Pánico en el Concejo por amenazas

De manera inesperada el Concejo Distrital suspendió la sesión de ayer, debido a que William Pérez concejal del Partido de La U, dijo haber recibido, durante la jornada, varias llamadas intimidantes, relacionadas a un correo electrónico con amenazas enviado a varios concejales la noche del jueves.
El Universal conoció que el panfleto amenazante enviado vía email, insulta e injuria a un grupo de ocho concejales, conformado por William Pérez del Partido de La U, Saray Aguas del Partido Verde, David Múnera del Polo Democrático, Boris Anaya del Partido Liberal, Pastor Jaramillo de Cambio Radical, Cesar Pión de La U, Germán Zapata de ASI y Lewis Montero de PIN.
En el texto se les conmina a renunciar a sus cargos y le dan como fecha límite hasta el 3 de febrero o de lo contrario serán dados de baja o en su defecto deberán pagar una multa de 150 millones de pesos.
Aumentan seguridad
Tras la suspensión de la jornada, el edificio del Concejo, en la Calle del Arsenal, fue cerrado por varias horas mientras los 19 concejales recibieron la visita de altos mandos de la Policía Metropolitana de Cartagena, en tanto ciudadanos y medios de comunicación esperaban afuera.
A las 12:30 del medio día, el Brigadier General Ricardo Restrepo, ahora director de la Policía en la Costa Caribe, salió de la reunión y le dijo a los medios que la seguridad de los concejales será reforzada. Restrepo anotó que le extrañaba la identificación del grupo y señaló varias incongruencias del panfleto electrónico.
La Policía anunció que investigará de dónde salen y quién es el cerebro detrás de estas amenazas.
El alto oficial señaló que la seguridad de los concejales será reforzada.
Las autoridades señalaron que ya se empezó un proceso de estudio de riesgo a cada concejal, para hacer la solicitud respectiva ante el Ministerio del Interior, de escoltas y vehículos especiales para brindarle seguridad a estos funcionarios. El secretario del Interior del distrito Nausícrate Pérez, dijo que su despacho ayudará en esa gestión.
Hablan concejales
El presidente de la corporación Rafael Meza, aseguró que a partir del lunes 30 de enero la entrada y salida de la sede del Concejo será controlada y las personas que no hacen parte de la entidad así como los empleados serán sometidos a estrictas medidas de control. Meza hizo un llamado a la calma y pidió mesura a la ciudadanía por los hechos.
Por su parte los concejales César Pión, Germán Zapata, Wilson Toncel, coincidieron en manifestar en que la ciudad debe estar tranquila porque aún se desconocen los hechos y quiénes pueden estar detrás de esto.
“Ante todo es la seguridad ciudadana la que debe ser reforzada porque Cartagena merece respeto, así como sus funcionarios pero sobre todo la ciudad”, dijo Zapata.
“Estamos tranquilos y los debates contra la seguridad van a seguir porque no tenemos nada que temer, nuestras vida es pública y la ciudadanía nos conoce”, agregó César Pión. Otros concejales no quisieron dar declaraciones.
Incongruencias
Sin embargo, el análisis del “panfleto electrónico”, hecho por el asesor jurídico de uno de los concejales amenazados, quien no quiso revelar su nombre, va más allá.
“Debido a las incongruencias en el documento, creemos que vienen de personas muy cercanas dedicadas a la actividad política; es decir los móviles son políticos, porque todos los concejales nombrados ocuparon curules que antes estaban en manos de otras fuerzas políticas, no descartamos de que se trata de un interés de quienes no aceptan al nuevo concejo y perdieron en las urnas; además esto es serio porque se ha generado un pánico colectivo, en una ciudad cuya seguridad está en mal estado; la mente macabra que hizo esto debería pagar por ello”, dijo el asesor.
Terán se pronuncia
El alcalde, Campo Elías Terán Dix, envió un mensaje de solidaridad a los concejales amenazados.
"Ojalá y esa amenaza sea una “mamadera de gallo”, pero ya las autoridades han iniciado la investigación y esperamos tener resultados muy pronto. Los concejales están muy preocupados y tienen razón porque nadie puede estar tranquilo con este tema. Lo que si me deja duda de que sea una amenaza es que están pidiendo $150 millones, lo que nos da a entender que es una banda de extorsionista. Esperamos tener resultados en 24 horas.
El panfleto
Los autores de las amenazas serían presuntos excombatientes de los Montes de María, San Onofre, Marialabaja y Carmen de Bolívar al mando de los supuestos comandantes Miguel Villarreal Archila y Carlos Mario García.
La amenaza empieza diciendo que los hechos violentos de Cartagena no tienen que ver con quienes envían la comunicación.
“Nuestra organización sicarial no tiene nada que ver con estos desafortunados eventos , no somos ni Paisas y mucho menos Rastrojos, somos excombatientes de los Montes de María”.
Irónicamente, los autores del texto temerario concluyen diciendo “Cartagena, necesita menos corrupción y más trabajo comunal. Nota: Ustedes han visto lo fácil que es asesinar en esta ciudad, creen que se van a salvar?”.
Continúan diciendo que “pretendemos tomar el poder político, comercial y la seguridad en la ciudad de Cartagena”
“A partir de hoy y hasta las 12 del medio día del 3 de febrero del 2012 a estos personajes (los concejales señalados) o a sus familias se les considera objetivo militar y solo se le suspenderá esta condición con la renuncia a sus credenciales como concejal.
Si hacen caso omiso a esta notificación dentro de las 24 horas siguientes sus vidas estarán en manos de cualquiera de los sicarios de nuestra organización debiendo pagar una suma no inferior a 150.000.000 cada uno por su seguridad”, finaliza la setencia.
Las amenazas son firmadas por el nombre de Pedro Abelardo López Rendón, el supuesto coordinador para Cartagena de la organización delictiva.
El Universal pudo establecer que los nombres de Miguel Villarreal Archila y Carlos Mario García, corresponden a dos jefes narcoparamilitares extraditados a Estados Unidos.
El correo electrónico desde donde fue enviada la comunicación es benitovillarreal01@gmail.com, y fue enviada al alcalde de Cartagena Campo Elías Terán, a los concejales de Cartagena y la Cámara de Comercio.