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Procesos a políticos: más el ruido que los investigados

Desacreditar al contrincante suele ser una práctica común en época de elecciones. El proceso electoral de este año no ha sido la excepción.

De campaña a campaña son constantes las acusaciones sobre mal desempeño de candidatos cuando en el pasado han ocupado cargos públicos, poniendo en tela de juicio su nombre y su capacidad para asumir el cargo al que aspiran.

Decir a los electores que un candidato está siendo investigado por algún organismo de control es tejer un manto de duda sobre el aspirante y poner a dudar a sus seguidores al ir a las urnas, con el agravante de que al ciudadano del común le queda casi imposible verificar si esta acusación es o no cierta.

¿HAY PROCESOS VIGENTES?

EL COLOMBIANO se dio a la tarea de indagar en los organismos de control disciplinario (Contraloría y Procuraduría) sobre la veracidad de las acusaciones a candidatos a la Alcaldía o a la Gobernación que antes ocuparon cargos públicos: Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín; Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia; Carlos Mario Estrada, exgerente de Edatel; Álvaro Vásquez, exgerente del Idea; Luis Pérez Gutiérrez, exalcalde y Federico Gutiérrez, exconcejal de Medellín.

A ambas entidades se les consultó por escrito sobre investigaciones vigentes a la fecha y cada una de ellas entregó, también por escrito, su reporte.

La Contraloría General de la República indicó que “luego de realizadas las correspondientes consultas en la base de datos del Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal no se encontró ningún registro de vinculación a procesos en trámite de los hoy candidatos”.

En cuanto a la competencia de la Procuraduría General de la Nación, este órgano indicó mediante oficio que, luego de revisar en su Sistema de Información Misional, no se encontró ninguna investigación sobre Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez ni Carlos Mario Estrada.

El organismo de control también señaló que sobre Aníbal Gaviria no cursa investigación disciplinaria. “La Procuraduría profirió decisión inhibitoria frente a presuntas irregularidades de carácter presupuestal relacionadas con contratación puestas en conocimiento en un informe del Departamento Nacional de Planeación”.

Sobre Álvaro Vásquez, señaló que “adelanta un proceso disciplinario que se encuentra en etapa de investigación por hechos ocurridos para la época en que se desempeñó como gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia”.

UN PROCESO NO SE LE NIEGA...

Según el consultor y analista político Andrés Mejía Vergnaud, acusar al contrincante de tener investigaciones cuando es falso, es, sin duda, una práctica agresiva e indebida de las campañas políticas.

“Es importante que los electores sepan que una investigación disciplinaria, fiscal e incluso penal, no necesariamente significa que el funcionario investigado o acusado haya cometido las conductas de las que lo acusan y que el ciudadano entienda, además, que es una práctica muy común en el sistema político colombiano, que a prácticamente cualquier funcionario de cualquier nivel se le abran investigaciones, de modo que no es nada raro que su candidato tenga investigaciones abiertas”.

Mejía advierte que otra práctica común en Colombia “es atacar o amenazar contrincantes mediante el inicio o impulso de investigaciones sin fundamento”.

Juan Carlos Arenas, del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, coincide: “en general casi todo el que cumple funciones públicas termina investigado o con algún proceso en alguno de los organismos de control, pero los resultados no son iguales y dependen de la reputación del investigado. Hay gente con muy buena reputación que ha tenido que lidiar con investigaciones muy duras, porque siempre hay una manera de control y de competencia entre los políticos de montarse demandas”. 

CAMPAÑAS DEBEN TENER LÍMITES

Andrés Mejía Vergnaud, consultor y analista político, considera que es hora de reglamentar el quehacer de las campañas políticas.

“Yo creo que estamos en mora de tener una reglamentación sobre prácticas indebidas en campañas políticas y que se castigue duramente la denuncia temeraria en materia fiscal y disciplinaria como se castiga en materia penal.

Porque, además de afectar a los candidatos inocentes, está disuadiendo a las personas jóvenes, profesionales y brillantes a acercarse a la política, que piensan que para qué hacerlo si luego corren el riesgo de resultar con investigaciones sin fundamento”.

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