No.  131, “por el cual se efectúa una adición en el Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2011”.

El objeto de esta iniciativa es incorporar al presupuesto, $954 millones con una destinación específica, la adecuación final del estadio de Fútbol Jaime Morón para el campeonato mundial juvenil de la FIFA, de acuerdo a la solicitud elevada por el Distrito ante la Comisión de Seguimiento de Obras en los estadios y aprobada por Coldeportes Nacional.

Finalmente, estudian el Proyecto de Acuerdo No.  132, "por el cual se otorgan facultades a la Alcaldesa de Cartagena para celebrar operaciones de crédito público y asimiladas hasta por la suma de 60.000 millones de pesos, con el fin de invertir en la reparación de la malla vial y otras obras de infraestructura, en las tres localidades de la ciudad”.

Opinan

Sobre el curso de estas cuatro iniciativas, el concejal de la U, Lorenzo Hodeg, expresó que entre los de mayor interés esta el del comparendo ambiental, toda vez que considera que hay que revisarlo bien porque de su efectividad depende su aplicación, por lo que, agrega, que hay que revisarlo bien para darle ‘dientes’ y así aplicar las sanciones correspondientes.

Lorenzo Hodeg se refirió también al crédito de hasta 60 millones de pesos para invertir en vías, considerando que se le deben dar prioridad a las vías que utilizarán los vehículos como rutas complementarias de las que utiliza Transcaribe.

Control político

Así mismo, durante la semana, los concejales solicitaron una explicación sobre lo relacionado con el contrato que se realizó a finales del año pasado, entre el EPA y el Consorcio unión temporal Censo Arbolar Cartagena, para establecer el Censo Urbano de árboles en la ciudad, mediante la implementación de un sistema de información geográfico, el cual se hizo por valor de $614.489.000.

Para responder por las dudas, los concejales invitaron a la exdirectora del EPA y hoy asesora Ambiental Ruth Lenes.

El concejal William Amín insistió en que el contrato tenía irregularidades,  inconsistencias y dijó que no hubo transparencia ni publicidad en el proceso de contratación.  Además el concejal Lorenzo Hodeg insistió en que si este se hubiese hecho con alguna Universidad, los costos hubiesen sido más bajos y cuestionaron la conveniencia de invertir estos recursos en un censo de arborización, teniendo problemas “más urgentes”, como los relacionados con la ola invernal.

Al respecto, Ruth Lenes dijo que era pertinente hacer este trabajo, el cual estaba  consignado como meta en el Plan de Desarrollo.

La funcionaria agregó que el proceso estuvo dentro de lo establecido por la ley de contratación y afirmó que el censo tenía unas especificaciones técnicas que no las podía cumplir cualquier contratista.

Ruth Lenes dijo también que por sugerencia de sus asesores legales, no publicó los estudios previos del contrato antes de iniciarse el proceso de contratación, por tal motivo se publicaron el 18 de diciembre, es decir, una fecha posterior.

Ante esto, el concejal Antonio Quinto Guerra explicó que estos no pueden ser publicados después del proceso, ya que por su naturaleza deben presentarse antes, tal y como está consignado en la Ley de contratación pública.

Por su parte, Lorenzo Hodeg sostuvo que es “sospechoso” que el nombre del Consorcio sea similar al  objeto del contrato, lo que le hace pensar que el mismo pudo haber sido acomodado al contratista.

En una proposición final, los concejales le pidieron a la actual directora del EPA, Cecilia Bermúdez, que suspenda o anule el contrato con este consorcio, puesto que para los miembros de la corporación, quedó evidenciado que existen serias irregularidades en el proceso. Por último solicitaron enviar copia del acta de la sesión a los órganos de control respectivos, para las correspondientes investigaciones. 



 

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