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Mujeres congresistas reclaman protección a víctimas de la violencia

 La bancada de mujeres del Congreso de la República, dejó clara su posición ante las observaciones hechas por organizaciones de mujeres, en el seguimiento a la Ley de victimas denominada, "La prevención y protección de las víctimas en el marco del proceso de reparación", con relación a la situación de las víctimas de la violencia en Colombia.

Entre las observaciones hechas por las organizaciones de mujeres a la Ley de víctimas, la 1448 de 2011, la cual pretende la protección y la adopción a las mujeres víctimas; se encuentran la falta de programas para proteger la vida e integridad de las mujeres del país, la ausencia de políticas públicas en materia de protección y atención en los casos del conflicto armado, políticas de lucha contra la impunidad, medidas para garantizar la participación política de la mujer.

Así mismo, siguieren más protección del Estado a las mujeres que se encuentran en riesgo de amenazas, al igual que la protección y atención adecuada a las mujeres y niñas víctimas del abuso sexual. Entre otras observaciones.

Solicitan el seguimiento al cumplimiento e implementación de las medidas, por parte de la Unidad de Protección, para que las organizaciones que trabajan sobre la protección de mujeres, puedan realizar un ejercicio de monitoreo de la sociedad civil.

Las Congresistas ante las observaciones hechas por organizaciones de mujeres y la Defensoría del Pueblo, sugieren alternativas que mejoren la atención y la protección a las mujeres víctimas del conflicto armado.

La senadora Gilma Jiménez (Partido Verde), caracterizada por defender el derecho a los niños y niñas del país, sostiene que en Colombia hay ausencia de una política pública para atender estos casos, "la esquizofrenia violencia del conflicto armado, involucra de manera asombrosa a los niños y niñas de todo el país, esto significa que ellos deben salir de su tierra y tener que trasladarse a otro lugar, perdiendo todo tipo de libertad".

"La violencia que más le afecta, es la que viven dentro de sus hogares; la sexual, la física, el abandono, la negligencia de sus padres, este conflicto se debe abordar desde la integridad de la familia, siempre proviene de adultos irresponsables, los niños son más violados por sus familiares y conocidos más cercanos", sostuvo.

De igual forma aseguró que:"Es monstruoso que una niña menor de catorce años se encuentre en situación de embarazo, esto es un delito contra los derechos de los niños, el Estado debe desplegar todos los instrumentos, las estrategias políticas en todos los escenarios, para castigar al ampón que le causó ese daño y ese dolor tan grande a la víctima, debe ser judicializado y penalizado como lo indica la Ley".

De la misma manera lo hizo la senadora Myriam Paredes (Partido Conservador), sostuvo que el Gobierno Nacional debe apropiar los recursos necesarios para dar cumplimiento a las leyes existentes y hacer una evaluación por medio de las diferentes entidades, para que se apliquen las normas que protegen a las víctimas.

"Toda forma de violencia debe ser condenada, lo lamentable es que a pesar de existir las normas legales, todavía los índices de maltrato con relación a este tema, siguen en aumento. Hay que hacer una revisión cuidadosa para determinar lo que está pasando. "las mujeres debemos denunciar esos delitos, para hacer valer sus derechos y exigirle al Estado el cumplimiento de esas políticas" manifestó la Congresista.

Entre tanto la senadora Daira Galvis (Cambio Radical), sostiene que debe existir una oficina especial en la fiscalía que se dedique a restablecer todas las áreas afectas de las mujeres y niñas maltratadas y violentadas sexualmente, "se requiere un tratamiento y medidas especiales de asistencia a la víctima, porque este acto tan incalificable ocasiona un impacto emocional y psíquico, que la fiscalía y ninguna norma en el código penal, puede restablecerle".

Igualmente sostuvo que no ve unos verdaderos programas contra la prostitución infantil, "por ejemplo en Cartagena se viene dando desde hace mucho tiempo el abuso sexual sin que se tengan programas adecuados para contrarrestarlos. Espero que con estas observaciones se tomen las medidas para atender mejor a las víctimas de la violencia", puntualizo la senadora.

Por su parte Pilar Rueda, delegada para la Infancia, adolescencia y familia de la Defensoría del Pueblo, expresó su preocupación por la falta de programas para la protección de las mujeres afectas por la violencia, indicando que las mujeres en el país siguen siendo víctimas de la violencia, tanto en sus casas como en el contexto del conflicto armado, "desde la defensoría estamos viendo con mucha preocupación el incremento de la violencia sexual por parte de los actores del conflicto, no hay avances en las investigaciones y castigo a los responsables de estas violaciones ".

La Defensoría propone que se aplique todo el marco normativo que protege a las mujeres, como la ley de víctimas, la 1257, el Código de la Infancia, recomendando que se deben combinar todas estas herramientas, para tener programas más efectivos y estratégicos.

Igualmente recomienda que es necesaria una revisión permanente de la implementación de estas políticas. "Es muy preocupante el incremento de las niñas y adolescentes abusadas sexualmente por parte de los actores armados, sobre todo de las que están quedando embarazadas entre 9, 10 y 11 años, se les debe garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la realización de los exámenes de transmisión sexual; estas niñas terminan con embarazos muy riesgosos que afectan su salud y ponen en riesgo su vida, o terminan siendo madres de hijos indeseados productos de la violencia", expresó la defensora del Pueblo.

"Mientras no le demos el nivel y la importancia que tiene la violencia sexual contra las mujeres, niñas y niños del país, este delito seguirá expandiéndose y va a tener un impacto muy fuerte en toda la sociedad, el cual afecta a las familias y en la sociedad incrementando la violencia, el llamado es a proteger más a las niñas y mujeres afectadas por los actores del conflicto armado", puntualizó la delegada del Ministerio público.



Organizaciones de mujeres que hicieron las observaciones:

Alianza Informativa de Mujeres por la Paz-IMP

Centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad-DEJUSTCIA.

Colectivos de Mujeres al derecho.

Comisión Colombiana de Juristas-CCJ

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo-CCAJAR

Corporación Humana.

Mesa Técnica de Infancia política de Mujeres Rurales.

Defensoría del Pueblo.

 

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