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Piden a Registraduría hacer escrutinios del Voto Caribe

En desarrollo de la iniciativa para realizar en las elecciones del 14 de marzo la consulta del Voto Caribe, el Comité Regional que lo promociona considera que es la Registraduría Nacional del Estado Civil y no el Consejo Nacional Electoral, el organismo competente para autorizar y ejecutar el conteo de las papeletas de votación.

Así lo manifestaron en un comunicado, luego de que la decisión que habían puesto en cono-cimiento del Consejo Nacional Electoral, estuviera “en veremos” porque los magistrados no llega-ron a un acuerdo en sala plena.
En consecuencia, el Comité Organizador solicitó a la Registraduría autorizar y escrutar en to-dos los puestos de votación de los municipios de la Región Caribe, la papeleta que posibilita esta consulta abierta y pedagógica, cuya finalidad es obtener de los ciudadanos del Caribe colombia-no, con carácter no vinculante, un mandato para el desarrollo legal de los artículos 306 y 307 de la Constitución Política, con los cuales se le daría viabilidad a la creación de la región como enti-dad administrativa y de planeación, y como entidad territorial.

Razones
Entre las razones jurídicas que expone el Comité Regional señala el Artículo 265 de la Cons-titución, que no asigna función alguna al Consejo Nacional Electoral para decidir sobre consultas ciudadanas (formales e informales) que se pretenda realizarlas en conjunto con jornadas electora-les tradicionales.
En ese mismo sentido, citan otras resoluciones y decretos que los llevan a concluir que es la Registraduría Nacional del Estado Civil la entidad competente para decidir el conteo de los votos de la Consulta Caribe, tal como lo fija el Artículo 4 del Decreto 1010 del 2000, que establece la organización interna de esta entidad y fija sus funciones.
Este estatuto señala que es misión de la Registraduría, entre otras, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electo-ral en “cualquiera de sus modalidades”.
Estos términos permiten que consultas abiertas o pedagógicas puedan ser autorizadas por este órgano electoral para “promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular”.
Como ejemplo, citan lo sucedido en 1990 con el caso de la séptima papeleta y en 1998 con el voto por la paz, impulsado por diversas asociaciones ciudadanas.

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