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Marco Legal para la Paz ya es reforma constitucional

Desde la noche de este martes entró en vigencia la reforma que incorpora a la Constitución Política la llamada justicia transicional, con la cual le permitirá al Gobierno Nacional tener los instrumentos de una justicia transicional para la negociación y desmovilización de grupos armados ilegales.

El llamado Marco Legal para la Paz, fue votado, en su conciliación por el Senado por 58 votos a favor y 2 en contra, mientras que en la Cámara pasó con 89 votos a favor y 8 en contra (Lea: Fue aprobado el Marco Legal para la Paz) .

Esta por ser una modificación a la Constitución no requiere de sanción presidencial, por lo que su vigencia es inmediata y pasará a un control de revisión de la Corte Constitucional.

La enmienda, según anunció el senador de la U, Juan Carlos Vélez, será denunciada por inconstitucional y por estar violando tratados internacionales que ha suscrito Colombia. El presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, manifestó que se opuso a la reforma porque tiene razones personales para no hacerlo, debido a que el fue secuestrado por las Farc, al igual que estimó que nunca habrá sinceridad en los actos de esa guerrilla.

LO QUE DICE LA NORMA

La reforma constitucional señala que el Gobierno Nacional, podrá hacer uso de esta legislación cuando considere que están dadas las condiciones adecuadas para negociar con un grupo armado ilegal, guerrilla en particular, para lo cual deberá presentar una ley estatutaria, en el que el Congreso no podrá tomarse más de cuatro años.

La reforma constitucional indica que no podrán acogerse a esta justicia transicional quienes hayan cometido actos de lesa humanidad, y sólo tendrán derechos a representatividad política quienes no hubiesen cometidos esos delitos.

ASÍ QUEDÓ EL MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66, así:

Artículo transitorio 66. Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una Ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo.

Mediante una Ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extra-judicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extra-judicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

Una Ley deberá crear una Comisión de la Verdad y definir su objeto, composición, atribuciones y funciones. El mandato de la comisión podrá incluir la formulación de recomendaciones para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, incluyendo la aplicación de los criterios de selección.

Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. Sin perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, en el marco de la justicia transicional, el Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno Nacional, podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extra-judiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena; y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. La Ley estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representatividad de los casos para determinar los criterios de selección.

En cualquier caso, el tratamiento penal especial mediante la aplicación de instrumentos constitucionales como los anteriores estará sujeto al cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados, y la desvinculación de los menores de edad reclutados ilícitamente que se encuentren en poder de los grupos armados al margen de la ley.

Parágrafo 1. En los casos de la aplicación de instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que hayan participado en las hostilidades, ésta se limitará a quienes se desmovilicen colectivamente en el marco de un acuerdo de paz o a quienes se desmovilicen de manera individual de conformidad con los procedimientos establecidos y con la autorización del Gobierno Nacional.

Parágrafo 2. En ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que no hayan sido parte en el conflicto armado interno, ni a cualquier miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo.

Artículo 2. Transitorio. Una vez el gobierno nacional presente al Congreso de la República el primer proyecto de Ley que autorice la aplicación de los instrumentos penales establecidos en el inciso 4 del artículo 1 del presente Acto Legislativo, el Congreso tendrá cuatro (4) años para proferir todas las leyes que regulen esta materia.

Artículo 3. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 67, así:

Artículo transitorio 67. Una Ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos.

Artículo 4. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.



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