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Polémica por continuidad del juez Garzón en la Misión de Apoyo de la OEA

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El anuncio hecho por presidente Juan Manuel Santos de que el Gobierno acepta la continuidad del juez español Baltasar Garzón, como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, ha despertado reacciones de diversos sectores.

Con críticas como la realizada por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien calificó la continuación de su asesoría como una "apología a la ilegalidad", se ha avivado el debate sobre la presencia del juez español en una misión que pretende hacer justicia frente a las violaciones a los derechos humanos de parte de los grupos paramilitares.

Sin embargo, hay quienes consideran que la inhabilidad recibida en España, no puede generar que no pueda asesorar a otros países u organizaciones internacionales en torno a temas en los que su recorrido profesional lo hace experto.



ENTRE LAS CRÍTICAS Y LAS REIVINDICACIONES

Mientras en España continúa el debate sobre si la condena fue impuesta en ejercicio del derecho, o si hubo influencia de sectores políticos, en América Latina lo único que se menciona es si esta sanción, también lo inhabilita o por lo menos lo descalifica para asesorar o brindar apoyo en temas jurídicos extranjeros.

En Colombia, la crítica realizada por el jefe del Ministerio Público no pasa desapercibida, si se toma en cuenta que la condena impuesta contra Garzón, fue por delitos que en Colombia se conocen bastante bien, como son las interceptaciones telefónicas ilegales.

En este sentido, el procurador Ordóñez, afirmó que “la institucionalidad no puede condenar en Colombia a ciudadanos por delitos en los cuales incurrió el juez Baltasar Garzón, y a su turno aceptarlo como interlocutor válido”.

El analista político y del conflicto armado, Alfredo Rangel, respaldó las objeciones hechas por el Procurador diciendo que “le queda muy mal al país mantener como asesor, en el tema de derechos humanos y justicia transicional al juez Baltasar Garzón”, luego de que éste fuera condenado en su país, “precisamente por habérsele comprobado, ser un violador de los derechos procesales y fundamentales”.

Para Rangel, esto puede afectar la percepción de Colombia ante la Comunidad Internacional, lo que tendría repercusiones a futuro. Agregó que “la misión de paz de la OEA cuenta con una gran cantidad de especialistas en el tema de justicia transicional, tanto en otros países como en Colombia”, quienes pueden ocupar el lugar del juez de ser considerado necesario.

Contrario a lo que opinan estos analistas, el exmagistrado de la Corte Constitucional y exsenador Carlos Gaviria Díaz recordó que lo que Baltasar Garzón hace es “prestar un servicio a la OEA, y no al gobierno colombiano en forma directa”.

En esta medida, para Gaviria no hay ningún impedimento, dado que en su concepto a Garzón lo suspendieron en ejercicio de su actividad de juez, durante once años, “pero a esa persona no se le puede condenar a que quede inactiva”. Afirmó que no hay nada de malo en que el juez brinde una asesoría, que no está a cargo del gobierno sino de un organismo internacional.

No obstante, el exmagistrado fue muy enfático en cuanto que la condena que pesa contra Garzón “es sumamente grave”, dado que “la invasión al derecho de la privacidad, es un delito muy serio”. Sin embargo, siendo víctima de las interceptaciones ilegales realizadas por el DAS, Gaviria consideró que eso no lo inhabilita para brindar asesoría en otros países.

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