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No se incurrió en sobrecostos para las consultas internas: Registraduría

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La Registraduría Nacional del Estado Civil le aclaró a la Contraloría, , mediante carta, que incurrió en un error al asegurar que existieron sobrecostos en el gasto de las pasadas elecciones internas de los partidos políticos.

En la misiva, firmada por el registrador Carlos Ariel Sánchez, se señala que la Contraloría utilizó el censo poblacional del Dane como referente para el censo electoral, “cuando es claro que tienen objetos distintos, metodologías diferentes y bases de cálculo disímiles”.

Según lo explicó el órgano electoral, “el censo del Dane parte de un ejercicio hecho en 2005 y se ha ido realizando una proyección estadística para los años posteriores, mientras que el censo electoral, que es el único que está obligado a aplicar la Registraduría Nacional para los certámenes democráticos, se actualiza y depura permanentemente con base en lo señalado por el Código Electoral e incluye, por ejemplo, a los colombianos residentes en el exterior”.

La Registraduría recordó que “el censo electoral aplicado a las consultas fue de 12.204.728 ciudadanos habilitados para votar en 271 municipios de 23 departamentos”. Así mismo, el órgano electoral dijo que en el informe de la Contraloría “se confunde el rubro presupuestal dedicado a publicidad con el rubro presupuestal correspondiente a las comunicaciones para la transmisión de resultados electorales el día de los comicios”.

La Registraduría agregó que el informe deduce “presuntos sobrecostos a partir de la mayor o menor afluencia de votantes a las urnas, cuando es claro que en Colombia el voto es facultativo y que la Registraduría está obligada a organizar las elecciones garantizando el derecho que tienen todos los ciudadanos a concurrir a las urnas o abstenerse de hacerlo. Instalar menos urnas o imprimir menos tarjetas, previendo una bajísima votación, podría conducir a que algunos ciudadanos no puedan ejercer su derecho fundamental al sufragio”.

La misiva dirigida al órgano de control concluye diciendo: “si el informe hubiese sido elaborado y puesto en conocimiento nuestro de acuerdo con las normas vigentes, seguramente hubiésemos podido aclarar éste y otros aspectos antes de desinformar a la opinión pública sobre un tema tan sensible para la democracia”.

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