Tras la histórica aprobación en el Congreso de la República de la Ley de Víctimas, se ha vuelto a poner atención a los asuntos que quedan por debatir ahora que esa iniciativa fue aprobada.
Mientras el país estuvo pendiente del trámite de la Ley de Reparación a las Víctimas del Conflicto, muchas de las iniciativas perdieron el interés que esta sí tuvo.
Ahora que fue aprobado ese texto, bandera del Gobierno Santos, son muchas las leyes y reformas constitucionales que siguen su trámite en el Congreso, con la misma intención de marcar el nuevo estilo de la era Santos.
PROYECTOS ECONÓMICOS
La reforma constitucional a las regalías es la principal de ellas. Aunque le quedan dos debates en la Cámara de Representantes para terminar su tránsito por el Congreso, en aquellos departamentos que se verán afectados ya comienzan a sentirse sus efectos, con protestas que han bloqueado vías.
La iniciativa plantea que las regalías de aquellos departamentos que tienen un superávit sean destinadas a las regiones a las que no les entra la misma cantidad de recursos.
En materia económica también se encuentra en trámite la venta de acciones de Ecopetrol, una iniciativa que quiso ser aplicada por el Gobierno con las facultades especiales que le otorgaba la emergencia invernal, pero la Corte constitucional echó para abajo esa figura.
Otro proyecto del Gobierno que genera gran debate, tanto al interior del Congreso como entre los ciudadanos, es el acto legislativo de sostenibilidad fiscal.
Con esa iniciativa se propone que por norma constitucional se incentive el ahorro; sin embargo, algunos sectores han manifestado que el proyecto pone en riesgo los derechos fundamentales, al estar elevado al rango constitucional.
SEGURIDAD CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN
De otro lado, se espera que la próxima semana sea aprobada la ley se seguridad ciudadana que busca reformar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio.
Dicha iniciativa es de vital importancia ya que representa el paso de la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la seguridad ciudadana del presidente Juan Manuel Santos.
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, hizo un llamado a los representantes para que el próximo lunes concurran a votar el proyecto y explicó que “este instrumento les ayudará a los alcaldes, a los gobernadores, a los jueces, a los fiscales, a las autoridades de policía, a tener nuevos instrumentos con los cuales reprimir el delito y las estructuras criminales”.
Con la ley de se seguridad ciudadana, aquellos celulares que sean robados no podrán volver a activarse, también serán castigados los menores delincuentes; el porte ilegal de armas será argumento suficiente para encarcelar a una persona y se penalizaran los paros que obstaculicen vías públicas, entre otras medidas.
De otro lado, la ley de ordenamiento territorial, según el ministro Vargas Lleras, “tendrá los recursos necesarios para darles soporte a los fondos de compensación regional, que se van a convertir en un formidable instrumento para promover el desarrollo y las inversiones a nivel local y a nivel territorial”.
Actualmente dicha iniciativa se encuentra en su último debate en la plenaria de Senado.
RÉGIMEN MUNICIPAL
El congreso también estudia los proyectos de leyes de régimen municipal y régimen departamental. Frente a éste último, el ministro Vargas dijo que la iniciativa “descentraliza en la medida en que se fortalecen los criterios de regiones y departamentos. Está previsto, además, que la Nación podrá desprenderse de muchas funciones que hoy cumple, para que sean asumidas directamente por los departamentos”.
Frente al texto de régimen municipal, el jefe de la cartera política señaló que “aborda numerosos aspectos como las competencias: la funciones, la forma en que los municipios se relacionan con los departamentos y con la Nación”.
LEYES POLÉMICAS
Una iniciativa que ha generado controversia, principalmente en las redes sociales, es la bautizada “ley Lleras”, la cual actualizará en materia jurídica la ley de derechos de autor.
No obstante, Vargas Lleras aclaró que el proyecto no busca criminalizar o encarcelar a los usuarios, a quien descargue por ejemplo un video de YouTube, ni atentar contra la intimidad. A esta le quedan aún tres debates.
Otra no menos controvertida es la llamada contrarreforma política, una iniciativa que nació de un compromiso del Gobierno con la Cámara de Representantes y que, entre otros temas, disminuye la representación de la mujer en el Congreso y establece que los candidatos deberán recibir mínimo 80 por ciento de la reposición de gastos por votos.
En el Congreso de la República también avanza la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión, una iniciativa que le quitará el rango constitucional a la CNTV para que, posteriormente y mediante una ley ordinaria, se cree un nuevo órgano regulador.
EL GOBIERNO NO BAJA LA VELOCIDAD
Todas las anteriores son iniciativas del Gobierno con las que el presidente Santos busca poner en marcha sus cinco locomotoras de la prosperidad.
No obstante, tantos proyectos han dejado de lado las propuestas de los congresistas y algunos se preguntan hasta cuándo el Gobierno tendrá todo el protagonismo al interior del congreso.
Más aún, cuando ya está anunciado que el próximo 20 de julio será radicada la reforma a la justicia.
Aunque se había estudiado la posibilidad de presentarla durante la presente legislatura, finalmente se decidió radicarla a mitad de año, para evitar el riesgo de que se hundiera por no poder cumplir los tiempos requeridos para un acto legislativo.
Esta iniciativa propondrá la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la creación del Consejo Superior Judicial, que estará conformado por una Sala de Gobierno y por una Gerencia de la Rama Judicial. La Sala de Gobierno quedaría integrada por siete miembros: los Presidentes de las Cortes, sus delegados y un delegado de magistrados y jueces.
Así mismo, buscará facultar que la ley regule la competencia en materia de tutelas con el fin de racionalizar el uso de ese instrumento legal y preservar la especialidad.
Además, pretende establecer “la procedencia de tutelas contra providencias judiciales, despejando cualquier discusión al respecto” y propondrá que “las tutelas contra las Altas Cortes se tramiten ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado y esa sentencia de tutela pueda ser revisada por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Así las cosas el legislativo tiene por delante una gran labor. El presidente Santos ha reconocido en repetidas ocasiones el esfuerzo de los congresistas, pero falta por ver si la gasolina dura otro año más.
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