La representante a la Cámara por el Partido de la U, Sandra Villadiego, solicitó a la Procuraduría y Contraloría General de la Nación, vigilancia y control especial a la segunda fase del proceso licitatorio para contratar en Bolívar la ayuda humanitaria con destino a los damnificados del invierno.
El operador escogido para el Departamento de Bolívar, la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar, inició desde el lunes pasado una licitación cerrada, para adquirir más de 100.000 mercados y 80.000 kits de aseo para los damnificados del invierno, por valor de $30.000 millones, recursos que fueron asignados por el Gobierno nacional.
En este momento ya se giró a la Caja de Compensación el 50% del valor total y la licitación se cierra hoy.
Por esto, la congresista, requiere el acompañamiento con carácter urgente, además, teniendo en cuenta el control de advertencia dado a la Gobernación de Bolívar por la Contraloría General de la Nación, por supuestos sobrecostos en la compra de las ayudas humanitarias.
“Si bien es cierto que Comfamiliar es una entidad de carácter privado, y por ende se rige bajo la normatividad privada, los dineros con los que compran los elementos para mitigar los efectos de la ola invernal son del Estado, es decir, de origen público y por eso deben dar explicaciones y ser transparentes en ese proceso”, sostiene la Congresista.
Explica Villadiego que de los $25.000 millones asignados en la primera fase, el operador, que es Comfamiliar, cobró el 5% por ciento por administrar esos recursos, lo que genera unos $1.250 millones.
Este operador continúa la congresista, como su experiencia no es el manejo de emergencias y menos de esta índole, no tiene los elementos ni equipos que debe suministrarle a los damnificados del invierno, como alimentos, kits de aseo y colchonetas, por eso debe subcontratarlos para cumplir con el instructivo de Colombia Humanitaria.
Tampoco cuenta con el transporte para distribuir esas ayudas, logística que también debe contratar con un tercero.
Por eso, Villadiego no duda en calificar ese esquema como “un modelo perverso”, por la ‘contratitis’ que debe hacer el operador, y que por cada una de esas transacciones es menos recursos que se destinan a los afectados por el invierno.
“Es una cadena de intermediarios los que manejan los recursos destinados a los afectados por la ola invernal, mientras los damnificados tienen el agua al cuello”, comenta.
Piden suspenderlo
Además de la vigilancia, la Congresista de la U, le pide al gobernador Alberto Bernal que mejor suspenda el convenio con el operador (Comfamiliar), para la contratación y entrega de la ayuda humanitaria para los damnificados del invierno.
Villadiego considera que esta Caja de Compensación Familiar no se debe “premiar si, según advertencia de la Contraloría General de la Nación, hubo sobrecostos en la compra de las ayudas de la primera fase de la ola invernal”.
“Considero que no debe ser la que ejecute el nuevo contrato, que es por $30.000 millones. No es justo que, según hallazgos de la Contraloría General de la Nación, el operador haya triplicado los precios finales de los alimentos suministrados. El atún, que puede costar al por mayor, $1.000, el costo final sea de $2.700; la libra de harina, que en el mercado se consigue a $750, lo paguen a $1800 y la panela, que cuesta $280 termine con un valor de $900. Alguien debe responder, porque lo invertido es dinero del Estado y considero que esto es un detrimento patrimonial, el cual en Bolívar supera los $6.000 millones”, explica Sandra Villadiego.
La congresista también cuestionó la posición del gobernador de Bolívar, Alberto Bernal, quien ha manifestado que los errores de la primera fase se deben a que se contrató a la carrera. “No, esto no se puede corregir con esa simple frase, estos dineros son públicos y estamos ante un tema sensible, donde la gente espera ansiosa la ayuda, para que no la reciban a tiempo, les den menos elementos, y los intermediarios se estén quedando con los dineros de los pobres”, sostiene Sandra Villadiego.
Dice el Gobernador
Al respecto, el Gobernador de Bolívar, Alberto Bernal, dijo que era respetuoso de las declaraciones de la Representante y que el Congreso es el escenario natural para debatir estas directrices del Gobierno nacional, en cabeza de Colombia Humanitaria.
Recordó también que tanto los alcaldes como los gobernadores acatan las indicaciones que vienen del Gobierno nacional, en cabeza de Colombia Humanitaria.
Bernal agregó que ya han sido notificados de la Función de Advertencia de la Contraloría y que están en la etapa de dar respuesta oportuna a este organismo de control para luego tomar las medidas que la entidad sugiera.
“En Colombia toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la legítima defensa antes de ser juzgado. Comfamiliar está en la etapa de responder a la Gobernación y a la Contraloría por esos presuntos malos manejos”, sostiene el Gobernador.
Alberto Bernal planteó ir más allá ante lo que solicita la representante Villadiego y es que ante la difícil situación que afrontan las gobernaciones en todo el país, dice que propondrá en la próxima reunión de cumbre de gobernadores con Colombia Humanitaria, que se elimine la figura de intermediación del operador y que sean las gobernaciones o las alcaldías municipales de manera directa, quienes tengan la responsabilidad de la compra y entrega de la ayuda humanitaria con el apoyo de la fuerza pública, los organismos de socorro y con el acompañamiento de los organismos de control.
“Hace algún tiempo se entregó la ayuda en su primera etapa, ya está el giro del 50% del anticipo para la segunda fase, a estas alturas entrar a buscar un nuevo operador provocaría un retraso que la emergencia no permite”, puntualiza Alberto Bernal.
La Distribución, un caos
La Representante agregó que también detectó que mientras los damnificados de los corregimientos y veredas inundados del Departamento esperaban las ayudas, estas se encontraban almacenadas en unas bodegas en las cabeceras municipales.
“La responsabilidad del operador es transportarla hasta los corregimientos y municipios afectados, eso lo incluye el contrato, pero no lo hacen, porque solo lo llevaron hasta las cabeceras y de ahí los alcaldes deben distribuirlas hasta el resto de su territorio. Si no van a prestar la atención debida a los damnificados, ¿para qué contratar un operador con esas condiciones?”, anota Villadiego.
Dice la congresista que por esta razón ha recibido innumerables quejas de los alcaldes, quienes, además de enfrentar la situación invernal que ha dejado cuantiosos daños materiales en sus regiones, deben buscar recursos para pagar bodegaje y vigilancia de las ayudas y el transporte de las mismas, cuando los dineros para cubrir esos gastos ya están incluidos en los recursos que le da al operador el Gobierno nacional.
“Comfamiliar se comprometió en devolverles los dineros que se gastaron en la primera ola invernal, y a la fecha no les ha cumplido, y ya tienen la segunda temporada encima”, dice.
Debate
Ante este panorama, la representante Sandra Villadiego citó a un debate de control político a los ministros del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras; de Transporte, Germán Cardona Gutiérrez, al director de Invias, Carlos Rosado Zúñiga, para que en sesión plenaria, cuya fecha se fijará en los próximos días, respondan todo lo relacionado con la atención a los damnificados del invierno en el Departamento, la Costa Caribe y el resto del país.
A esa sesión también están invitados la Contralora General de la Nación, Sandra Morelli; al Gerente del Fondo Nacional de Calamidades, Everardo Murillo; los gobernadores de Bolívar, Alberto Bernal; Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; Sucre, Jorge Barraza Farak; Córdoba, Marta Sáenz; y el director de Cormagdalena, Juan Gonzalo Botero.
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