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Los jóvenes sí pagan por sus delitos: Ángela Robledo

Si algo dejó el debate de la Ley de Seguridad Ciudadana en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fue la polémica que se generó por el aumento de penas a menores de edad.

Según está establecido, cuando un menor de edad, entre 16 y 18 años, comete un delito, éste cumple su pena hasta llegar a los 21 años, sin importar si la pena que se le impuso demanda un periodo más largo.

Por esa razón, el Gobierno proponía que esa pena fuera extendida hasta por 10 años, es decir, que a los 27 años un menor todavía podría estar cumpliendo la pena por el delito que cometió cuando era menor de edad, sin tener en cuenta el límite de los 21 años.

Finalmente, el polémico artículo no fue votado y se acordó con el Ministerio del Interior, que se realizará una reunión con la Procuraduría, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para analizar el tema y definir si se eliminan esos artículos, o se realizan los ajustes que sean indispensables, para luego ser discutidos en la plenaria de Cámara.

No obstante, la representante del Partido Verde, Ángela Robledo, dijo que “los jóvenes y adolescentes a quienes les hemos fallado; ya sea desde la familia, la sociedad o el Estado, necesitan ser tratados responsablemente y se debe actuar frente a las necesidades y debilidades que tiene el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes”.

Robledo dijo que no es cierta la afirmación del Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, quien dijo que algunos jóvenes son delincuentes peligrosos que no pagan por sus delitos.

“Los jóvenes sí están pagando por sus delitos, las cifras que presentó la Procuraduría en la Comisión Primera demuestran que de 2007 a 2010 la Policía tiene registradas 98.000 aprehensiones, la Fiscalía 18.607 imputaciones y el Consejo Superior de la Judicatura manifiesta que 12.400 jóvenes han sido sancionados”, señaló Robledo.

La representante verde afirmó que la problemática se encuentra en que los funcionarios responsables de la ejecución de las penas “no tienen el conocimiento y los perfiles necesarios, existe desarticulación de las 17 instituciones que deben intervenir en la ejecución de los castigos y el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes necesita de un órgano rector que lo oriente, impulse y organice”.

Finalmente, Robledo señaló que “tal y como está planteada la reforma no es adecuada ni necesaria”, ya que según explicó “recientes estudios señalan que el aumento de penas no tiene correlación alguna con la disminución de los delitos, además van en contravía de las normas internacionales sobre protección de los derechos de los jóvenes”.

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