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Ley de Víctimas, a punto de convertirse en realidad

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En menos de tres semanas el Congreso de la República estará aprobando una de las leyes más trascendentales de la historia de Colombia; por la cantidad de personas que se beneficiarán de ella (más de cuatro millones), por el alcance de reparación que tendrá y por tocar el tema que más ha preocupado a la Nación, la violencia interna. Es la Ley de Víctimas.

Ha sido un proyecto que generó polémica desde el momento de su presentación, en el segundo semestre del 2010. Fue radicado por el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos en apoyo de todos los partidos políticos (incluyendo los de oposición). El primer tema que levantó ampolla fue el alto costo fiscal, que es de más de 44 billones de pesos, para reparar a víctimas en los 10 años de vigencia.

La futura norma legislativa se ha abierto paso entre fuertes críticas, las principales de ellas lanzadas por el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, quien ha expresado su malestar por ese tema del costo y ahora porque se incluyó el reconocimiento que Colombia es un Estado con conflicto armado vigente, a lo cual él se opuso en sus ocho años de mandato.

A falta de su último debate, el cuarto, la Ley de Víctimas se empezará a discutir en la plenaria del Senado en la semana que entra y antes de finalizar mayo habrá salido a la espera de que sean conciliados los textos en las respectivas plenarias y tener su sanción en junio próximo, tal vez en el marco de la visita al país del secretario general de la ONU Ban Ki-moon.

Existe un acuerdo tácito entre todos los partidos para sacar el proyecto. De ellos, el Polo Democrático lo respalda porque se reparará a las víctimas, pero critica que se está dejando por fuera a quienes han sido afectados por las llamadas bacrim.

Hablan los congresistas

El senador liberal Juan Fernando Cristo, quien actúa como el coordinador ponente, recordó que el texto se aprobará incluyendo a víctimas de la violencia desde el primero de enero de 1985 hasta la fecha, pero explicó que no se beneficiarán aquellas personas afectadas por el accionar delincuencial de esas bandas criminales, que son reconocidas por el Gobierno como grupos corrientes de delincuencia.

Ahí se distancia el Polo Democrático. El presentante a la Cámara, Iván Cepeda, asegura que “el ataque fanático del ex presidente Uribe contra la definición del conflicto armado, pretende, por un lado, dejar por fuera a los agentes del Estado que han cometido crímenes de lesa humanidad, y por otro, negar la responsabilidad de las nuevas generaciones del paramilitarismo con las víctimas”.

Cepeda estima que se equivocan las mayorías (la Mesa de Unidad Nacional) al decir que el reconocimiento del conflicto armado no puede ser a costa del desconocimiento de las víctimas del nuevo paramilitarismo, pues se quiere dejar por fuera a todas las personas que vienen sufriendo la violencia de las nuevas estructuras paramilitares, las bacrim.

Pero en concepto del senador Cristo, no se puede asegurar al país que hay algunas víctimas que están quedando por fuera de este beneficio: “No habrá discriminación. Aquí ponemos a las víctimas en la misma posición, sean de los grupos de guerrilla, paramilitares o del mismo Estado (falsos positivos), como infortunadamente sucede. Ese es un estándar internacional que hay que respetar”.

El senador del Partido de la U Roy Barreras, otro de los ponentes, asegura que en la última votación se incluirán modificaciones, una de ellas en el capítulo de restitución de tierras: “Proponemos que si una persona no acude a las vías del derecho, sino que violentamente se apodera de las tierras, pierda los beneficios. Y, segundo, (cambiará que) cuando se iniciaba el trámite sobre una supuesta tierra despojada, antes del fallo no se le notificaba al afectado, de manera que no podía defenderse. Eso violaba la seguridad jurídica de los tenedores de buena fe”.

Barreras advirtió que en la plenaria se presentarán esas modificaciones y aseguró que no habrá una feria de cambios al texto, porque eso podría poner en riesgo la aprobación del mismo.

Así va el proyecto de ley

Título: El nuevo nombre es: “Ley de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”. Hasta su paso por la Comisión I se denominaba “Ley de atención a víctimas de las violaciones a los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario”.

Extensión: Al debate en la plenaria del Senado el proyecto llega con 207 artículos, nueve más de con los que fue aprobado en la comisión de esa cámara.

Mujeres: La ley llevará un capítulo con normas especiales para el acceso de la mujer a los procesos de restitución de tierras. En él se menciona que “las mujeres víctimas de despojo o abandono forzado, gozarán de especial protección del Estado en los trámites administrativos y judiciales relacionados en esta ley”.

Se dispone que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (que se crea con la ley) dé esa atención especial para garantizar el acceso de las mujeres a los procedimientos contemplados para la devolución de esos predios.

También se prevé que las mujeres víctimas de la violencia tendrán prioridad en cuanto a la seguridad social, crédito, seguridad, educación, capacitación y recreación, subsidio familiar y cedulación.

Niños: En el texto hay un capítulo especial para la atención y protección integral de los niños, en el que se precisa que los menores víctimas del conflicto gozarán de todos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, con el carácter de preferente y adicionalmente tendrán derecho, entre otros, a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Capacitación: En la norma legislativa se dispone que las víctimas se podrán capacitar a través del Sena; se les atenderá en plan sicosocial y de salud integral. Determina que estos gastos serán asumidos por el Ministerio de Protección Social, con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga.

Difusión: Para las denominadas “acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido”, la ley dice que habrá de darse reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor. Para ello se harán publicaciones, actos conmemorativos, difusión pública y completa del relato de las víctimas sobre el hecho que las victimizó, siempre que “no provoque más daños innecesarios ni genere peligros de seguridad”.

Desaparecidos: La ley compromete recursos para “la búsqueda de los desaparecidos y para colaborar con la identificación de cadáveres y su inhumación posterior, según las tradiciones familiares y comunitarias”.

Conmemoración: Se establece el 10 de diciembre de cada año como el Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas. Se realizarán por parte del Estado Colombiano eventos de reconocimiento a su condición.

Verdad: Otro artículo de la ley dispone medidas para que los autores de violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario extraditados “revelen los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones y en caso de fallecimiento o desaparición, la suerte que corrió la víctima”.

En ese mismo sentido, garantiza que los bienes de los extraditados sean entregados o incautados con destino al fondo de reparación para las víctimas.

Sanciones: La futura ley consigna las sanciones que se impondrán a quienes se inscriban fraudulentamente a los beneficios de la ley. En tal sentido se dice que “se revocarán las medidas de indemnización otorgadas a dichas personas, se ordenará el reintegro de los recursos que se hubieren reconocido y entregado por este concepto y se compulsarán copias a la autoridad competente para la investigación a que haya lugar”.

Esas personas podrán incurrir en penas de cinco a ocho años de cárcel.

Seguimiento: Se obliga a que el Presidente de la República presente un informe anual sobre los avances en la ejecución y cumplimiento de la ley.

Así mismo, se pide conformar una comisión de seguimiento integrada por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la Nación y tres representantes de la sociedad civil, que rendirá un informe al Congreso de la República dentro del mes siguiente del inicio de legislatura de cada año.

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