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MOE alerta sobre aumento de irregularidades en proceso electoral

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La Misión de Observación Electoral, MOE, pidió al Gobierno y al sistema electoral extremar las medidas para controlar las anomalías e irregularidades en el actual proceso democrático, cuya incidencia aumentó en un 66,4%, al comparar los hechos registrados durante los últimos comicios locales y regionales (en 2007) y los ocurridos en los últimos parlamentarios (2010).

Alejandra Barrios, directora de la MOE, reveló que en la primera de esas elecciones se comprobó que hubo irregularidades o anomalías en 328 municipios del país, mientras que tres años después las localidades afectadas fueron 546. De ese total, además, en 40 sitos se comprobó riesgo extremo; en 120, riesgo alto y en 386, riesgo medio.

En el mismo lapso los hechos de violencia directa contra candidatos, electores o integrantes del sistema electoral cayeron en un 27%.

Ante esas cifras, Barrios dijo: “podemos estar ante el más grave fenómeno de criminalidad de la historia colombiana”, lo que ha consolidado una percepción negativa de los ciudadanos ante la política, pues cada vez es menos extraño escuchar distintas versiones de cómo los candidatos llevan a cabo estrategias ilegales para asegurar un resultado electoral.

Las cifras mencionadas hacen parte del informe "Hacia una política criminal electoral", que la MOE presentó durante el Encuentro de Directores y Editores de Medios Colombianos, que organiza el FNPI y se cumple en el Centro Ático de la Universidad Javeriana.

Frente al tema de seguridad el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, señaló que “este Gobierno no se ha quedado solo en la prevención (de esos ataques al proceso electoral), sino que tiene una estrategia que también incluye la reforma política, el estatuto anticorrupción y el refuerzo de la seguridad en zonas en donde operan actores armados”.

“Antes solo se trabajaba con el Plan Democracia, ahora hay una estrategia preventiva siete meses antes que incluye el cambio de registradores, controles a las bandas criminales, narcotráfico y otros actores armados ilegales y el cálculo del potencial electoral por departamento”, agregó Vargas Lleras.

El Ministro finalizó su intervención reconociendo que estas elecciones están bajo la mira por todos los riesgos detectados “los de siempre y los nuevos que plantean fenómenos como la transformación de las Bacrim”.

Debate por la contrarreforma política

Otro tema que generó debate en el encuentro fue el relacionado con el avance en el Congreso del proyecto llamado de contrarreforma política, que busca cambiar la modificación legislativa al sistema electoral aprobada en el mismo parlamento, pese a que ese texto no ha sido sancionado como ley y aún está en revisión en la Corte Constitucional.

Integrantes del auditorio, como la politóloga Claudia López; la directora de Transparencia por Colombia, Elizabeth Ungar, y la propia Alejandra Barrios alertaron sobre un artículo en la segunda reforma que permitiría a los candidatos usar para sus campañas además de los recursos propios, los que les aporten sus familiares, posibilidad que quedó prohibida en la primera reforma.

El Ministro Vargas Lleras admitió la preocupación por ese punto y se  comprometió a realizar en el Congreso el trabajo que sea necesario para blindar de manera suficiente las campañas, impidiendo la llegada de dineros ilegales a la política. “Tenemos muy claro que la principal protección a las elecciones tiene que ver con la entrada de dinero, eso hay que ajustarlo todo lo posible, incluso hasta llegar a la financiación ciento por ciento estatal”.

Sin embargo, Vargas Lleras dijo que hay temas fundamentales de la contrarreforma que el Gobierno sí acompaña: prever en el tema de género qué puede hacer un partido cuando no se inscriba la cantidad suficiente de mujeres para cumplir el mandato de la ley, que es de una representación del 30 por ciento y resolver las dudas de los partidos y los candidatos sobre la retención previa de recursos, que está generando muchos inconvenientes a la mecánica de campañas.

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