En coincidencia con la visita a Colombia del secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, el presidente Juan Manuel Santos firmará el viernes la llamada Ley de Víctimas que busca reparar a unas cuatro millones de víctimas del conflicto armado y devolver y titular millones de hectáreas a sus legítimos dueños.
Ban llegará a Bogotá en una visita de dos días como parte de una gira que también lo llevará a Argentina, Uruguay y Brasil. El acto de sanción de la ley, aprobada por el Congreso en mayo, será el viernes por la tarde.
Sin embargo, la ley recién entrará en vigencia en junio de 2012, cuando debería estar redactado el reglamento que establezca topes a las indemnizaciones, entre otros asuntos, explicaron funcionarios del gobierno.
Analistas, funcionarios y políticos consultados por AP coincidieron en señalar que los mayores retos de esta ley, calificada de “histórica” por Santos porque es la primera que une y amplía normas para reparar a las víctimas, consisten en asegurarles a esas víctimas la no repetición de los hechos violentos, por parte de viejos y nuevos actores armados, y en garantizar la seguridad a quienes se les haya restituido sus tierras.
El asunto de la seguridad no es tema menor porque según grupos no gubernamentales como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), al menos 48 líderes de grupos que reclaman la devolución de sus terrenos han sido asesinados entre 2002 y 2011.
El senador del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo, Luis Carlos Avellaneda, agregó entre los desafíos de la ley cómo se obtendrán los fondos para financiarla. Según estimaciones de legisladores y el gobierno la ley demandará al menos 20.000 millones de dólares en los próximos 10 años.
“Nosotros tenemos una alta deuda y un gasto militar muy grande y eso es lo que se privilegiaría. Ya después el gasto social hacia las víctimas quedaría sin un contexto”, dijo el senador Avellaneda.
El congresista hizo énfasis también en la capacidad del Estado para apoyar económicamente y con proyectos de infraestructura a las personas que retornen a sus terrenos.
“Para que puedan retornar tienen que acompañarlos... Las zonas de despojo y de abandono forzado de tierras son unas zonas a las que les falta mucha infraestructura, les falta escuela, centros de salud. Si nosotros no hacemos eso, otra vez van a llegar los despojadores”, aseveró.
Para Carlos Alfonso Velásquez, analista político, la ley carece de una “visión de seguridad prioritaria” que garantice el regreso a las tierras abandonadas.
“Me parece un error que el Ministerio de Defensa haya emitido su política de seguridad (en mayo)...(y) en ninguna parte se habla de la ley de restitución de tierras o de víctimas y menos de la necesidad de reforzar en asuntos de seguridad contra los factores (grupos armados ilegales) que vayan a oponerse a que esa ley se ejecute”, dijo Velásquez.
El ex consejero de paz Daniel García-Peña aseguró que “se requiere toda una política de desarrollo rural, de créditos, de política agraria, que permita que cuando el campesino regrese a sus tierras tenga la posibilidad de que su actividad económica sea rentable y pueda llevar sus frutos al mercado”.
Colombia es una nación con 114 millones de hectáreas disponibles. Según cálculos del ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, en los últimos 25 años al menos dos millones de esas hectáreas fueron robadas por grupos armados ilegales a campesinos e incluso al Estado, al que le fueron sustraídas entre 400.000 y 500.000 hectáreas en procesos fraudulentos en escribanías y registros; y otras cuatro millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de los grupos ilegales.
La meta del gobierno es devolver y titular al menos dos millones de hectáreas en su cuatrienio de gestión (2010-2014). El gobierno ha titulado, desde agosto de 2010, unas 142.000 hectáreas a unas 39.500 familias, según el estatal Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
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