Desde que el periodista Daniel Coronel denunció, a través de su columna de opinión en la revista Semana que el Ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, tenía una compañía fundada por él, que pertenece a su esposa e hijos, y que al parecer recibe millones en contratos con el Estado, se inició la polémica contra el jefe de la cartera.
De hecho, la Procuraduría General de la Nación ya inició una investigación preliminar contra Peñaloza por los contratos de la firma PYG, propiedad de su familia, con el Estado colombiano.
Ante esa situación, el director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Eduardo Sarmiento, considera que mantener al ministro en el cargo le hace daño al país y al mismo tiempo se estaría desconociendo el daño que ha significado la falta de transparencia en el sector de infraestructura.
Sarmiento considera que “en cierta manera se ha despilfarrado los recursos de la infraestructura por los incumplimientos, la corrupción, el doble juego de los contratistas y obviamente eso no lo puede corregir una persona que enfrenta un poco de incongruencias señaladas”.
“Creo que una persona responsable, que supuestamente tiene compromiso público, lo mejor que puede hacer es dar un paso al lado, él no tiene autoridad para cambiar los factores que han llevado al fracaso de la construcción y la infraestructura nacional”, afirma el experto.
En ese mismo sentido, el politólogo Alejo Vargas afirma que Peñaloza “es una persona que está muy cuestionada, independiente de si es verdad o no, eso lo decidirá la justicia, pero él debe retirarse para dejar en libertad las investigaciones y que se defienda como un ciudadano del común”.
Así mismo, Vargas señala que “mantener en su cargo a Peñaloza tiene un costo político muy alto para el presidente y su Gobierno, porque es una persona que está muy cuestionada”.
En ese sentido, el experto en comunicación política de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana, Juan Carlos Gómez Giraldo, explica que mientras se adelantan las investigaciones contra Peñaloza “el presidente se la va a jugar a mantenerlo en el cargo porque no quiere someterse a un nuevo escándalo. Sería un mal mensaje hacer un nombramiento muy reciente y a los dos o tres meses tenerlo que sacar”.
No obstante, Gómez Giraldo considera que desde el punto de vista de comunicación política “le haría menos daño a la imagen del Presidente no mantener en el cargo al Ministro y dar un mensaje de que si hay dudas es mejor corregir a tiempo las cosas”.
Para el experto en comunicación, mantener a Peñaloza “le puede causar más dificultades posteriormente al presidente Santos porque realmente el ministro está incurso en una inhabilidad o en un comportamiento no ético”.
Gómez Giraldo sostiene que la estrategia comunicativa del presidente Santos “en los diferentes momentos en los que se ha puesto a prueba, es que no existe. Los funcionarios encargados del tema comunicativo y el mismo Santos, lo que hacen es reaccionar ante los problemas y no proveerlos. O sea, no hay estrategia, eso ha minado esa popularidad inicial que tenía el mandatario”.
LAS DENUNCIAS CONTRA EL MINISTRO
El periodista Daniel Coronell sostiene que la empresa PYG maneja más de 1.700 procesos judiciales como representante de entidades públicas como el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Servicios Domiciliarios, los Seguros Sociales, Invías, Findeter, el Fondo Nacional del Ahorro y el Sena.
Dichos contratos habrían sido otorgados mientras Peñaloza se desempeñó como consejero presidencial del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de los primeros años de Juan Manuel Santos e incluso mientras ejerce como Ministro.
Aunque Peñaloza presentó su renuncia al cargo, el presidente Juan Manuel Santos no la aceptó, pese a la incomodidad que han generado los señalamientos contra el ministro.
El periódico El Espectador dedicó un editorial en el que señaló que es oportuno que se sepan “los detalles que rodean los contratos de la supuesta empresa fundada por el ministro. Destapando ese velo, las autoridades investigarán y los ciudadanos (y hasta el Gobierno) podremos estar más tranquilos. Servirá, también, como un precedente de índole político”.
