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Procurador, satisfecho con gestión de 2010

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, expresó su satisfacción debido a los resultados que arrojó el ministerio público durante el 2010, en especial a los referentes a las investigaciones que se adelantan en el caso de Agro Ingreso Seguro, el “carrusel de las contrataciones” y de las interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y ONG

“La gestión del año pasado fue bastante satisfactoria. El país debe estar tranquilo porque existe un órgano de control que cumple con sus deberes constitucionales, aunque desde luego, existen falencias que deberán ser corregidas en el transcurso de los próximos meses, en lo que queda de mi periodo”, afirmó el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, durante la rendición de cuentas del año 2010 que tuvo lugar en Bogotá.

LESA HUMANIDAD

Entre las actuaciones que se destacaron, se encuentran la declaratoria de crimen de lesa humanidad en el caso del asesinato de Carlos Pizarro y de Bernardo Jaramillo Ossa. Al igual que se destacó la exclusión del proceso de Justicia y paz de Iván Roberto Duque Gaviria, alias “El Alemán”.

Asimismo exaltó la condena en contra del general (r) Luis Alfonso Plazas Vega, sentenciado a 30 años de cárcel por la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985; al igual que la condena en contra de Samuel Enrique Viñas, acusado por el asesinato de su esposa, la empresaria Clarena Acosta Gómez, ocurrido el 01 de enero de 2010 en Barranquilla.

CONTRA EXCONGRESISTAS

De otra parte, el informe resaltó las solicitudes hechas por el ministerio público para que se adelantaran investigaciones en contra de excongresistas vinculados con los grupos alzados en armas, las cuales son conocidas como el “escándalo de la parapolítica y la Farcpolítica”.

Entre los procesos que se destacan se encuentra el que se adelanta en contra de la exsenadora Piedad Córdoba, por sus presuntos nexos con las Farc; el exsenador Juan Carlos Sinisterra, señalado por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares en el Norte del Valle y José Domingo Dávila Armenta, exgobernador del Magdalena, investigado por sus presuntos nexos con narcotraficantes.

Respecto a las intervenciones en asuntos administrativos, el ministerio público se refirió a la demanda de pérdida de investidura del ahora exsenador Alirio Villamizar, señalado por su responsabilidad en los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

DERECHOS HUMANOS

En cuanto a su gestión en materia de defensa de los Derechos Humanos señaló que gracias al seguimiento adelantado por el ministerio público a la política de Desarme y Reintegración se logró determinar la presencia de las bandas criminales o Bacrim, las cuales se han dedicado al narcotráfico y el reclutamiento forzado, entre otros delitos, en aquellas zonas en donde falta una mayor representación del Estado.

A su vez, expresó su preocupación frente a las condiciones de inseguridad jurídica en la que se encuentran los postulados privados de la libertad, al igual que por las precarias condiciones de seguridad física, el hacinamiento en el que se encuentran sometidos, las situaciones infrahumanas a las que son expuestos durante sus traslados y la falta de programas integrales para garantizar la resocialización de los detenidos.

En esa materia, el ente de control realizó las respectivas recomendaciones a los diferentes actores involucrados y se comprometió a hacer el debido seguimiento durante este 2011 para lograr la aplicación de los respectivos correctivos.

En materia de infancia, familia y género, la procuraduría se comprometió a continuar en la lucha para erradicar el trabajo infantil, la violencia intrafamiliar y el maltrato a la mujer, debido a lo anterior, seguirá haciéndole seguimiento a las regiones en las que se registran los más altos índices en la ocurrencia de cada una de estas problemáticas, con el propósito de exigirle a los gobernadores y alcaldes la aplicación efectiva de las políticas para terminar con estos flagelos.

 

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