Entre los hechos más sonados en el 2011 está el magnicidio de Luis Carlos Galán, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, las alianzas de políticos con grupos paramilitares, los falsos positivos y hasta el carrusel de la contratación. Y aunque en la mayoría aún no se ha llegado a un pleno conocimiento de la verdad, la justicia ya ha proferido varias condenas.
El asesinato de Galán
Este año la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 24 años contra Alberto Santofimio Botero, por la coautoría en el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento el 18 de agosto de 1989.
Según la Corte, el excongresista tolimense era cómplice del abatido capo Pablo Escobar Gaviria y le aconsejó asesinar al entonces candidato presidencial. Tras esta condena, se ordenó la captura de Santofimio, dado el Tribunal Superior de Cundinamarca habría revocado la condena y permitido su libertad. Actualmente, Santofimio se encuentra recluido en la cárcel de La Picota de Bogotá.
Masacre de Mapiripán
La Corte confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que había condenado al general (r) del Ejército Jaime Alberto Uscátegui a 40 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de Mapiripán, Meta.
A pesar de que la Corte redujo la pena a 37 años por el vencimiento de uno de los delitos imputados, el general siguió siendo señalado como responsable del hecho.
Investigaciones de la Fiscalía revelaron que los asesinados en dicha masacre fueron menos de 49 personas como se dijo en un principio. Se supo que algunos de los reseñados como víctimas mortales de la masacre murieron posteriormente por hechos diferentes y otros aún están con vida.
DAS al servicio de los ‘paras’
El exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Noguera fue hallado culpable por la Corte de mediar en el homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, quien luego de ser encarcelado injustamente por rebelión fue asesinado por paramilitares.
Según la Corte, Noguera utilizó información confidencial del DAS de forma ilegal para entregársela a las autodefensas y facilitar varios de los crímenes cometidos por este grupo. Por esta razón, Noguera fue condenado a 25 años de cárcel y los cumple en La Picota.
Desaparecidos del palacio de justicia
El general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, quien fungía como comandante de la Brigada 13 durante la retoma del Palacio de Justicia, fue condenado a 35 años de cárcel por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas que salieron vivas del edificio el 7 de noviembre de 1985.
Según la investigación, el oficial estuvo al mando de la operación de retoma del Palacio y fue uno de los responsables de la muerte de algunos de los desaparecidos.
Nueve años a ‘La Gata’
La empresaria del chance de Sucre, Enilce López, conocida como ‘La gata’, fue condenada por el Juzgado Penal Séptimo Especializado de Bogotá a 9 años de prisión por ser considerada responsable de promover grupos paramilitares en Sucre y Bolívar.
Estos grupos, sostiene la investigación, patrullaban sus tierras para protegerlas del accionar de la guerrilla y la delincuencia común. En la actualidad recibe el beneficio de casa por cárcel en Magangue, Bolívar.
Desmovilizados sin beneficios
En 2011 también fueron condenados varios jefes paramilitares que perdieron los beneficios de la ley de Justicia y Paz por distintas razones.
El primero de ellos fue Iván Roberto Duque o ‘Ernesto Báez de la Serna’, comandante del bloque Central Bolívar de las Auc. A pesar de haberse acogido a dicha ley, perdió los beneficios jurídicos por intervenir en las elecciones regionales de Caldas a través de sus hombres del frente ‘Cacique Pipintá’, luego de la desmovilización a la que se sometieron.
Después recibió una condena de 40 años de cárcel por el asesinato del sindicalista Jairo Antonio Chimá Paternina, cometido el 21 de diciembre de 2001 en Yondó, Antioquia.
Otro paramilitar que perdió sus beneficios fue Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quien habría ordenado el asesinato de la líder comunal de Córdoba Yolanda Izquierdo Berrio, quien intentó recuperar las tierras arrebatadas a los campesinos de ese departamento. Gómez se encuentra prófuga de la justicia. Está condenada a 40 años de cárcel.
Los falsos positivos
Uno de los más fuertes escándalos de las Fuerzas Armadas son los ‘falsos positivos’ que, en 2011, también dejaron de que hablar. Se trata de aquellos crímenes cometidos por agentes de la Fuerza Pública en los que asesinaban a civiles para hacerlos pasar como “guerrilleros caídos en combate”.
Por el caso de los jóvenes desaparecidos de Soacha, Cundinamarca, fue condenado a 54 años de cárcel el coronel Wilson Javier Castro Muñoz. En otro caso fue sentenciado el comandante del Gaula del Ejército, mayor Mauricio Ordóñez, quien deberá pagar 46 años de prisión por asesinar a sangre fría a cuatro personas que se desplazaban en un taxi, bajo el pretexto de que eran secuestradores.
Otra condena proferida se dio en contra del coronel Luis Borja quien pagará 21 años de cárcel tras confesar el asesinato de varios civiles en Sucre. Su confesión sirvió para investigar a otros militares de esa zona por supuestos operativos que habrían sido montajes.
El Congreso de los paramilitares
Desde que se descubrió la firma del ‘Pacto de Ralito’, han sido varios los parlamentarios vinculados en investigaciones por nexos con grupos paramilitares. No obstante, no ha sido este el único hecho que se ha descubierto de alianzas.
Los exsenadores Jorge de Jesús Castro Pacheco, Mario Uribe, Ciro Ramírez y Juan Carlos Martínez Sinisterra fueron condenados a 7 años de cárcel. También se dictó sentencia contra el exsenador Ramón Antonio Valencia, quien pagará 4 años; el expresidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo purgará 9 años y el exrepresentante Juan Pablo Sánchez estará 7 años en prisión.
También fueron condenados los exgobernadores José Domingo Dávila del Magdalena, y Óscar de Jesús López del Guaviare, quienes estarán 7 años en la cárcel cada uno.
Fiscalías al servicio del narcotráfico
Otro condenado por un hecho que escandalizó fue el exdirector de Fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, hermano del exministro del Interior Fabio Valencia Cossio, quien estará 15 años en prisión por haber puesto esa seccional del ente acusador al servicio de alias ‘Don Mario’.
Valencia Cossio extrajo algunos documentos confidenciales de la Fiscalía y desvió varias investigaciones para favorecer a los integrantes de esta organización criminal, a cambio de dinero y una cuatrimoto. La Corte lo condenó por los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito, falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.
Carrusel de la contratación
El escándalo del ‘Carrusel de la Contratación’ empezó a dar las primeras condenas en 2011. Entre ellas está la de Inocencio Meléndez, exjefe jurídico del IDU, quien pagará 7 años de prisión tras confesar las irregularidades en la adjudicación de los contratos para las obras públicas de la Fase III de TransMilenio en Bogotá.
Por el mismo hecho fueron condenados Miguel, Manuel y Guido Nule, quienes al confesar el delito de peculado por apropiación pagarán 7 años de cárcel. La Fiscalía aún sigue investigando por estos hechos a contratistas, políticos y funcionarios públicos de quienes el próximo año se conocerán sus condenas.
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