Ante los indicios de trashumancia electoral o trasteo de votos, que supuestamente ocurrieron en Cartagena especialmente en la semana comprendida entre el 16 y el 22 de mayo, en la cual los ciudadanos inscribieron sus cédulas en los puestos de votación, para participar en las elecciones del 30 de octubre, la Veeduría Corporación Investigativa de la Gestión Pública solicitó la nulidad del proceso.
Entre las pruebas que presentan, dice el director de la Veeduría, David López, está el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), en el cual sostienen que “fue permanente el transporte masivo de personas a los puestos de votación, para lo cual se destinaron buses, camiones, taxis y motos” en Cartagena y otras ciudades del país.
Además, El Universal publicó algunas denuncias ciudadanas de un presunto trasteo de votos que se realizó en los puestos de votación de la Universidad Tecnológica de Manga, en Bocagrande o en el que estaba en el Liceo de Bolívar, donde aseguran que llegaron buses llenos de personas para inscribirse, procedentes de otras localidades.
La Transhumancia es la acción de inscribir la cédula, para votar en una localidad distinta a la que se reside y se constituye en un delito que contempla el Código Penal, como fraude en inscripción de cédulas.
David López explicó que hacen la solicitud de nulidad ante la Registraduría, porque esta entidad la remite ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que es quien tiene la competencia para adelantar las investigaciones y anular las inscripciones que se hayan hecho de manera irregular.
En el texto de la solicitud que entregaron en la Registraduría, la Veeduría solicita la revisión de los formularios de las inscripciones que se hicieron entre el 16 y el 22 de mayo en los puestos de votación de Manga y Bocagrande, entre otros lugares, para constatar las direcciones de residencia que aportaron los ciudadanos contrastándolas con otra base de datos o revisando donde votaron en el proceso electoral anterior.
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