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Ley de Inteligencia fue aprobada en último debate

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La ley de inteligencia y contrainteligencia fue aprobada en su último debate este martes por el Senado de la República y ahora solo se espera que sea conciliada con la Cámara de Representantes para pasar a sanción presidencial.

Según informó el ponente de la iniciativa, el senador liberal Juan Manuel Galán, esta iniciativa plantea un nuevo marco de ordenamiento jurídico con el cual "se establecen prioridades, tareas, áreas de trabajo y una clara definición jerárquica de quiénes ordenan las actividades de inteligencia que también serán los responsables de estas labores que, en ningún caso, se podrán realizar sin autorización judicial".

Así mismo, Galán informó que los organismos de inteligencia y contrainteligencia no podrán actuar "sin dios ni ley", ya que la iniciativa brinda "un ordenamiento jurídico que les establezca prioridades, tareas, áreas de trabajo, saber a quién le rinden cuentas, saber quién autoriza esas actividades y en el marco de qué política están definidas".

Otra de las medidas que establece la ley, es que se creará una comisión legal parlamentaria que será la encargada del control político a las actividades de inteligencia, además tendrá acceso a los gastos reservados para verificar que esos fondos se gasten de forma adecuada, que no haya abusos y que se puedan citar funcionarios de organismos de inteligencia para que rindan cuentas sobre sus actuaciones. 

Dicha comisión tendrá además la función de reunirse con la Junta de Inteligencia Conjunta que es la que reúne a todos los organismos que realicen ese tipo de actividades y velará porque estén coordinados.

Otro de los aspectos importantes de la ley, es que será el presidente de la República quien liderará el proceso y será el primer responsable de la inteligencia en el país. A su vez, el ministro de Defensa será quien presidirá la referida junta de inteligencia conjunta y quien reunirá a los organismos autorizados para ese tipo de actividades.

Un punto álgido que desde un principio preocupaba a la prensa, era la posible mordaza que la iniciativa podría poner a los medios de comunicación en su tarea de informar. Sin embargo, la medida incluye un artículo que garantiza a la libertad para recibir y publicar información sin recibir sanciones.

No obstante, otro artículo plantea que con el fin de proteger la información de inteligencia, quien la filtre, sin importar el destinatario, tendrá una pena de hasta cuatro años de prisión, lo cual puede afectar a las fuentes periodísticas que en su momento destaparon el escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS.

 

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