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Pliego de cargos contra ex gobernador del Cesar

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el ex gobernador del Cesar Hernando Molina Araujo, por posibles irregularidades presentadas en la ejecución de un contrato de interventoría suscrito por la Gobernación de ese departamento por un valor que supera los 580 millones de pesos.

Al parecer, el Gobernador suscribió un contrato de interventoría con una unión temporal (el cual adicionó posteriormente), para efectuar el seguimiento, control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones establecidas en cuatro contratos del sector educación, de los cuales ya se habían ejecutado dos.

En consecuencia, al suscribir el contrato y su adición, habría pagado un servicio que no fue prestado por el contratista, pues dos de estos contratos ya se encontraban ejecutados y no era posible ejercer la supervisión acordada, generando un detrimento patrimonial para el departamento del Cesar por más de 435 millones de pesos.

El Ministerio Público investiga si Molina Araujo reconoció un mayor valor en la conciliación realizada en febrero de 2006, por un servicio que la Unión temporal contratada no prestó, en detrimento del patrimonio departamental del Cesar.

La decisión disciplinaria también afecta a Gonzalo Quiroz Martínez, en su condición de Secretario de Educación, quien presuntamente no habría ejercido una correcta vigilancia a la ejecución, pues debía verificar que se efectuara la interventoría a los cuatro proyectos.

Sin embargo, Quiroz Martínez sabía con certeza que dos de estos contratos ya habían sido ejecutados en su totalidad (pues fue el interventor de los mismos) y pese a ello permitió que la Unión temporal presentara informes que acreditaran una labor realizada con anterioridad por los funcionarios de la Gobernación.

La Procuraduría investiga la conducta de Ricardo Calvache, representante legal de la Unión temporal, particular que cumplía labores de interventoría en los contratos estatales, quien al parecer se habría apropiado de más 486 millones de pesos correspondientes al valor pagado por dos de las interventorías, la adición del contrato y el dinero reconocido en la audiencia de conciliación de febrero de 2006.

Finalmente se formuló pliego de cargos contra Luis Carlos Ramírez Ariza, Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos; Martha Vilma Castro Muñoz, en su calidad de Coordinadora de la Oficina de Gestión Humana; Adiela Hinojosa Rudas, en su calidad de Jefe de la Oficina de Control Interno, y José Eliécer Salazar López, Secretario de Hacienda Departamental para la época de los hechos; quienes en su condición de integrantes del comité de conciliación del departamento del Cesar, habrían aprobado y ordenado el pago mediante la conciliación con la Unión temporal de $51.143.426, por servicios no prestados por una cuantía superior a la legal.

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