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Ley de Víctimas no cumple con derechos de las mismas: CINEP

Al estimar que la sancionada Ley de Víctimas no da cuenta de todos los derechos que ha reconocido el campo internacional, como por ejemplo que no se obliga al Estado a proveer mecanismos para hallar a las víctimas de desaparición forzada, hacer justicia y corregir los fallos que existen en el proceso de restitución de tierras,  Mauricio García, director del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, afirma que la norma no cumple  integralmente con los derechos que se propuso.

Según García, es necesario hacer un análisis del alcance de la ley más allá del despliegue que ha tenido su aprobación, para determinar si es un instrumento jurídico efectivo para restituir los derechos de cientos de miles de víctimas que hay en Colombia.

“El primer asunto a señalar es la naturaleza de esta normatividad. Como bien es titulada, se trata de una ley por la cual se dictan medidas de atención y asistencia a reparación integral a las victimas del conflicto armado interno y no así de una política que de cuenta de todos los derechos que les han sido reconocidos a las victimas internacionalmente”, indicó.

Para García esto representa que los derechos a la verdad y a la justicia no encuentran un adecuado desarrollo más allá de su enunciación. “Por lo tanto, es necesario situar en su justa medida la capacidad de esta ley para asumir, integralmente, la realización de los derechos de las víctimas de desaparición forzada”.

Un segundo aspecto es que “apenas en el  articulo 139 literal I hay una mención particular a la desaparición forzada, cuando anuncia que una de las medidas de satisfacción será el de ‘contribuir en la búsqueda de los desparecidos y colaborar para la identificación de cadáveres y su inhumación posterior según las tradiciones familiares y comunitarias a través de las entidades competentes para tal fin’”. Para García, resultan desconcertantes los verbos “contribuir y  colaborar”, ya que el Estado, como garante de los Derechos Humanos, no debería “limitar su acción de ayudar sino que su deber es buscar, encontrar e identificar a las víctimas”.

“Es inadmisible, desde todo punto de vista, que Colombia siga desconocido el  paradero de sus habitantes victimas de estos crímenes. Ahora bien, si de satisfacción se trata, el Estado debe proveer todos los mecanismos necesarios y suficientes para desarrollar esta actividad y entregar con la dignidad que se merecen las victimas, los restos de sus familiares junto a un explicación de los hechos, las circunstancias del crimen, los responsables y procurar el acceso de las víctimas a la justicia mediante la investigación judicial y la sanción de los culpables”, aseguró.



LOS PROYECTOS AGROINDUSTRIALES

García también cuestionó el artículo 99 de la norma que se refiere a los predios restituidos y en los cuales existen proyectos agroindustriales instalados. En ese caso, el magistrado que  conozca el proceso podrá autorizar la celebración de contratos entre los beneficiarios, victimas despojadas y los opositores si se prueba que este último está exento de culpa.

Ahora, dice la norma, si el opositor no logra probar la buena fe, “Magistrado entregará el proyecto productivo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para que lo explote a través de terceros y se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la restitución”.

Para García, se está diciendo que aquellas tierras que actualmente están siendo explotadas por proyectos agroindustriales, “sea esta explotación producto o no de acciones delictivas, seguirán teniendo el mismo uso mas allá de la voluntad de las victimas a quienes pertenecen”. 

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