Presidente canceló agenda pública para estudiar posibilidades de conmoción interior

Dos decisiones trascendentales para la justicia nacional tomó el lunes en la noche el Gobierno nacional para impedir que los procesados por la ley de Justicia y Paz incumplan con sus obligaciones de verdad, justicia y reparación, y delincuentes peligrosos reciban por parte de los jueces beneficios de casa por cárcel o libertad condicional. En la reunión que duró algo más de cinco horas en la Casa de Nariño, trascendió que con el fin de brindar garantías a las víctimas de la violencia, los delincuentes solicitados en extradición por los Estados Unidos no serán enviados en tiempo menor a un año y su futuro será analizado por el Ejecutivo si el procesado colabora con la justicia. Los beneficios están consignados en el decreto 2288 del 25 de junio de 2010 que expresa como condición que el investigado decida desmovilizarse y "contribuir decisivamente a la reconciliación nacional, en los términos de la ley 975 de 2005 (ley de justicia y paz)". Así mismo, que existan víctimas que reclamen justicia y que el capturado o investigado esté incluido dentro del programa de Justicia y Paz. En caso que el requerido en extradición no contribuya "en forma efectiva con el esclarecimiento de la verdad", el Gobierno tendrá la potestad que extraditarlo cuando lo considere necesario. El argumento del Gobierno para extraditar será que el sujeto "incumpla las obligaciones y compromisos derivados de la pena alternativa o haya incurrido en la comisión de conductas penales con posterioridad a su desmovilización". La metida fue tomada ante los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia que negó extradiciones como la de alias ‘El Alemán’ para alcanzar los intentos de verdad, justicia y reparación. ¿CONMOCIÓN INTERIOR? Otra de las decisiones tomadas por el Gobierno fue cancelar la agenda pública el Presidente Álvaro Uribe para este martes en Cartagena y convocar de urgencia al Consejo de Política Criminal integrado por congresistas y especialistas en el ámbito judicial, para estudiar las posibilidades de una declaratoria de conmoción interior. Las cartas sobre la mesa serán la declaratoria o fomentar la figura de jueces nacionales con el fin de evitar que supuestos jefes narcotraficantes o integrantes de grupos al margen de la ley, queden en libertad o reciban beneficios de casa por cárcel, como sucedió en el caso de alias ‘Pantera’. El pasado jueves el presidente Uribe anunció que miraría la posibilidad con el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, de proponer una norma que cree la figura de jueces nacionales de garantías. El Primer Mandatario aprovechó el anuncio para reiterar su llamado a la justicia en el sentido de que "haya un mejoramiento (en su labor) y se ponga a la altura de las Fuerzas Armadas". El presidente Uribe comentó que los militares "me manifiestan que tienen resultados, pero que el fiscal a veces nos ayuda y en otras no", para hacer referencia a la poca efectividad que en algunos casos se presenta en el juzgamiento de personas capturadas por las Fuerzas Militares. Uribe aprovechó el momento para recordar el caso de un juez de control de garantías del municipio de Caucasia (bajo Cauca en Antioquia), que dejó en libertad a Óscar Gálviz, alias ‘Pantera’, después de que fue capturado en flagrancia por las autoridades militares.