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Polo demandará proyecto de sostenibilidad fiscal

El Polo Democrático Alternativo (PDA) y algunas organizaciones sociales interpondrán una acción pública de inconstitucionalidad contra el proyecto de sostenibilidad fiscal que limita los gastos del Gobierno y de otras entidades que dejan en aprietos las finanzas del Estado.

El proyecto, promulgado por el Gobierno después de la conciliación entre ambas cámaras para su aprobación, se trata de un “mecanismo para burlar los derechos fundamentales”, según el Polo. 

Por esa razón, la colectividad  junto a algunas organizaciones sociales, expidió una declaración en la que se consignó el compromiso de los asistentes de interponer una acción pública de inconstitucionalidad al principio de sostenibilidad fiscal.  Según sus promotores, la aplicación podría causar daños “irreparables a la tutela como instrumento para defender los derechos ciudadanos”. 

Durante los 8 debates en los que se discutió esta reforma en el Congreso, la bancada del Polo se opuso a la iniciativa. En la Cámara el congresista Germán Navas Talero presentó ponencia negativa asegurando que “con esta medida se pretende establecer límites a la cantidad del gasto público, renunciando a otras alternativas existentes y menos gravosas pro del crecimiento económico”. 

El senador Luis Carlos Avellaneda afirmó que “lo que se pretende es sustituir el carácter humanista de nuestra Constitución para transformarla en una carta centrada en la economía, de manera que se impondría un estrecho límite a las autoridades judiciales a la hora de fallar en garantía de los derechos fundamentales”. 

Según el Gobierno, la sostenibilidad fiscal es un instrumento que permite garantizar el Estado Social de Derecho, el manejo responsable de las finanzas públicas y reducir la pobreza y la desigualdad.

De esa forma será el Estado el responsable de hacer cumplir la sostenibilidad fiscal e intervendrá para garantizar que se le dé buen manejo a los recursos y asegurar que todas las personas tengan acceso a los bienes y servicios básicos. 

Al respecto, Avellaneda aseguró que “sería el poder Ejecutivo el que tendría el poder sobre el manejo del gasto público, y por ende, sobre la garantía de los derechos de los colombianos”.

Según el documento de la reforma, ésta reconoce las limitaciones presupuestales que enfrenta el Estado y busca equilibrar su capacidad de gasto con dichas restricciones.

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